A 20 años de la muerte de Marcela Iglesias, la niña de 6 años que falleció aplastada por una escultura montada en el Paseo de la Infanta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es “la única esperanza” de que se haga justicia para sus padres, que en estos años vieron confirmada la prescripción de la causa. En su momento, las pericias pertinentes demostraron que la estatua no estaba en condiciones de ser exhibida en un espacio público. Caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas”, la causa tuvo seis procesados y más de un centenar de apelaciones, razón por la que las acciones legales de la querella se vieron postergadas una y otra vez. “Nadie se explica cómo teniendo a todos los responsables identificados nunca se llegó al debate oral, y cómo la jueza les permitió (a los acusados) que presentaran 117 recusaciones y apelaciones para demorar todo”, denunció Nora Ribaudo, madre de la niña fallecida. Mañana habrá un acto para recordar a la pequeña.

En 1996, la galería de arte Der Brücke instaló esculturas sobre los arcos del puente del Ferrocarril San Martín, en el barrio porteño de Palermo. La muestra no tenía autorización de la entonces municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. A la hora de la siesta del 5 de febrero, Marcela aguardaba junto a dos compañeritas de la colonia de vacaciones para subir a un pelotero instalado en el Paseo de la Infanta. En esas circunstancias, una escultura de dos metros y medio de alto y 250 kilos de peso se desprendió de su base, lo que provocó la muerte instantánea de Marcela y lesiones a las otras dos nenas. Luego de ocurrida la tragedia, personal de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de la comuna derribó todas las esculturas de la muestra.

“Veinte años no es ‘nada’ si lo vemos desde el punto de vista de la Justicia, que no la hubo y no hizo nada por la muerte de nuestra hija. Pero es ‘mucho’ si pensamos en esta lucha que llevamos día tras día, año tras año”, dijo Nora Ribaudo, madre de quien era única hija del matrimonio que conforma con Eduardo Iglesias. La también integrante de la Asociación Madres del Dolor denunció que el reclamo de justicia “no es escuchado” a nivel nacional, “ya que la Corte cerró el caso”, y tampoco a nivel internacional, dado que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se expide ni lo eleva a la Corte Interamericana”.

La causa por “homicidio culposo y lesiones culposas” llegó a tener seis procesados: el escultor Danilo Danzinger; la dueña de la galería que tenía esta obra en exhibición, Diana Lowerstein; y los funcionarios municipales Héctor Torea, Antonio Mazzitelli, Juan Carlos Fabale y Marco Pasinato. Las pericias demostraron que la estatua estaba en evidente estado de oxidación y corrosión, ya que su base estaba soldada en forma precaria en sólo uno de sus cuatro extremos.

“Nadie se explica cómo teniendo a todos los responsables identificados nunca se llegó al debate oral, y cómo la jueza les permitió que presentaran 117 recusaciones y apelaciones para demorar todo”, denunció Ribaudo. La causa prescribió en 2005, en virtud de una ley sancionada ese mismo año (la 25.990) que modificó el Código Penal y achicó los plazos de prescripción. En 2008, los padres de la niña presentaron una demanda contra el Estado argentino en la CIDH, y apelaron ante la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que luego confirmaron el fallo de primera instancia. “Tenemos derecho a que haya un juicio, a saber quiénes fueron los responsables”, afirmó Ribaudo.

Por su parte, el abogado Daniel Stragá, que representa a la familia ante el tribunal internacional, dijo que “la demanda ya fue admitida”, y que los representantes del Estado “hace dos años tratan de llegar a una solución amistosa, pero nosotros rechazamos cualquier conciliación y ahora estamos esperando una resolución que abra el juicio ante la CIDH”. El abogado, que también llevó adelante la demanda de la familia de Walter Bulacio contra el Estado argentino ante los mismos tribunales, explicó que “se violaron los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que establecen el derecho a un juicio que sea rápido, eficiente y adecuado”. Stragá consideró “fundamental” que se sustancie un juicio porque “la prescripción de la acción penal no puede ser una escapatoria en delitos donde hay gravedad institucional”, y porque es necesario terminar “con la inequidad y desigualdad que existe en la Justicia argentina”, que hace que “si tenés abogado pago, podés evadir la Justicia”.

La familia de la niña está decidida a no bajar los brazos “para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir, porque al no haber condena, siguen sucediendo muertes evitables”. “A Marcela tardamos mucho en tenerla y era nuestro sol, un encanto de nena; y si viviera, estaría con nosotros reclamando por otras víctimas, porque ella era muy sensible a las injusticias”, concluyó la madre, que junto a familiares realizarán un homenaje a la niña mañana a las 11.30 en el Paseo que lleva su nombre, ubicado en avenida Infanta Isabel, entre Avenida del Libertador y Freyre.