Mié 19.11.2003

SOCIEDAD

Moyano acató la tregua oficial en la guerra de la basura bonaerense

El gobierno de Felipe Solá decretó la conciliación obligatoria en el conflicto que tenía a toda la provincia sin recolección de residuos y en el que había intervenido hasta Néstor Kirchner.

Poco antes de las 10 de la noche, los recolectores de basura levantaron el paro que mantenían desde la madrugada del martes en todo el territorio bonaerense y a partir del lunes en los municipios de San Isidro, Vicente López, San Fernando y Tigre, en protesta por la decisión de las cuatro intendencias de municipalizar el barrido de las calles. La medida de fuerza fue levantada por el Sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano al acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la tarde por la Subsecretaría de Trabajo bonaerense. Ahora, las partes enfrentadas tienen 15 días hábiles –con la posibilidad de extender las negociaciones cinco más– para llegar a un acuerdo, en un conflicto en el que terció hasta el presidente Néstor Kirchner, que el lunes por la noche recibió a Moyano y –según fuentes sindicales– se comprometió a interceder ante el gobernador Felipe Solá.
Moyano acordó acatar la conciliación obligatoria durante una larga reunión que comenzó alrededor de las 5 de tarde y se extendió hasta casi las 10 de la noche en la Federación de Sindicatos de Camioneros, en el barrio porteño de Constitución. Estuvieron allí el ministro de Obras Públicas de la provincia, Raúl Rivara, y directivos de Cliba (Benito Roggio) y Transportes Olivos, las dos empresas en conflicto con los cuatro municipios de la zona norte. “Las empresas dicen que al hacerse remunerativos los 200 pesos de aumento decretados por el Gobierno y al sumarse ahora otros 50 pesos más, no pueden seguir sin un aumento”, explicó Rivara a Página/12. “En la reunión se barajaron otras alternativas para destrabar el conflicto: la posibilidad de que el gobierno provincial replantee la tasa de Ingresos Brutos que pagan las empresas (en el caso de Cliba es de 3,5 por ciento porque no está dentro del plan de buen cumplimiento como Transportes Olivos que tributa 1,5 por ciento) o reclamar al gobierno nacional una reducción del IVA del 21 al 15,5 por ciento”, señaló el funcionario.
Por la mañana, Moyano y los cuatro intendentes de la zona norte cruzaron acusaciones a través de las radios y se mostraron inflexibles en sus posiciones. Cada sector defendió sus argumentos. O mejor dicho, Moyano defendió a las empresas y la privatización del servicio que prestan los barrenderos y los jefes comunales su municipalización para achicar costos. Sin embargo, el ministro Rivara reveló que al mediodía, en una reunión que mantuvieron en La Plata con funcionarios de su cartera, los secretarios de Obras Públicas de las cuatro intendencias se mostraron dispuestos a dar marcha atrás con la municipalización del servicio si las empresas revén su decisión de incrementar las tarifas.
Los intendentes alegan que ya sufrieron un aumento del 40 por ciento en mayo en la tarifas de las empresas y exigen otra suba del 17 por ciento para los próximos meses. “Si sigue el aumento, hicimos el cálculo que en febrero o marzo cada barrendero le va a costar al municipio 2300 pesos”, justificó Gustavo Posse, de San Isidro. Moyano fundamentó el paro en la defensa de los puestos de trabajo de los barrenderos: el dirigente gremial no cree que vayan a ser absorbidos por los municipios sino reemplazados por empleados con planes Jefas y Jefes de Hogar. “Esto es el comienzo de una escalada de despidos masivos que va a haber en la provincia de Buenos Aires; lo han dicho Bahía Blanca, Pergamino, Almirante Brown y Lomas de Zamora. O sea, en todos los municipios van a hacer lo mismo y van a quedar alrededor de cuatro, cinco mil trabajadores sin trabajo que van a ser reemplazados por Jefas y Jefes de Hogar.” En el fondo, la pelea es por unos 1200 afiliados que pasarían al gremio municipal –en las cuatro intendencias de la zona norte– y al mismo tiempo sufrirían una reducción de sueldo. Hoy los barrenderos privados ganan entre 900 y 1200 pesos.
Ayer el paro se extendió a toda la provincia y dejó su huella por los distintos municipios, donde se fueron acumulando bolsas de basura. El panorama se complicó con la lluvia y se corrió riesgos de desbordes de alcantarillas por la acumulación de residuos. Después de las agresiones que sufrieron algunos de los camiones que pusieron el lunes los cuatromunicipios de la zona norte para hacer la recolección, ayer decidieron pedir custodia policial, y en San Isidro, por ejemplo, los vehículos hicieron los recorridos escoltados por patrulleros. A la huelga de los recolectores se sumó otra dispuesta llamativamente al mismo tiempo por trabajadores del Ceamse que impidieron volcar los residuos en los rellenos sanitarios a los camiones que llevaban basura tanto de Capital Federal como de la provincia.

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