La Justicia porteña ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindar una solución habitacional a una familia de ocho personas, una de ellas con discapacidad motriz, que vive en una vivienda precaria en la zona conocida como Ciudad Oculta. El fallo de la sala III de la Cámara de Apelaciones hizo lugar en forma parcial al recurso de apelación presentado por la Ciudad contra una sentencia de primera instancia que disponía la reconstrucción total de la vivienda. La sentencia ordenó al gobierno porteño que ponga a disposición de la familia “una solución habitacional que permita su urgente relocalización en un sitio acorde a las limitaciones de movilidad” del único varón adulto “y a la cantidad de personas que conforman el grupo”. Además, hasta tanto se provea esa vivienda “se le deberá otorgar al grupo familiar el monto suficiente a fin de garantizar la protección reconocida y cubrir las necesidades habitacionales”. En la acción de amparo se solicitaba la realización de refacciones en su vivienda y la provisión de los materiales necesarios. El gobierno porteño cuestionó el fallo de primera instancia por la inexistencia de disposiciones jurídicas que imponga al Estado la obligación de reparar una vivienda en mal estado.