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El obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Juan Carlos Ares, cuestionó hace unos días el cierre enrarecido de la campaña electoral y pidió para contrarrestarlo que “tengamos un corazón misericordioso”. En la misma semana, el obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, en un debate organizado por la Universidad Católica Argentina, abogó para que la misericordia aparezca como una dimensión de primera magnitud después de que pasen las elecciones, cuando la sociedad “debe exigir a las fuerzas políticas que avancen con la agenda de la reconciliación y la verdad completa” que para entonces ya no serán tabú.

El debate en la Universidad Católica reunió al representante del Episcopado con la senadora Norma Morandini, cuyos hermanos (Néstor y Cristina), que militaban en la JUP y en la organización Montoneros, fueron desaparecidos durante la última dictadura, y con Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP en julio de 1974 durante la toma de la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba, de la que era por entonces subdirector, y presuntamente asesinado por sus captores poco más de un año después, en un hecho que nunca fue aclarado por la Justicia. Encuentros de similar formato vienen siendo propuestos por universidades privadas como Di Tella y San Andrés, y otros espacios como la Fundación Hannah Arendt, dirigida por Elisa Carrió, quien aprovechó este año uno de esos eventos para afirmar que impulsará la revisión de las “causas írritas” en materia de lesa humanidad.

Forma parte del programa políticocultural que se venía insinuando desde ciertos sectores de la derecha: el de “trabajar por la reconciliación y el diálogo entre víctimas y victimarios”. El diario La Nación había anticipado hace unos meses que los encuentros entre organismos que reúnen a víctimas del terrorismo de Estado –a los que no identificaba– y familiares de víctimas de diferentes “grupos guerrilleros” ya habían comenzado bajo el paraguas del PRO, y según resalta ahora, también son de interés de la Iglesia Católica.

El reclamo por verdad, que históricamente estuvo asociado a conocer qué sucedió con los detenidos-desaparecidos y asesinados, y con los nietos apropiados, se reformula bajo otro anhelo: el de “acceder a la verdad histórica, sin relatos sesgados, con pluralidad de voces”, poniendo a debatir en igualdad –y asimilación– de condiciones a todos los actores. El modelo elegido sería El diálogo entre Graciela Fernández Meijide y Héctor Ricardo Leis.

Esta nueva agenda de verdad es funcional a ciertos usos que se han planteado, tanto en el ámbito académico como político y jurídico, del denominado “modelo de verdad sudafricano” como moralmente superior al “modelo de justicia argentino”. Se afirma que la opción por los juicios estaría obturando la posibilidad de obtener verdad respecto de lo sucedido, a diferencia de lo ocurrido en Sudáfrica, donde el sacrificio de la Justicia (en realidad impuesto por una norma constitucional de amnistía) habría servido al objetivo mayor de obtener verdad completa y reconciliación. Más allá de las diferencias sustanciales entre ambos modelos y los balances no necesariamente transferibles, además controversiales y en curso, sobre sus resultados; dos opciones parecen derivarse de esta agenda estratégica: el replanteo del proceso actual de justicia según el esquema de canje de verdad por justicia (reducción de penas a cambio de información) tal como sugirió luego de la muerte del dictador Jorge Rafael Videla, el dirigente y candidato presidencial de UNA José Manuel de la Sota; y/o la apertura de un debate respecto de la reconstrucción de nuestra comunidad política asumiendo la reconciliación como objetivo.

Los mismos cuestionamientos que desde diferentes sectores se hicieron en los últimos años al movimiento de derechos humanos por haber consentido supuestamente la partidización de una causa que era patrimonio del conjunto de la sociedad, se pretenden transferir como reproche a los juicios actuales, en un intento de restarles su amplia legitimidad social y convertirlos en la gesta vengativa de un grupo ideologizado de militantes. Desde esta perspectiva es que se rescata el Juicio a las Juntas como punto de pureza del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, separado intencionadamente del curso presente, o se valoriza de modo sesgado el proceso transicional sudafricano, con el objetivo de señalar que los juicios actualmente en curso constituyen un plus innecesario, parcial e incluso dañino, impuesto en desmedro a la verdad.

En el encuentro desarrollado la semana pasada en la UCA, monseñor Casaretto distinguió los componentes del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina como términos de una ecuación que no termina de funcionar puesto que “cuanto más justicia aplicamos, parece que menos verdad recuperamos y cuanto más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser con la justicia aplicada”. Bajo esta formulación, la verdad ya no aparece como agenda político-cultural complementaria al proceso de justicia (como el ejercicio inevitable de memorias paralelas, siempre en tensión), sino como su indispensable y perentorio reemplazo. La misericordia, según se desprende de sus dichos, tendría patas cortas: “Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia que va en contraposición con la verdad”.

Sus planteos no se ajustan a la realidad. Por un lado, cuando se afirma que los juicios que se están desarrollando no maximizan las vías para acceder a nueva información, se tiene en mente la confesión de los victimarios. Justamente, si éste fuera el objetivo, lo que la experiencia de estos más de 30 años nos indica es que el pacto de silencio de los responsables de delitos de lesa humanidad se ha mantenido inalterable (salvo muy escasas excepciones) aun en los tiempos en que los perpetradores gozaron de impunidad absoluta. Por otra parte, lejos de la perspectiva excluyente que pretende instalarse, el caso argentino pone en evidencia que verdad y justicia son valores que se han complementado: la Conadep y los llamados “juicios por la verdad” son un ejemplo elocuente de ello, pero también los aportes a la verdad de los propios procesos penales, como la reconstrucción de los vuelos de la muerte y sus responsables, tanto en el juicio de la ESMA como en el de Campo de Mayo, para tomar sólo un ejemplo paradigmático, entre muchos. Sin duda, en la relación siempre compleja entre memoria e historia, los juicios no agotan las posibilidades de debate y elaboración sobre el pasado existentes, pero están siendo un valioso soporte, y no un obstáculo, en esta línea.

* Licenciada en Filosofía por la UBA. Doctoranda en Derechos Humanos de la UNLA.