Ya son tres los comisarios bonaerenses con pedido de detención por presunto enriquecimiento ilícito. Ayer fue el turno del ex titular de la comisaría tercera del barrio platense de Los Hornos Omar Daniel Carreiras, quien había declarado como “terreno baldío” una fracción de diez hectáreas que tiene en la localidad de Poblet, en las afueras de la ciudad de La Plata. En el lugar, el comisario Carreiras tiene una vivienda con pileta y hasta algunas vaquitas que, en su caso, no serían ajenas. También se comprobó que tiene una camioneta 4x4 marca Toyota y otro vehículo igual que es de su esposa, una subcomisaria de apellido Carreño que suele ir con el vehículo a cumplir funciones de seguridad en la fiscalía platense a cargo de Víctor Violini. El fiscal tiene la custodia en alerta porque recibió dos amenazas en el curso de la investigación que lleva adelante y que involucra a una veintena de altos jefes policiales de la provincia. Es mucho más que un dato curioso que la esposa de uno de los investigados sea responsable de seguridad del investigador amenazado.
Violini sumó ayer al comisario Carreiras a una lista que ya estaba integrada por los comisarios Antonio Miguel Mercado y Basilio Alberto Barchuk, cuyas detenciones fueron solicitadas el viernes pasado, aunque todos los pedidos quedaron en suspenso dado que no se sabe quién será el juez que continuará con la causa. El fiscal Violini consideró que Carreiras es prima facie autor penalmente responsable de los delitos de “ocultamiento malicioso” por no haber declarado oportunamente algunos de sus bienes y de “enriquecimiento ilícito” porque su patrimonio se incrementó en forma injustificada en al menos 41.631 pesos.
En la solicitud de detención de Carreiras, el fiscal dijo que el comisario “falseó maliciosamente” algunos datos que deberían haber sido incorporados en las declaraciones juradas firmadas sucesivamente en marzo de 1998, en mayo de 2000 y en abril de 2001. Allí fue donde asentó como “terreno baldío” el predio adquirido en la localidad de Poblet. Tampoco mencionó otro valor que debía ser registrado y que era “un bien ganancial” compartido con su esposa, la subcomisaria Carreño, en alusión a una de las camionetas Toyota. En un posterior descargo administrativo, Carreiras reconoció esas omisiones.
Lo que interpreta Violini es que Carreiras, quien en 1977 ingresó como cadete de la Escuela Juan Vucetich, “ha incrementado en forma apreciable su patrimonio” en el período que va desde el 11 de marzo de 1998 al 29 de junio de 2003 y no pudo “justificar debidamente la procedencia de ese apreciable incremento” ante el requerimiento efectuado el 15 de agosto pasado. El fiscal estimó en 41.631 pesos el incremento patrimonial sospechoso, aunque la suma no incluye “los gastos ordinarios necesarios” que el imputado “debe afrontar tanto para el mantenimiento de sus bienes, como de las cargas impositivas y del normal desarrollo social y subsistencia”, según aclaró la fiscalía.
El patrimonio reunido por el matrimonio Carreiras-Carreño no se condice con los ingresos de ambos, según la investigación. El sueldo de un comisario de la Bonaerense ronda en la actualidad entre los 2000 y los 2300 pesos, mientras que un subcomisario percibe entre 1700 y 2000 pesos.
El fiscal concluyó en su petición que “el ilícito está configurado por la conducta del funcionario (se refiere a Carreiras) que conduce el enriquecimiento patrimonial apreciable”. El fiscal pidió, por lo expuesto, la detención del comisario Carreiras por los delitos de “ocultamiento malicioso y enriquecimiento ilícito de funcionario público”.
Respecto de la presencia de la subcomisario Carreño, esposa de Carreiras, como custodia del fiscal Violini, el tema es inquietante.
Algunos voceros cercanos a la investigación de las amenazas, a cargo del fiscal Alejandro Villordo, indicaron en su momento que la redacción de las dos cartas amenazantes denotarían “un perfil femenino” atribuible a una persona que se mueve “muy cerca de la fiscalía”. Aunque no existe un solo elemento que relacione a Carreño con el hecho, es de esperar una medida tendiente a disipar las especulaciones.
Los tres pedidos de detención realizados hasta ahora por el fiscal Violini están en suspenso. Esto se debe a que el juez original de la causa, César Melazo, se excusó de entender en la investigación por la controversia que mantiene con el gobernador de la provincia, Felipe Solá. El mandatario dijo públicamente que “lamentaba” que Melazo se encargara de la causa y recordó un proceso anterior en el cual el magistrado anuló el allanamiento a un desarmadero de autos, justo en plena campaña oficial contra el robo y el desguace de vehículos.
Melazo alegó “violencia moral” y se excusó de seguir en la causa, que pasó a manos del juez de Garantías Néstor De Aspro, que ayer rechazó la postura de su colega. De Aspro consideró que las manifestaciones de Solá “no pueden invocarse como causal de apartamiento habida cuenta de que el mismo (por el gobernador) no resulta parte en estas actuaciones”.
Según De Aspro “de compartirse el criterio del juez excusante, el mismo dejaría de intervenir en todo proceso en el que la provincia tuviera interés, lo cual es inaceptable”. Ante esta situación, la Cámara Penal de La Plata deberá ahora determinar quién sigue con la causa. Mientras esto ocurre, De Aspro podría disponer las detenciones, aun en el caso en que después la causa fuera girada a Melazo, pero existen dudas respecto de que tome una decisión de ese tipo. Esto significa que no habría detenciones, al menos hasta la próxima semana.