“Es imposible no pensar en Cromañón”, leí en Página/12 hace unos días. Me pareció exagerado. Sin embargo días después pensé: ¿importan realmente algunas pequeñas diferencias cuando la matriz causante de la tragedia es tan similar? ¿Son las costumbres de los jóvenes las que hay que atacar cuando es tal la desprotección del Estado? No se trata de jóvenes consumiendo drogas. Se trató, en realidad, de una zona liberada por el Estado para que un privado se beneficie con la venta de estupefacientes –de letal confección– a 20 mil personas. Negligencia empresarial, pasividad y corrupción policial, hacinamiento de jóvenes que buscaban divertirse. Muy parecido a lo que vivimos unas cuatro mil personas en 2004.

La connivencia entre Estado y empresarios es causa común de crímenes como el de Once o el de Costa Salguero. Podemos hablar de un crimen social ya que hay una organización delictiva del poder y el beneficio empresarial, que se causa una o más víctimas fatales. No es siquiera una cuestión de clase. Este caso deja en claro desprotección generalizada ante un Estado corrupto y cómplice. Salvo los grandes empresarios y los integrantes corruptos de las fuerzas de seguridad. En este sentido, el legislador Gustavo Vera señaló el triángulo entre Conci, Stinfale y su mujer Fasano (Time Warp, Creamfields, etc.) en connivencia con el poder. El PRO votó en contra de una comisión investigadora propuesta por Vera: una oportunidad perdida de que el legislativo adopte un rol clave en la protección de los ciudadanos.

El gobierno porteño falló, como en 2004. También el ministerio de Seguridad nacional, a cargo de la Prefectura. En 2005, motivados por la tragedia, los legisladores destituyeron a Aníbal Ibarra por mal desempeño de sus funciones. Él redujo la cúpula de inspectores e ignoró advertencias sobre la peligrosidad del local de Chabán. En 2007, con Macri a cargo de la Ciudad, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), bajo la órbita del Ministerio de Justicia, deslindando al jefe de Gobierno de cualquier incidente en la noche. Y tres años más tarde se publicó el decreto 2/2010 que creó la figura de “casas de fiestas privadas”, donde el control quedaba a cargo del organizador. Así Time Warp estuvo regulado igual que un casamiento. El problema seguía vivo, los responsables a salvo.

Los inspectores fallaron en 2004 y en 2016. La comisaría 7 no denunció la sobreventa de entradas y las puertas cerradas con candado en Cromañón, tal como ahora hizo Prefectura con la venta de drogas. Los organizadores, Chabán o Conci, descansaron en una matriz delictiva que nace de la corrupción y la ausencia del Estado, dejándoles zona liberada para desproteger a los pibes que buscan divertirse. Y sí, es indistinto si querían tomar drogas o no. Eso no justifica un entramado criminal que los arrincona y les vende cualquier porquería. Ojalá sanen los heridos y las familias encuentren consuelo. Para eso debe llegarse a los verdaderos responsables.

* Sobreviviente de Cromañón.