En su último mes de actividad, la Legislatura porteña, en su actual composición, se propone aprobar la demorada ley de comunas, un instrumento que apunta a aumentar la descentralización en la ciudad. Un acuerdo entre la oficialista Fuerza Porteña, sus antiguos socios radicales más el ARI, los diputados que responden a Patricia Bullrich y unos pocos peronistas logró reunir 33 de los 40 votos que necesita el proyecto para convertirse en ley. “Nunca hubo tanto consenso sobre el tema de las comunas”, comentó a Página/12 un diputado ibarrista. El proyecto propone la creación de dieciséis comunas sobre la base de la actual geografía de los centros de gestión y participación, que serán conducidos por una junta de gobierno integrada por siete miembros. Si el proyecto es aprobado, las primeras autoridades comunales serán elegidas en la próxima renovación legislativa, en 2005. Un grupo de entidades vecinales y asambleas barriales convocó para mañana a una movilización hasta la Legislatura para oponerse a la sanción y anunciaron que presentarán un recurso ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad.
De acuerdo con la Constitución porteña, la ley debió estar sancionada en octubre de 2001, y las primeras autoridades comunales tendrían que haberse elegido en los comicios de este año. Pero la falta de acuerdos y, sobre todo, de voluntad política, demoraron el tratamiento de la ley. El tema aparece ahora, en el final del mandato de los 60 actuales legisladores, a partir de una iniciativa del interbloque oficialista.
El proyecto, de 27 artículos, podría tener hoy despacho de mayoría de la Comisión de Descentralización, que preside Sandra Dosch, con lo que estaría en condiciones de ser tratado este mes. Para su aprobación, la ley no requiere la realización de audiencias públicas previas, pero sí exige el voto afirmativo de los dos tercios del cuerpo, es decir, 40 diputados.
“Si la ley no se aprueba, la sociedad va a tener que reclamarles a los siete diputados del PJ y del macrismo que no dieron sus votos”, dice a Página/12 Roy Cortina, del Bloque Socialista, uno de los fogoneros del acuerdo. Para el diputado, el escenario que plantea la Legislatura con su nueva composición, después del 10 de diciembre, hará más difícil la aprobación: el macrismo tendrá la primera minoría, con 23 bancas, contra 21 del ibarrismo.
El proyecto define las comunas como las “unidades de gestión política y administrativa descentralizadas”, que se dedicarán a la atención de asuntos de interés de los barrios. Serán dieciséis y sus límites territoriales coincidirán con los de los actuales CGP. Estarán conducidas por una junta de gobierno, un organismo colegiado de siete miembros elegidos por el voto directo de los ciudadanos. Su mandato será de cuatro años y su remuneración no podrá ser superior al 40 por ciento de los haberes de un diputado, que hoy rondan los 4500 pesos. El presidente de la junta podrá cobrar el 60 por ciento. Su función será controlar la ejecución del presupuesto dentro de la comuna, presentar proyectos ante la Legislatura y coordinar el proceso de presupuesto participativo, entre otras tareas.
El inminente tratamiento legislativo del tema generó la oposición de organizaciones vecinales que venían participando de una mesa de consenso convocada por el secretario de Descentralización, Ariel Schifrin. Las entidades sostienen que el tema debe ser tratado después del 10 de diciembre “y no por una Legislatura que nunca se interesó por el tema”, sintetizó Gustavo Vera, de la Asamblea de Parque Avellaneda. Las entidades argumentan que se requiere un mayor debate del tema entre los vecinos. Además, temen que el tratamiento del tema sea parte de “una negociación con otros bloques que incluya la aprobación de paquetes de proyectos”.
Marcelo Vensentini, del Frente Grande, replica: “El tema viene siendo debatido desde hace cinco años, en la Legislatura, en los CGP y condistintas organizaciones. Si ahora existe la voluntad de sacar la ley, ¿por qué vamos a esperar a la próxima Legislatura?”. El propio Schifrin, que no está de acuerdo con algunos de los puntos del proyecto, cree que “es una irresponsabilidad oponerse”. “Es una ley de mínima –agrega Vensentini– que podrá ser mejorada por la próxima Legislatura.”
Unas cuarenta entidades vecinales, en tanto, convocaron para mañana a las 18 a una movilización hasta la Legislatura, con cacerolazo incluido.