La seguidilla de secuestros y la crítica situación por la que pasa desde hace 38 días una de las víctimas (Pablo Belluscio, a quien le mutilaron dos falanges del dedo índice de la mano derecha) llevaron al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, a afirmar que la situación de la inseguridad “es gravísima” y a intentar separar la paja del trigo: hay policías malos y policías buenos, esbozó en su mensaje, en el velorio del primer policía fallecido durante la investigación de un secuestro. En su racconto, el ministro mencionó un dato que hasta ahora había pasado inadvertido: en el secuestro de Mirta Fernández, hija de un capitalista de juego de San Miguel, intervino uno de los malos, un sargento retirado de la Federal ya detenido. No es la primera vez que un uniformado participa de un secuestro. Casos sobran, comprobados o sospechados. Pero el de la secuestrada Fernández y el sargento retirado es el primero en que un uniformado participa en la amputación de un dedo para acelerar el pago del rescate.
A Mirta Fernández la secuestraron el 21 de agosto pasado en Don Torcuato, partido de Tigre, cuando se dirigía hacia su casa en una camioneta Toyota 4x4. El golpe fue realizado al más puro estilo de los profesionales: intervinieron tres vehículos. Uno se le cruzó por delante, otro por detrás para evitar que escapara y el tercero actuaba de apoyo.
Los secuestradores eran ocho, estaban armados con fusiles FAL y obligaron a la mujer a subir a uno de sus vehículos. En la huida, casualmente, fueron vistos por un policía con el que se tirotearon, pero que no alcanzó a frustrar el golpe.
El verdadero interés de la banda estaba concentrado en el vínculo familiar de la mujer: es hija de un acaudalado capitalista de juego de la zona de San Miguel. Por ese motivo, según los investigadores, el secuestro fue planeado con un profundo trabajo de inteligencia. La mujer permaneció en cautiverio durante 27 días. El primer contacto con la familia recién tuvo lugar tres días más tarde. Exigieron un millón de pesos. Poco después, la exigencia bajó a 800 mil. A los ocho días, para presionar y acelerar el pago del rescate, los delincuentes amenazaron con matar a la mujer, o mutilarla.
Pero el pago se concretó tras un mensaje macabro enviado a la familia alrededor del 12 de septiembre: en un llamado dijeron que entregarían una prueba de vida. Guiaron al padre hasta una esquina, en la zona norte, donde debía levantar una bolsa de plástico negro. Dentro había un videocasete y una falange del dedo meñique de su hija. En la filmación, los padres vieron el rostro de su hija mientras los delincuentes le cortaban el dedo con un cuchillo. Aterrados, el lunes 15, la familia decidió pagar entre 400 mil y 600 mil pesos, que arrojó envueltos en una bolsa, desde la ventanilla de un tren también en zona norte.
Pasadas las 23 del día siguiente, la mujer llamó a su familia para avisar que había sido liberada. La abandonaron en un descampado de Vicente López, a tres cuadras de la General Paz. La novedad del caso la dio el propio ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Beliz. Ayer, durante el sepelio del oficial inspector de la Federal Rubén Pennella, en la Chacarita, Beliz consideró como “gravísima la situación de la inseguridad en el país”. También dijo que en Capital se habían producido 8 secuestros y que todos estaban resueltos, pero que la parte más grave recaía sobre la provincia de Buenos Aires. Y sostuvo que, “si uno analiza la composición de algunas de estas bandas de secuestradores, comprueba situaciones en las que hay miembros uniformados del otro lado”. Se refería a un sargento retirado de la Federal, recientemente detenido, y que se transformó en el primer uniformado involucrado en una mutilación para cobrar un rescate (el de Mirta Fernández).
Entretanto, la incertidumbre sigue envolviendo a la familia de Pablo Belluscio, secuestrado hace 38 días y a quien amputaron dos falanges de un dedo. Su padre, Gustavo, había salido el lunes con una carta pública en todos los medios. La banda se comunicó para indicar su disgusto y, a partir de ese momento, la familia se decidió por el silencio, tras una reunión con Beliz, el jefe de Análisis Delictivo, Carlos Sablich, y el de la Superintendencia de Investigaciones, Jorge Palacios.