El Tribunal de Casación ordenó a la Cámara Penal de La Plata que inicie “en forma urgente” el segundo juicio por el crimen del subcomisario de la policía bonaerense Jorge Gutiérrez (41), cometido hace casi 22 años cuando regresaba a su casa a bordo de un tren. La víctima investigaba la posible vinculación de un depósito fiscal ubicado en la localidad de Avellaneda con la denominada “Aduana Paralela” por la que circulaban armas y drogas.

Los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini de la Sala III del Tribunal de Casación Penal ordenaron a la Cámara platense que inicie “en forma urgente” el segundo juicio, suspendido el año pasado tras declararse la nulidad de la indagatoria del imputado Francisco Severo Mostajo (62), un mecánico que continúa en libertad.

“Se continúa retaceando a las víctimas su derecho a una investigación completa, imparcial efectiva y pronta de los hechos, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez”, dijeron los magistrados en el fallo.

Para los jueces la “pretendida protección de derechos del imputado –que de ninguna manera se advierten vulnerados– termina por desnaturalizar los de los damnificados, demorando una vez más su efectiva realización, ya reclamada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Sin embargo, la abogada Silvia Petroff adelantó que apelará ante la Corte Suprema provincial la decisión de Casación porque en la indagatoria de 2009 a Mostajo “no se le detallaron las pruebas en su contra”.

“Para nosotros la causa ya prescribió”, aseguró la letrada debido a la dilación de la investigación.

No obstante, la CIDH sentenció en 2013 al Estado nacional para que indemnizara a la familia del subcomisario “por las violaciones de sus derechos humanos”.

“La CIDH estableció que el proceso estuvo absolutamente viciado y que todo fue una farsa, por eso es que el primer juicio debe hacerse nuevamente y que Mostajo tiene que ser juzgado cuanto antes”, afirmó el abogado Luis Valenga, representante de Nilda del Valle Maldonado, esposa del subcomisario, sus hijos y sus dos hermanos, uno de ellos el ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez.

Es que el principal sospechoso de haber efectuado el disparo, identificado como Alejandro Daniel “Chiquito” Santillán, un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

El hecho ventilado en ese debate y el cual aún no se encontró al o los culpables ocurrió el 29 de agosto de 1994 cuando Gutiérrez fue encontrado muerto con un disparo en la nuca en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca.

Según el abogado Valenga, el subcomisario había conseguido pruebas respecto de que en un depósito ubicado al lado de la comisaría 2ª de Avellaneda para la que prestaba servicios circulaban drogas y armas.

En ese contexto, el jefe policial se había retirado cerca de la medianoche de la seccional y se dirigió en tren a su casa de Quilmes, pero a la altura de Sarandí fue abordado por dos hombres.

“Santillán era integrante de la División Seguridad Ferroviaria (de la PFA) y siempre estaba con Mostajo. Dos testigos los vieron hablar con Gutiérrez hasta que el cabo sacó un revólver con el que le dio un disparo en la nuca”, sostuvo Valenga.

Esos testigos, llamados Alejandra Chumbita, una pasajera circunstancial, y David Silva, un vendedor ambulante, señalaron en un primer momento a Santillán como el autor del disparo, aunque luego negaron esos dichos.

Tres meses después del veredicto absolutorio, el vendedor dijo ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación que había sido obligado a cambiar su testimonio debido a que lo llevaron a una comisaría de Constitución, le pegaron, le hicieron tortura psicológica y le pusieron un arma en la cabeza.

La CIDH consideró que “la investigación y la causa penal realizadas con motivo de la ejecución extrajudicial de Gutiérrez estuvieron plagadas de irregularidades y omisiones por parte de los agentes estatales encargados de las mismas en la recaudación de prueba, en el seguimiento de líneas lógicas de investigación y en el análisis de los hechos del caso”.

“Durante el proceso se presentaron serias obstaculizaciones y amenazas hacia testigos, en algunos casos perpetradas por policías federales, así como la muerte de una persona cuya declaración había sido solicitada”, resaltó el tribunal en referencia al homicidio del comisario Jorge Luis Piazza, quien investigó desde el inicio el crimen de su compañero y en 2003 fue baleado y que también hasta el momento sigue siendo un caso impune.

Mediante un decreto en febrero del año pasado, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó el pago de una indemnización de 190 mil dólares a la familia del subcomisario Gutiérrez “en concepto de indemnización por daño material e inmaterial a favor de las víctimas del caso”, cumpliendo de esa manera parte del fallo de la CIDH.