La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que amplía los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual –y también de trata–, cuando las víctimas sean menores de edad. La iniciativa establece que la prescripción empezará a correr a partir del momento en que se realice la denuncia. Además, incorpora la inhabilitación perpetua para ocupar empleo o cargo público a “quienes valiéndose de un cargo perpetraran” ese tipos de hechos.

“Es un avance muy importante porque muchos sobrevivientes de abuso sexual recién podemos poner en palabras lo que sufrimos en nuestra infancia cuando ya somos como en mi caso, treinta años después”, destacó en diálogo con Página/12 Julieta Añazco, quien hace dos años, cuando rondaba los 40, denunció al cura católico Héctor Ricardo Giménez, por haberla manoseado a principios de los 80, en campamentos de verano que organizaba la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de la localidad bonaerense de City Bell. Aquellos episodios dolorosos de su infancia los había anulado en su memoria. Hasta que un día Añazco los recordó, cuando pasó frente a esa iglesia. Desde entonces, emprendió una lucha comprometida para que el religioso, a quien encontró dando misa en la capilla de un hospital público, fuera juzgado. Del caso informó a fin de año al papa Francisco, y al mismo tiempo reclamó al Arzobispado de La Plata explicaciones sobre la protección que le brindaron al sacerdote, después de que otras víctimas, niñas y niños, también lo denunciaran por hechos similares, entre dos y tres décadas atrás. Añazco espera que el Senado convierta en ley el proyecto, antes de que finalicen las sesiones ordinarias de este año.

Lo mismo esperan familiares de sobrevivientes de ASI (abuso sexual infantil), que acamparon frente al Congreso durante la sesión de Diputados del miércoles pasado, a la espera del tratamiento del proyecto. La iniciativa tenía media sanción del Senado. “Nuestro lema es ‘el abuso sexual mata’”, contó a este diario Ivana Rosales, cuyos hijos fueron abusados por su papá y ex esposo –quien incluso intentó matarla a ella–. Rosales es de Neuquén. Sus heridas por aquella violencia machista no son visibles pero sí enormes: la mayor de sus hijas Mayka, se suicidió en 2012, a los 17 años. Rosales participó de la vigilia junto a otras madres y padres de niñas y niños abusados, de distintas provincias, como Rosa Castro, de la ONG Mamá en Línea que lucha contra el grooming, Diego Hernández –cuyo hijo de tres años y con síndrome de Down fue abusado por un kinesiólogo que lo atendía–, Verónica Arreche, Andrea Desmoures y Miriam García, entre otras.

La aprobación en Diputados llegó en la madrugada del jueves, pero con modificaciones. En un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, diputadas y diputados de un amplio arco político consensuaron incorporarle algunos cambios. La iniciativa original, promovida por la senadora entrerriana Sigrid Kunath, del FpV, proponía la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual, en el caso de que las víctimas fueran menores de edad. “Queremos ayudar a las víctimas para que estos delitos no queden impunes pero creemos que la imprescriptibilidad podía rayar la inconstitucionalidad, de acuerdo a nuestro marco legal. Pero el hecho de que empiece a correr a partir de que la víctima realiza la denuncia, permite resguardarla para que tenga tiempo de llevar el caso a la Justicia”, explicó a este diario la diputada Diana Conti, del FpV, firmante del dictamen de mayoría. En el proyecto reformulado se incluyó también el delito de trata de personas. “Venimos a dar un salto de calidad para ver si la Justicia patriarcal que tenemos se conmueve y se comporta como corresponde”, agregó Conti, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales. La titular de Legislación Penal, Patricia Bullrich, del PRO, sostuvo que “el objetivo de esta ley es que la Justicia se adapte al tiempo de las víctimas” ya que éstas “muchas veces no están en condiciones de realizar la denuncia”. El proyecto modifica la denominada Ley Piazza, sancionada en 2011, por la cual el plazo de prescripción del abuso sexual se computaba a partir de que la víctima cumpliera la mayoría de edad.