El fiscal federal Federico Delgado apeló el beneficio de la prisión domiciliaria concedido al abogado Víctor Stinfale, imputado de ser uno de los organizadores de la fiesta electrónica Time Warp, realizada en Costa Salguero, en la que cinco jóvenes murieron por el consumo de drogas sintéticas. Al mismo tiempo, Delgado pidió al juez federal a cargo de la causa, Sebastián Casanello, que procese con prisión preventiva al mediático abogado Stinfale y a los demás imputados de haber sido co-organizadores de la fiesta: Adrián Conci, Maximiliano Avila, Carlos Garat y Martín Gontad. En lo que respecta a la prisión domiciliaria de Stinfale, concedida el jueves pasado por Casanello, tras la apelación de Delgado los que tienen que decidir ahora son los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal porteña. El pedido del fiscal es que el abogado vuelva a estar preso en una cárcel común.

Sobre la situación actual de Stinfale, el fiscal Delgado advirtió que a su criterio mantenerlo preso en su casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, incrementa “los riesgos procesales y de entorpecimiento” de la investigación penal, en la cual todavía hay tres prófugos, Walter Santángelo –titular de Energy Group–, Diego Hernán Herrera –director suplente de Dell Producciones, cuyo titular es Conci– y el apoderado de Dell, Facundo González. El mismo Conci estuvo nueve días sin ser encontrado, hasta que se presentó detenido. Energy Group distribuye la bebida energizante Speed Unlimited y el agua Block, asociadas a las fiestas electrónicas.

Al ahondar respecto de la situación procesal de Stinfale, el fiscal Delgado recalcó que la decisión del juez de darle el beneficio de la prisión domiciliaria puede llegar a ser un “gravamen irreparable” para la investigación. En este sentido, recordó dos episodios ocurridos en la causa en torno a la actitud del abogado penalista en cuestiones concretas vinculadas con la causa.

Por un lado, el hallazgo, el 7 de mayo, en la localidad bonaerense de San Justo, de documentación quemada dentro de un volquete contratado por la empresa Energy Group. Entre estos documentos había entradas a la fiesta realizada en Costa Salguero el 15 de abril pasado que terminó en forma trágica. Por otro lado, Delgado recordó que Stinfale es apoderado de Energy Group y que en esa firma se encontró una computadora con un archivo Time Warp que fue borrado.

Por todo eso, el fiscal señaló que “el arresto domiciliario que acaba de decretar el juez atenta contra el aseguramiento de la prueba, lo que desde la fiscalía llamamos ‘Crónica de un encubrimiento anunciado’ en una de nuestras primeras intervenciones en la causa”. Delgado sostuvo que faltó demostrar “de manera fehaciente que la situación de detención constituya un riesgo para la salud de Víctor Stinfale o un menoscabo ilegítimo de sus derechos que amerite hacer lugar al requerimiento”.

En otra presentación adjunta, el fiscal federal solicitó al juez Casanello que dicte el procesamiento, con prisión preventiva, de Stinfale; del titular de Dell Producciones, Adrián Conci; de los apoderados de esa firma Maximiliano Avila y Carlos Garat, y también del asesor de la firma Martín Gontad. La imputación de Delgado contra todos ellos es por “facilitación del comercio de sustancias estupefacientes con la intervención de tres o más personas organizadas y en un sitio donde se realizaba un espectáculo o diversión pública”, además de “abandono de persona”, por entender que la mala atención médica del evento fue la que provocó las cinco muertes.

En un dictamen de 36 carillas, donde hace un minucioso recorrido de las pruebas reunidas en la investigación, el fiscal puntualizó que en el caso “la responsabilidad (...) es múltiple” porque se “operó en forma de cadena y el eslabón madre tiene la marca registrada del negocio, pues el dinero fruto del mismo, financia los eslabones que ligan:

• Un mercado para narcos y consumidores.

• Un mercado para vender los productos de Energy Group (el agua Block y la bebida energizante Speed).

• Una zona gris donde se produce la (tóxica) metamorfosis del interés público y el privado –o la privatización del primero–, habitada por las fuerzas de seguridad, como hipótesis de mínima, a través de ese mal endémico (llamado) ‘servicios adicionales’ que suplen salarios insuficientes.

• O, como hipótesis de máxima, administración de ilegalidades medidas por incentivos monetarios);

• Inspectores locales que hacen la vista gorda, desconocen y se refugian en cierta racionalidad reglamentaria que fragmenta su control hasta reducirlo a un cálculo abstracto.”

Sobre este punto vale recordar que de los 71 imputados que tiene la causa Costa Salguero, 54 son integrantes de la Prefectura Naval, fuerza de seguridad nacional que esa noche cumplió funciones de “servicio adicional” en el predio de Costa Salguero. El fiscal consideró que “está claro el rol del Estado Nacional, representado por la Prefectura Naval”, cuyo “exponente más nítido en un principio fue el episodio de la bolsa” de droga hallada y entregada al prefecto Gabriel Pandiani, quien resolvió abrirla horas después, cuando se tomó conocimiento de la muerte de cinco chicos por consumo de estupefacientes.

La bolsa le fue entregada a Pandiani por alguien conocido al principio como El Chino, identificado luego como Carlos Miguel Nicodema Penise, quien le aclaró que era el resultado de la requisa realizada a los concurrentes. El propio Pandini, al prestar declaración indagatoria, señaló que le entregaron a él “la bolsa” porque El Chino no encontró a su destinatario original, Néstor David Alarcón Torres, a cargo del operativo de control en la fiesta electrónica de Costa Salguero en su carácter de autoridad del Departamento de Investigación del Narcotráfico de la Prefectura. El fiscal recordó que el nombrado jefe fue quien “intervino en las investigaciones” iniciales “que fracasaron”.