Se cumple hoy el segundo aniversario de la tragedia de Barracas con más certezas negativas que positivas en la investigación judicial. La Fiscalía de Instrucción N°37 no tiene imputados en la causa. El expediente que se sigue por el incendio donde diez servidores públicos perdieron la vida es casi una foto fija. La habilitación del gobierno porteño para que funcionara la empresa Iron Mountain sigue sin aparecer. El abogado de nueve de las familias de las víctimas admite que recibieron indemnizaciones bajísimas pagadas por la multinacional estadounidense. La compañía en cuyo depósito se produjo el siniestro el 5 de febrero de 2014 sigue recibiendo millonarias exenciones de impuestos por parte del gobierno porteño. En la Legislatura, un diputado presentó un proyecto para solicitar “al Ejecutivo que brinde su más amplio apoyo y colaboración” para que se esclarezca el hecho en que murieron ocho bomberos y dos trabajadores de Defensa Civil. Sin embargo, hasta ahora solo se constató una cosa: que el fuego se inició de manera intencional.

La secuencia del hecho comenzó con el derrumbe de una pared que aplastó a los diez servidores públicos a las 9.04 de la mañana de aquel 5 de febrero. Casi un mes tardó en extinguirse el incendio. Un año demoró el peritaje que confirmó cómo empezó todo. Dos años pasaron sin imputados en la causa judicial. Tres años más (hasta 2019) continuará Iron Mountain eximida con el 100 por ciento del pago de Ingresos Brutos en la ciudad. Tampoco pagará el ABL hasta 2029. Según los datos que se conocen, las exenciones totales entre 2009 y 2012 ascendieron a 4.842.030,23 pesos.

Por el presunto delito de lavado de dinero hay otra causa vigente en la que investiga el fiscal Claudio Navas Rial. Bancos como el HSBC, BNP Paribas, Patagonia, JP Morgan Chase, Credit Suisse y Banco General de Negocios perdieron miles de cajas con documentación en el incendio. En 2014, la Procelac denunció un posible hecho de corrupción internacional de la constructora Sideco Americana, del Grupo Macri, que también guardaba cajas en Iron Mountain. La compañía aportó información sobre una caja que tenía el código “KN100010183” y estaba rotulada bajo la leyenda “Perú (Coima Gral. Egesur Electr.)”.

El camino hacia el esclarecimiento de la tragedia parece demasiado lejano y difícil de recorrer. Ya lo había dicho Sandra Baricola, la hermana de Pedro, el joven muerto que pertenecía a Defensa Civil: “Hay un encubrimiento del gobierno de la ciudad para que no se esclarezca este hecho y tapar pruebas”. La mujer también perdió a su madre por el disgusto que le provocó el fallecimiento de su hijo menor.

El diputado porteño del Frente para la Victoria Gabriel Fuks –uno de los legisladores que siguió más de cerca las causas y efectos del incendio– sostiene que “el jefe de Gobierno de la ciudad debería poner a disposición de la Justicia todos los elementos con que cuenta sobre el caso Iron Mountain, ya que el desmadre inspectivo, comprobado en las respuestas a los pedidos de informe de la Legislatura, puede haber sido perfectamente observado por la mano criminal como campo fértil para su acción”. El 14 de enero pasado, Fucks presentó un proyecto de declaración en el que le pide al Poder Ejecutivo que active “las acciones administrativas y judiciales que permitan identificar responsabilidades y esclarecer las causas que ocasionaron tan luctuoso suceso”.

Miguel Arce Aggeo, el abogado de nueve de las diez familias de las víctimas, le dijo a Página/12 que “con el cambio de fiscal –ahora la investigación está a cargo de Romina Monteleone– la causa mejoró. Antes, con Marcela Sánchez, iba un poco lenta”. Anticipó que pedirá la declaración indagatoria del responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el militar retirado Juan José Gómez Centurión, y de otros funcionarios de ese organismo. Los responsabiliza por no haber tomado medidas contra la empresa propietaria del depósito incendiado de la calle Azara 1245. Iron Mountain, según el letrado, pagó “indemnizaciones civiles por 80 mil, 100 mil pesos. Eran muy bajas”, las definió. A la pregunta de este diario sobre si ese cobro hacía caer la acción civil de los familiares, dijo: “Tengo mis dudas porque también hay una responsabilidad compartida con el Gobierno de la Ciudad”.

En 2015, Rolando Monticelli, padre de Juan Matías, uno de los bomberos de Policía Federal que murió en el siniestro, denunció al mayor (R) por una amenaza que partió desde una cuenta de Facebook atribuida al director de la AGC. En ella le escribieron: “Me voy a encargar de vos, te aconsejo que no te ganes un enemigo peligroso”.

Gómez Centurión es el mismo funcionario que no supo o no pudo explicar en la Legislatura cómo se extravió el expediente con el trámite de habilitación para que funcionara el depósito de Iron Mountain en Barracas. En un informe del 6 de marzo del año pasado, varios diputados porteños dieron a conocer datos aportados por diferentes áreas del gobierno que entonces conducía Mauricio Macri. “Sugestivo extravío de un expediente crítico”, escribieron. El militar siempre descargó la responsabilidad de la habilitación en los Bomberos de la Policía Federal. Gustavo Benzi, comisario mayor de ese cuerpo, lo desmintió en un extenso informe en la TV Pública: “El funcionario tiene falta de conocimiento”, dijo y apuntaló su definición con una evaluación técnica: “Iron Mountain tenía una carga de fuego muy elevada depositada en altura”.

Esa carga es la que tomó fuego a las 7.55 de la mañana y poco más de una hora después, a las 9.04, provocó la caída del paredón de 45 centímetros de espesor sobre la calle Gaspar de Jovellanos que aplastó a los bomberos. Las medidas preventivas de la empresa no fueron suficientes. En el peritaje se leía un año después que “surge como única hipótesis de inicio del fenómeno una maniobra tendiente a provocarlo”. También que la reserva de agua del depósito tenía 45 mil litros en lugar de los 145 mil requeridos.

Los legisladores Oliveto Lago, Villalba, Bauab, Form, Fucks, Huici, Lipovetzky, Nosiglia y Pokoik, basados en información suministrada por el gobierno porteño, realizaron una cronología de las distintas acciones de registro, control y fiscalización del depósito a marzo del año pasado. En ella señalaron que no se labraron actas de infracción a la empresa, que no se aprobaron los planos de evacuación y simulacro presentados ocho veces por la multinacional entre abril de 2009 y mayo de 2013 y concluyeron que aquellos procedimientos no fueron “claros, confiables, eficaces y efectivos en materia de control”.

Una buena parte de esta responsabilidad se atribuye a la Agencia Gubernamental de Control. Curiosamente, Gómez Centurión es coautor de un manual de manejo de crisis para los funcionarios del gobierno porteño. Crisis como las generadas por derrumbes, incendios y todo tipo de delitos como sobornos y sabotajes. Incluso, permite saber qué hacer con expedientes comprometedores ante una situación límite. ¿Será este el caso de la habilitación del depósito de Iron Mountain concedida el 2 de noviembre de 2007, unos días antes de que asumiera el gobierno porteño el actual presidente de la Nación? En la AGC deberían tener la respuesta.

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