Tres de cada diez acusados de violencia de género incumplen las medidas de protección, que impone la Justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, como la exclusión del hogar o la prohibición de acercamiento, y una de cada cuatro víctimas denuncia nuevas agresiones. Los datos revelan la indefensión de las mujeres que piden ayuda al sistema judicial. Y forma parte del informe anual 2015 que presentará mañana la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, junto a la Comisión de Temáticas de Género del organismo que encabeza la abogada especializada Raquel Asensio. El relevamiento advierte además sobre la falta de políticas sociales articuladas para apoyar a las mujeres, en gran porcentaje jefas de hogar, para que tengan autonomía económica, condición fundamental para poder salir del círculo de la violencia machista.

Otro dato preocupante es que el 15 por ciento de las mujeres respondió que sus agresores tienen armas de fuego. Y que casi 4 de cada 10 recién denunció después de sufrir violencia durante al menos seis años, algunas, incluso, aguantaron silenciosamente más de una década. No sólo los períodos en los cuales el maltrato se extendió han sido largos, sino que también su frecuencia ha sido intensa: el 38 por ciento refirió que las agresiones las recibía diariamente y otro 39 por ciento, en forma “semanal”. En 9 de cada 10 casos, las víctimas denuncian a su pareja o ex pareja. En el 22 por ciento de las veces se trata de un vínculo actual, mientras que en el 78 por ciento, restante la relación había concluido. Seis de cada diez mujeres expresó que la separación intensificó los episodios de violencia. El informe muestra que el 52 por ciento de las asistidas y el 57 por ciento de los denunciados, tienen entre 30 y 49 años.

La violencia denunciada muchas veces se extiende a los hijos e hijas. El 71 por ciento de las asistidas manifestó que sus hijos/as sufren violencia indirecta (principalmente, aquella de tipo psicológico y físico), y el 52 por ciento afirmó que sufren violencia directa. Sobre este particular, 218 mujeres indicaron que sus hijos/as sufrían violencia física, 355 contestaron que sufrían violencia psicológica, en 22 ocasiones denunciaron que sufrían violencia de tipo sexual, y 85 que sufrían violencia patrimonial.

El relevamiento se basa en el trabajo realizado por los servicios de asesoramiento y patrocinio gratuito y especializado en víctimas de violencia de género. En promedio, las oficinas de la Defensoría otorgan patrocinio a 66 casos nuevos cada mes, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. A partir del análisis de 1209 expedientes judiciales en los que se brindó patrocinio jurídico y que se encontraban activos al 30 de septiembre de 2015, el documento refleja “las limitaciones de la Justicia cuando las mujeres denuncian”. En la mayoría de los casos, las intervenciones apuntaron a obtener medidas de protección en el fuero civil con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

–Frente a este diagnóstico, ¿cómo se debería modificar el sistema para proteger efectivamente a las mujeres, antes de que sean víctimas de femicidio? ¿Cuáles son los problemas que observan? –preguntó Página/12 a Asensio, una de las voces más especializadas en la temática en el ámbito judicial.

–No podemos dar respuestas recortadas y sesgadas. Hay falencias por todos lados. Si no se hacen políticas y respuestas integrales que avancen en forma coordinada, vamos a seguir fracasando. Vemos que los jueces no aplican la Ley nacional 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y en su lugar, aplican la 24.417 de violencia doméstica, que es anterior. ¿Cuál es el problema? Es que son contradictorias. La 24.417 promueve audiencias conjuntas entre víctima y victimario, cuando la 26.485 directamente las prohíbe, porque la mujer que denuncia, se sabe, no está en igualdad de condiciones para negociar o conciliar nada. Ahí tenemos un problema. Hay jueces que ponen en duda la denuncia. Y no aplican la 26.485 por resistencia, y no por desconocimiento. Vemos también que las medidas cautelares de protección son insuficientes porque no las cumplen los agresores. Y no hay una consecuencia jurídica de ese incumplimiento.

–¿Es un delito incumplirlas?

–Sí, pero no se investiga como tal. Los jueces de Familia no comunican ese incumplimiento a la Justicia penal y no queda registrado. No hay consecuencias porque la Justicia de Familia no está pensada para intervenir en este tipo de casos. Es necesario un fuero especializado con posibilidades de dictar sentencia de fondo, que centralice las causas, para que no estén desperdigadas entre el fuero civil y penal. Deberían repensarse todas las estructuras judiciales. Los mecanismos de protección no pueden recaer en la mujer que denuncia: hoy es ella quien tienen que llevar la notificación a la policía de una exclusión. Es una barbaridad. El juzgado podría enviar un fax a la comisaría. Lo podrían resolver en minutos. Al mismo tiempo vemos que no hay articulación con planes sociales, con el acceso a microcréditos, a cooperativas. Hay un porcentaje alto de jefas de hogar sin trabajo, entre las víctimas. Si no hay políticas públicas que acompañen para que puedan generar autonomía económica es muy difícil que puedan salir del círculo de la violencia. Hay que ayudarlas también para sostener la independencia emocional.

El informe de la DGN revela que en el 42 por ciento de los casos, las personas asistidas se encontraban en una situación de riesgo alto o altísimo, esto significa que su vida podía correr peligro por la posibilidad de futuros ataques. En el 41 por ciento de los casos, en una situación de riesgo medio, y sólo el 5 por ciento, se consideraron como de bajo riesgo o sin riesgo.

En nueve de cada diez casos, ya habían hecho la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema y habían obtenido al menos alguna medida de protección. Sin embargo, en más de la mitad de esos casos (53 por ciento), fue necesario requerir nuevas medidas, las que en su enorme mayoría fueron concedidas (94 por ciento). “Estos datos indican la importancia de contar con patrocinio jurídico para la mejor defensa de los derechos de las mujeres”, advierte el informe. A fin de año el Congreso aprobó una ley para implementar patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género en todo el país, pero todavía no se puso en marcha su implementación, que depende del Poder Ejecutivo.

Además, en más de la mitad de los procesos (54 por ciento), la notificación de las medidas de protección otorgadas judicialmente quedó a cargo de la denunciante, lo que burocratiza innecesariamente el trámite y obliga a las víctimas a lidiar con la policía para que las medidas puedan ser efectivas. Las consultas que recibieron las oficinas de la DGN vinculadas a situaciones de violencia de género (casi 900), en su inmensa mayoría configuran que el victimario era la pareja o ex pareja. También hubo intervenciones en otros tipos de violencia, aunque en menor medida (diez casos de violencia laboral, dos casos de violencia institucional y uno de violencia contra la libertad reproductiva).

En cuanto al nivel de educación formal, se encontró que la mitad de las denunciantes se encuentra en la franja de bajo nivel educativo (comprende primario completo e incompleto y secundario incompleto), “con las implicancias en términos de acceso a información y recursos materiales y simbólicos que esto conlleva en términos generales y en el acceso a la Justicia en particular”, indica el estudio. Casi 9 de cada 10 de las asistidas son madres y, de ellas, una alta proporción tiene hijos/as en común con la persona denunciada (81 por ciento de las madres, 70 por ciento del total de asistidas). Entre las asistidas por el patrocinio, se puede apreciar que solo una de cada tres (34 por ciento) recibe algún programa social, aun cuando son las que sostienen económicamente a sus hogares en la mayoría de los casos (61 por ciento). Resulta llamativo que el 49 por ciento de las personas asistidas que se encuentran desocupadas manifestó que no recibe ningún tipo de prestación de la seguridad social. “Si a ese dato sumamos que el 40 por ciento del total de asistidas que es el principal sostén económico se encuentra desempleada, la situación de vulnerabilidad económica se vuelve extrema”, advierte la DGN.

En más de la mitad de los casos (56 por ciento), las consultantes señalan que sus agresores sufren algún tipo de adicción, en general asociadas al consumo problemático de alcohol y drogas. Prácticamente la totalidad de los casos atendidos (97 por ciento) involucran situaciones de violencia psicológica, seguidos en prevalencia por aquellos casos de violencia física (88 por ciento). Más de una tercera parte de las denuncias involucran agresiones sexuales (37 por ciento), aun cuando se presume que esta cifra puede ser más alta si se atiende al usual subregistro que suele verificarse ante este tipo de violencia.