Tras el pago de un segundo rescate y luego de más de dos meses de cautiverio, Leopoldo Leónides Andrada fue liberado ayer, a las 5.15 de la madrugada, en Boulogne. Como a Pablo Belluscio y Mirta Fernández, y antes a Federico Strajman, a Andrada le amputaron un dedo para presionar a la familia. El caso de Andrada tuvo menor repercusión que los anteriores, se mantuvo casi en secreto y sólo tuvo despliegue en la opinión pública el viernes pasado, cuando la esposa del secuestrado, Gladys Albarracín, hizo un desesperado pedido a través de los medios. Es el tercer caso en que se apela a los medios de comunicación. El silencio previo, posiblemente, tenga su origen en el parentesco de Andrada: según la policía, el recién liberado es padre de un presunto narcotraficante de la Zona Norte. Ese dato orientó las investigaciones hacia una posible guerra entre bandas de narcos. También, por la amputación del dedo, se sospecha que pueden haber participado algunos integrantes de la banda que secuestró a Belluscio y a Fernández.
Andrada, de 50 años, fue secuestrado en Boulogne hace más de 60 días. Pero las primeras informaciones públicas llegaron atadas a casos mucho más mediáticos, como el de Mirta Fernández, hija de un capitalista de juego de San Miguel, y del estudiante de biología Pablo Belluscio. Después del secuestro, los delincuentes se comunicaron con la familia más de una decena de veces.
Según fuentes policiales, Andrada es padre de un conocido narcotraficante de la Zona Norte. Ese dato abrió la hipótesis de una vendetta o una guerra entre bandas.
No trascendió la suma reclamada, pero fuentes de la investigación aseguraron que se realizaron dos pagos. El primero, de una suma imprecisa que habría rondado los 400 mil pesos, y el segundo, de 115 mil, efectuado en la localidad de San Andrés de Giles, en el noroeste del conurbano, sobre la ruta 7.
El viernes pasado, dos días después de la liberación de Pablo Belluscio, la esposa de Andrada, Gladys Albarracín, dio una entrevista a un canal televisivo. Allí, la mujer hizo un llamado desesperado. “Sepan que nosotros queremos pagar”, dijo en ese momento Albarracín, dirigiéndose a los secuestradores. “Hemos pagado una vez y ahora nos pidieron que pagáramos de vuelta –dijo la mujer–. Estamos dispuestos a pagar, pero necesitamos que reciban el dinero y me devuelvan a mi marido.” Señaló que su situación económica no es “elevada”, pero “pudimos conseguir el dinero gracias a la ayuda de mucha gente”.
Del mismo modo que a Pablo Belluscio y a Mirta Fernández, a Andrada lo mutilaron para presionar a la familia: le amputaron el dedo meñique de la mano derecha. La coincidencia en el método abrió la hipótesis de que la misma banda o algunos de sus integrantes podrían haber participado en los tres secuestros.
“Ahora, todos los secuestros se los achacan a la misma banda”, dijo una fuente judicial a este diario, poniendo en duda la hipótesis que vincula los tres hechos. Al menos en dos casos, los de Fernández y Belluscio, la vinculación está probada a partir de las declaraciones del sargento primero de la Federal Juan Carlos Gómez, detenido por el secuestro de Mirta Fernández (con quien intentaba mantener una vinculación posterior a su liberación, en un extraño caso de síndrome de Estocolmo invertido). Gómez señaló que quienes amputaron el dedo de Fernández eran los mismos que habían secuestrado a Belluscio. A partir de sus declaraciones, el caso Belluscio comenzó a tener algunos visos de resolución.
El pedido público por Andrada se transformó en el tercer caso en que los familiares de una víctima de secuestro se dirigen a los delincuentes con un mensaje público. El anterior fue el de Pablo Belluscio, cuyo padre apeló dos veces a ese método. En el primero envió un mail a los medios implorando a los secuestradores que liberaran a su hijo, y en el segundo, ya liberado Pablo, envió una extensa carta criticando severamente al ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Alvarez, y al jefe de la Brigada Antisecuestros Angel Casafús. Antes, los familiares de Roberto Sánchez, hijo de un distribuidor de galletitas, se habían dirigido desesperadamente a los medios para sostener que la familia carecía de dinero para pagar el rescate, y que debía tratarse de un error. En los tres casos de ruegos públicos, las víctimas fueron liberadas poco después.
Respecto del caso de Andrada, se da otra paradoja. Toda la información sobre su liberación fue proporcionada por el director general de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad, Angel Casafús. Este diario informó el sábado pasado que el jefe policial es investigado por enriquecimiento ilícito. La Justicia ya comprobó que es dueño de una distribuidora de café con una flotilla de camionetas, y se investiga la propiedad de tres yates por valor de medio millón de pesos.