Hasta el 14 de octubre, tres días por semana, se lleva adelante el juicio por la masacre de Quilmes, contra diez bonaerenses de la comisaría 1ª de ese partido, por las torturas y muerte de cuatro chicos de entre 15 y 17 años que se encontraban detenidos ilegalmente en una celda que se incendió el 20 de octubre de 2004. Las pruebas recolectadas indican que los chicos eran apaleados como método cotidiano, pero que esa noche fueron apaleados sobre carne viva cuando les permitieron salir del infierno. En la celda eran diez, todos menores de 18 e ilegalmente encerrados. Cuatro de ellos, Elías González (15), Diego Maldonado (16) y Manuel Figueroa y Miguel Aranda (17), no sobrevivieron. En esa curiosa voltereta producto de la selectividad judicial en la aplicación de derechos, los polis llegan al juicio en libertad, y tres de ellos en funciones. Ayer se cumplió el tercer día de audiencias, ante el Tribunal Oral 3 de Quilmes, integrado por los jueces Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato.

Para el juicio, que se desarrolla lunes, miércoles y jueves hasta el 14 de octubre, se aguarda la presencia de 70 testigos.

La noche del 20 de octubre de 2004 se desató un incendio en una celda de la 1ª, en la que se encontraban detenidos diez pibes de entre 15 y 17 años. La detención de menores de 18 estaba prohibida y la propia Corte provincial había ordenado al gobierno de Felipe Solá que los alojara en institutos especializados. Algunos habían sido detenidos a la salida del partido que jugaba esa noche el club Quilmes. Durante la investigación, la fiscalía logró averiguar que los bomberos fueron llamados unos 20 minutos después de que el incendio había estallado y cuando ya lo habían apagado.

La primera audiencia estuvo dedicada a la presentación del fiscal Claudio Pelayo que clasificó la participación policial en dos acusaciones: en el primero se revisará la requisa de las 19, anterior al incendio, en la que constan golpes de puño y palazos. En el segundo, la participación policial en la evacuación del incendio, durante la que los adolescentes, heridos, quemados y con desprendimientos de piel fueron sometidos a otra golpiza a palazos. Gustavo Altamirano, Jorge Gómez, Franco Góngora, Elizabeth Grosso, Basilio Vujovich, Fernando Pedreira, Humberto Avila, Juan Guzmán y Hugo D’Elía están acusados de apremios ilegales; a su vez, Pedreira, D’Elía, Guzmán y Avila enfrentan la acusación por tortura; y Soria, ex comisario de la 1ª, estrago culposo seguido de muerte.

El abogado querellante Ricardo Riu sostuvo que las torturas constituyen una práctica cotidiana a la que eran sometidos los adolescentes.

Entre el miércoles y ayer pasaron ante el tribunal los padres de Elías, Pelagio Giménez y Miriam Campos; e Isabel Figueroa, madre de Manuel. También el padre de otro de los chicos detenidos y liberado después del incendio. El hombre sostuvo que su hijo le dijo que también le habían pegado, y cuando preguntó a un oficial el motivo, éste no le respondió.

Otro adolescente que estaba detenido dijo que le habían pegado y señaló a Pedreira y recordó que lo había hecho con un palo. Dijo también que había visto pegar a los pibes que eran retirados quemados de la celda.

Otro joven declaró que esa noche fue obligado a ponerse de rodillas y que le pegaron palazos, sin que hubiera dado motivos. Los policías “estaban enojados”, declaró. Y confirmó que “sacaban a los empujones a los chicos y había muchos gritos”, y que escuchó cómo rogaban “estamos quemados, no nos peguen”.

Otro joven que continúa preso fue acompañado por un guardia penitenciario que lo intimidaba acercándose cada vez que tenía que declarar. No se animó a hablar y dijo que tenía miedo a la policía.

Por otro lado, peritos médicos confirmaron que los cuerpos de los cuatro adolescentes fallecidos tenían marcas de golpes recibidos compatibles con palazos y que probablemente habían sido dados después del incendio.

La muerte de los cuatro chicos de la comisaría 1ª de Quilmes fue el motivo para que el entonces ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, ordenara el traslado de todos los menores de 18 a lugares apropiados. Según los datos de aquel momento, en las comisarías bonaerenses se había extendido la cantidad de adolescentes detenidos a 300. El marco de aquel momento no era el mejor: el día del incendio Diputados de la Nación sancionaba con amplia mayoría una reforma Blumberg, que impedía las salidas progresivas de la cárcel a los condenados por delitos graves.