Un ejemplo de tratar el consumo de drogas como un tema de salud pública es Portugal, que en el año 2000 descriminalizó –que no es lo mismo que legalizar el consumo de todas las drogas– y desarrolló un abanico de servicios de salud, sociales, y de reducción de daños, con buenos resultados. El consumo de sustancias ilícitas no aumentó como algunos temían, y se han documentado mejoras significativas en la salud de las y los usuarios de drogas. No obstante, hay voces que critican este modelo por su enfoque “excesivamente medicalizador” del problema. En una entrevista con Página/12, José Queiroz, director ejecutivo de la ONG portuguesa APDES, que trabaja desde una perspectiva de derechos humanos con programas de reducción de daños en drogas, analizó los alcances del cambio de paradigma, que rompió con la histórica criminalización de los consumidores, y detalló sus fortalezas y debilidades.

Queiroz conversó con este diario, en su último día en Nueva York, donde viajó para participar de los debates en torno a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU en la que se discutió el futuro de las políticas sobre drogas a nivel mundial.

–¿En qué consiste la descriminalización del consumo de drogas?

–El modelo portugués puso la salud por encima del delito. Hay un intento de distinguir el uso del tráfico. Por lo tanto, se estableció una lista de sustancias con una cuantificación precisa de la cantidad que una persona puede poseer para un solo uso. Esto significa que esa persona puede ser o será objeto de una sanción administrativa. Para hacerlo, Portugal creó las Comisiones de Disuasión que sustituyeron a los tribunales en el abordaje del problema. Tienen la función de orientación y asesoramiento de las personas que fueron señaladas por las fuerzas policiales. El aspecto interesante de estas comisiones es que están bajo el paraguas del Ministerio de Salud, lo que da la oportunidad de poner a los usuarios en contacto con profesionales de la salud.

–¿Cómo se llegó a esa decisión?

–En pocas palabras, a causa de los fenómenos de hacinamiento de las prisiones durante los años 80, por la detención de usuarios de drogas, y el brote de VIH vinculado a drogas inyectables, algunos decisores políticos empezaron a darse cuenta de que debían hacer algo diferente frente al problema. La penalización del consumo de las sustancias ilícitas se orientaba principalmente a la población más pobre de nuestra sociedad, que era la que estaba siendo detenida y encerrada en las cárceles. En aquellos días, la heroína era la droga principal, seguida del “crack”. Así, José Sócrates, un joven secretario de Estado, más tarde Primer Ministro de Portugal, propuso la creación de un Comité de Sabios para estudiar un modelo legal innovador, que estuvo integrado por jueces, médicos, psicólogos, investigadores y dirigido por un profesor de Física llamado Alexandre Quintanilha. Joao Goulao, actual coordinador nacional de los Servicios de Drogas fue también parte de ese cuerpo. Propusieron y pusieron en práctica una estrategia participativa, abrieron el debate en las comunidades locales. Ese proceso participativo fue uno de los pilares fuertes de la aplicación de la nueva ley. Algunas voces de preocupación, que se oponían, sostenían que Portugal se convertiría en el nuevo paraíso de drogas y en consecuencia el número de usuarios aumentaría dramáticamente. Nada de eso ocurrió.

–¿Cuáles son los ejes de la política, más allá de la descriminalización del consumo?

–Junto a las Comisiones de Disuasión, el modelo portugués propone otros cuatro pilares: prevención, reducción de daños, el tratamiento y la reinserción. La idea principal es establecer un amplio paquete de servicios integrados basados en un paradigma con enfoque en la salud pública. Los profesionales de la salud comenzaron a desempeñar un papel importante reemplazando de alguna manera a los actores tradicionales como los agentes de policía, los jueces y abogados.

–¿Qué resultados han obtenido en estos años?

–Ahora nuestro modelo fue revisado, en virtud de un proceso de evaluación. Hay algunos resultados interesantes. En primer lugar, y desde un punto de vista simbólico, el modelo de despenalización introdujo la “moral de la libertad” para la utilización de drogas, sin ser penalizado por ello. En segundo lugar, desde una perspectiva social, podemos decir que el estigma en relación con los usuarios de drogas ha disminuido significativamente desde la aplicación de la ley. En tercer lugar y desde un enfoque de salud pública, hay resultados eficaces, como por ejemplo la disminución de las infecciones por VIH en personas que usan drogas. En 2000, los usuarios eran 1591, que es un gran contraste con los 43 registrados en 2014.

–¿Cómo impactó en esta política la crisis económica de los últimos años?

–Vimos recortes presupuestarios significativos sobre salud, educación y protección social. Por ejemplo, los servicios de reducción del daño, ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, han sufrido una gran inestabilidad en estos años a causa de la falta de fondos. Lo que derivó en una situación precaria, compensada por el trabajo de los profesionales que han seguido desempeñándose en forma voluntaria durante un largo período de meses. Siguieron trabajando porque habían establecido una relación con los usuarios y no querían fallarles, porque creían en lo que hacían, y en especial en los principios de la reducción de daños: Humanismo, pragmatismo y actitud sin prejuicios. Sabían que eran el único vínculo que conecta con la sociedad a los usuarios de drogas, aquellos que no se han integrado en el sistema de salud. También vemos leyes que se están destruyendo lentamente como por ejemplo el Programa de VidaEmpleo, muy potente para integrar a los consumidores de drogas en el mercado laboral.

–¿Qué estrategias de reducción de daños han implementado?

–La reducción de daños ha sido uno de los más poderosos instrumentos utilizados para implementar el modelo portugués de descriminalización. Portugal tiene una ley específica que regula los servicios de reducción de daños, que estableció un sistema eficaz e integrado a lo largo del país. Para eso el Estado celebra convenio con la ONG de cada comunidad. Tenemos intercambio de jeringas, programas de metadona, educación entre pares en las prisiones, los equipos de reducción de daños en fiestas y testeo de drogas. No promovemos el uso de drogas, pero reconocemos que las personas consumen drogas y por lo tanto tienen el derecho a acceder a toda la información adecuada.

–¿Cuáles son los aspectos más positivos y los puntos débiles del modelo?

–El punto fuerte: el cambio desde una perspectiva de justicia que criminalizaba y encarcelaba a las personas hacia un enfoque de salud pública que trata a quien usa drogas ya no como un delincuente. Su punto débil es una excesiva medicalización del consumidor de drogas. Sabemos de hecho que un gran espectro de la población no tiene un uso problemático de drogas. Los servicios de salud tienden a crear una actitud paternalista sobre la persona que usa drogas. No vemos una verdadera potenciación de los usuarios; por lo tanto, no tienen tantas oportunidades de actuar como ciudadanos. Hay una exclusión efectiva de los consumidores de drogas del proceso de elaboración de políticas. En Portugal las ONG reclaman un nuevo modelo basado en la ciudadanía que podría reemplazar sin problemas el enfoque con eje en la salud pública. Es hora de una nueva concepción de nuestro modelo. Necesitamos presionar una vez más los límites de las convenciones internacionales que se basan en prohibicionismo.