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Uno de los heridos de la explosión del depósito clandestino de pirotecnia ocurrida el viernes último en Florencio Varela falleció el miércoles cerca de la medianoche, como consecuencia de las graves lesiones y quemaduras que tenía en su cuerpo. Se trata de Hugo Manuel Luna, un joven de 15 años que murió pasadas las 23 en la clínica AMTA, ubicada en la localidad bonaerense de Ciudadela. Con esta muerte, ya suman cinco las víctimas fatales del estallido que convirtió al comercio de Ombú al 600 en un escenario de escombros.
Los investigadores establecieron que el chico era amigo de una de las hijas de Sotier. El joven se encontraba de visita en el local, que funcionaba como un mayorista de golosinas. En el momento de la explosión, el adolescente se encontraba dentro del depósito y quedó atrapado entre los escombros. Ayer por la madrugada, el cadáver del chico fue llevado a la morgue judicial del cementerio de Ezpeleta para ser periciado, antes de ser velado. “Se le realizó la autopsia que confirmó la vinculación directa de la muerte con la explosión”, comentó el fiscal a cargo de la investigación, Ricardo Maidana.
Ayer a la tarde se suponía que el dueño del local que, de acuerdo con las pericias, fabricaba pirotecnia iba a ser indagado. Sin embargo, Sotier se negó y el defensor del acusado pidió su excarcelación. Las únicas declaraciones del dueño del comercio, detenido el miércoles en la ciudad de La Plata, fueron ante la prensa al ingresar ayer a los tribunales de Quilmes para declarar ante la fiscalía. El hombre aseguró que es “inocente” y juró que no pagó coimas a inspectores para que le habilitaran el local.
Las declaraciones de ayer correspondieron a dos familiares de las víctimas, quienes afirmaron haber visto a los dos inspectores el último 23 de diciembre en el local de Sotier. También advirtieron que la pirotecnia se encontraba “a la vista” en el comercio. Por este motivo, en las próximas horas Maidana podría solicitar la detención de ambos inspectores. Los familiares de las víctimas fatales también revelaron que “la policía iba a comprar” productos de supermercado al local.
Maidana también adelantó a Página/12 que solicitará la declaración de Luis Alberto Quinteros, el padre de uno de los empleados fallecidos en la explosión, quien “tendría información acerca del pago de coimas a los inspectores, que le habría contado su hijo antes del incidente”. Al parecer, Luis Quinteros había visto cuando Sotier le pagaba a los inspectores para evitar la clausura del depósito.
En tanto, la pericia química, que determinará la clase y cantidad de pólvora, estará lista el próximo 20 de enero. A partir de los resultados de ese informe, el fiscal podría recaratular la causa como “tenencia ilegal de explosivos”, un delito no excarcelable, con penas de cinco a 15 años de prisión.