Desde Santa Fe.

El Tribunal Oral de Santa Fe habilitó a cuatro abogados querellantes en el juicio por la megacausa para que tengan acceso al archivo oculto de la comisaría 3ª del barrio Candioti, que apareció esta semana detrás de una pared falsa y arriba de un cielorraso, y busquen pruebas de dos casos que se ventilan en el debate: la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977, donde asesinaron a cuatro dirigentes de la cúpula de Montoneros, y una cita nacional en la plaza de las Banderas, un año antes, en febrero de 1976, que le costó la vida a otros siete militantes, cinco de ellos desaparecidos. La decisión se justifica porque la seccional 3ª tenía jurisdicción en el barrio Candioti y liberó las dos zonas donde ocurrieron los hechos, está a siete cuadras de Ituzaingó y Las Heras y a unas diez de la plaza de las Banderas.

La autorización fue concedida en la última audiencia, el jueves pasado, a los abogados Lucila Puyol, Guillermo Munné, Alejandra Romero Niklison y Zulema Rivera. Puyol y Munné representan a la organización Hijos, Romero Niklison a los hijos de Osvaldo Pascual Ziccardi, que era el líder de Montoneros en Santa Fe y su compañera, Cristina Ruiz, mientras que la doctora Rivera patrocina a María Carolina Guallane, que es Paula Cortassa. Ahora el Tribunal comunicará la autorización al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe para que facilite el acceso a los documentos que están precintados en más de 30 bolsas de consorcio. La fiscal a cargo es María Lucila Nuzzo, quien dispuso que el inventario del hallazgo lo hicieran agentes de la Dirección de Asuntos Internos.

Romero Niklison fue la primera que pidió al Tribunal que la autorice a buscar datos sobre la masacre de Ituzaingó y Las Heras en los libros de guardia de la comisaría del barrio Candioti. "Era la seccional de la zona, y si se encuentran pruebas de utilidad pediría que se incorporen al juicio", fundamentó.

Su colega Guillermo Munné se sumó a la solicitud por el caso de la plaza de las Banderas y con el mismo argumento. "Sería muy importante revisar los registros de la comisaría de febrero de 1976", agregó.

El fiscal Martín Suárez Faisal coincidió con el requerimiento y dijo que ya se había comunicado con la Fiscalía Regional Nº1. "Nos pusimos a disposición para colaborar en el análisis de los documentos".

A criterio de Romero Niklison, el repaso de los libros de la comisaría 3ª en la búsqueda de pruebas debería realizarse esta semana porque el juicio ya ingresa en su tramo final. El jueves que viene, el Tribunal escucharía los últimos testimonios y el viernes se realizaría una inspección judicial al edificio de Ituzaingó y Las Heras, con la participación de testigos, entre ellos el ex diputado nacional Jorge Giorgetti, que sobrevivió al ataque y ya declaró en la causa. El procedimiento será el primero en casi 40 años.

Las abogadas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adhirieron a los pedidos de las querellas y el fiscal, por lo que el Tribunal autorizó el acceso a los documentos. "Vamos a oficiar al Ministerio de la Acusación que se habilite la consulta del archivo, y si identifican documentos de interés para este juicio se pedirá una copia certificada", dijo el presidente del Tribunal, Ricardo Vásquez.

Esta semana, integrantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe se reunieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y la secretaria de Derechos Humanos, María Josefa Dal Dosso, y le pidieron que el archivo de la comisaría 3ª fuera trasladado al centro de documentación de la Secretaría de Derechos Humanos y puesto de inmediato a disposición de las querellas en el juicio por la megacausa, para las que podría tener especial relevancia.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, también ponderó el valor del "material encontrado" en la comisaría 3ª. "Ojalá contribuya a echar luz sobre una etapa oscura de la historia nacional. Esperemos que los documentos y archivos sirvan para aportar a la construcción de la memoria y la justicia", dijo.