El dictamen del fiscal federal Fernando Domínguez afirma: “Se ha demostrado que la construcción de barrios cerrados no sólo han afectado al medio ambiente, sino que han producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando también la pérdida de vidas humanas”. Es uno de los motivos por los que solicitó la paralización de nuevos countries en la cuenca del río Luján y el Paraná. Pero desde hace cuatro meses que no obtiene respuesta de la jueza Sandra Arroyo Salgado, por lo cual acaba de aportar nuevas pruebas al expediente: resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ordenanzas municipales y un informe de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA. El martes hubo una audiencia pública por un nuevo barrio cerrado (“Remeros Beach”, del banquero Jorge Brito), donde se explicitó un rotundo rechazo al nuevo country.

La causa fue iniciada en 2012 por organizaciones sociales, ambientes y vecinales de la cuenca del río Luján y Delta del Paraná, que apuntó a la ilegalidad de los emprendimientos inmobiliarios, muchos construidos sobre “dominio público natural” (como son los cauces de ríos) y sin evaluación de impacto ambiental. Las graves inundaciones de los últimos años, en zonas que antaño no se anegaban, fueron una prueba palpable de las advertencias de los vecinos.

Luego de un largo periodo de recolección de pruebas, Domínguez solicitó (el 19 de febrero) a la jueza Sandra Arroyo Salgado la paralización precautoria de “toda obra que se lleve acabo en los barrios cerrados y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del Río Luján y en el Delta del Paraná”. Abarca los partidos de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de La Cruz, General Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre.

El fiscal afirmó que está probada la relación entre los countries y las inundaciones. Y advirtió: “Las gravísimas consecuencias muy probablemente volverán a repetirse si no se adoptan medidas urgentes para paliar la situación, en tanto se adoptan por las autoridades competentes soluciones de fondo”. Los principales empresarios del sector son Eduardo Constantini (empresa Consultatio) y Jorge O’Reilly, asesor de Sergio Massa (y dueño de la compañía Eidico).

Entre las nuevas pruebas, el fiscal Domínguez aportó el dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación que señaló que el relleno de humedales (como sucede para nuevos barrios) “implica un tipo de agresión al medio ambiente, a la naturaleza y a la vida humana” y llamó a que el Estado tome “una actitud preventiva”. Se refirió puntualmente a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. Y solicitó a que “sólo se autoricen emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales”.

También tomó como argumento el trabajo de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires. “Las llanuras de inundación y los humedales fueron progresivamente ocupados por desarrollos inmobiliarios suntuosos, generando el estrangulamiento y taponamiento de los cauces principales”, explica el escrito. Propone una serie de medidas que fueron analizadas y discutidas entre vecinos, organizaciones sociales y docentes de la Facultad de Ingeniería.

Entre las propuestas de la cátedra figuran “detener los proyectos de urbanizaciones en humedales y planicies de inundación de la cuenca media y baja”, reforestar con especies nativas las zonas impactadas, evitar obras de infraestructura que generen estrangulamientos (y acumulación de agua) y eliminar los canales clandestinos, entre otras. Consideran fundamental desarrollar un “plan maestro integral” para la cuenca del río que “incorpore los diagnósticos, miradas y soluciones de los diferentes actores sociales involucrados”.

El 18 de mayo, vecinos y organizaciones sociales realizaron una caravana hasta el Juzgado Federal de San Isidro para pedir la paralización de los megaemprendimientos inmobiliarios. Se le entregó un petitorio a la jueza Arroyo Salgado, en el que se le pidió una reunión donde pueda explicar por qué de la demora en su fallo y se le recordó que “la Justicia que llega tarde no es Justicia”.

El martes se realizó una audiencia pública por un nuevo barrio privado, llamado “remeros beach”, en Tigre. Se inscribieron más de 180 expositores (vecinos, organizaciones sociales, docentes, investigadores, empresarios). La audiencia duró más de cinco horas y fue rotundo el rechazo al country (se expusieron decenas de irregularidades técnicas y legales del proyecto). Una patota de la Uocra (sindicato de la construcción) amedrentó a quienes cuestionaron la iniciativa.

Remeros Beach se publicita como un “emprendimiento que aúna todas las comodidades de la vida urbana frente a playas de arenas blancas y aguas cristalinas”. Las fotos muestran una imagen más cercana al Caribe que a Tigre. Es impulsado por la empresa Vizora, del Banco Macro (del empresario Jorge Brito). Pretende ocupar 18 hectáreas, construir torres de 22 pisos para un total de 7000 personas.

El fiscal federal Domínguez sostuvo en su presentación que los delitos (de empresarios y funcionarios) serían “daño agravado, estrago seguido de muerte (consecuencia de las inundaciones) e incumplimientos de los funcionarios públicos”.

Los countries avanzaron de manera sistemática sobre los humedales. En los últimos 20 años, aumentó geométricamente la cantidad de barrios privados en las afueras de las grandes ciudades (Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, entre otros). Sólo en Pilar hay 152 barrios cerrados, que ocupan el 24 por ciento de la superficie del partido.