En Corrientes, la Justicia federal procesó y dictó preventiva contra dos mujeres identificadas como encargadas de un prostíbulo y de un “motel” de Paso de los Libres donde al menos 15 mujeres –todas ellas en situación de vulnerabilidad social y económica– eran explotadas sexualmente, luego de haber sido víctimas de trata. Norma Lanatta y Lidia Ávalos, contra cada una de las cuales también se trabó un embargo de 100 mil pesos, son consideradas “autoras” de los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual agravado por haber sido cometido mediante un abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”. Ambas son las primeras procesadas en la causa que investiga la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, y por la cual –tras las denuncias del fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer y su par de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo– se investiga, entre otras personas, al ex fiscal de Paso de los Libres, Benito Pont. Las procesadas Lanatta y Ávalos, señalan los procesamientos –a los que tuvo acceso este diario– fueron engranajes fundamentales en la organización que conformó deliberadamente “un sistema prostibulario” que tenía entre sus habitués a policías de la Comisaría 2º, de la zona, e integrantes de la Gendarmería –que realizaban “pases” con las víctimas–, y que se servía de una dinámica de trata para proveer de nuevas mujeres a los lugares de explotación sexual.

La organización que está siendo investigada no sólo contaba con amparo en lugares clave y contactos capaces de advertir con horas de anticipación acerca de los allanamientos ordenados en los prostíbulos. Al menos dos de los prostíbulos allanados y clausurados en enero de este año, y sin embargo nuevos allanamientos realizados en mayo establecieron que seguían funcionando.

El procesamiento de Lanatta y Avalos da cuenta de que ambas, junto con “otras personas hasta el momento no identificadas”, forman parte “de una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento” de al menos quince mujeres en los locales “Roxi” o “Puro movimiento”, “Hotel Momentos” y “Balizas”, ubicados en la ruta 117. Para cometer los delitos, los líderes de la organización “pusieron en funcionamiento dos whiskerías (…) en los que se ofrecían y realizaban los servicios sexuales de las mujeres prostituidas y un hotel (…) en el que también se concretaban estos servicios y en el que, además, se alojaba a las víctimas previamente captadas y trasladadas para su posterior explotación, conformando así un único sistema prostibulario”. Los principales beneficiarios de esa dinámica “serían (…) otras dos personas aprovechándose uno de ellos de su carrera en la Gendarmería Nacional –fuerza en la que desempeñó un cargo de alta jerarquía–, y de su parentesco con el Fiscal Federal de la jurisdicción”, es decir, Pont, sobre cuya actuación informó oportunamente este diario. La amistad y el lazo familiar entre el ex gendarme y el ex fiscal “aseguraron de alguna manera el funcionamiento de los locales y su impunidad ante la Justicia”, a pesar de que la organización fue investigada más de una vez.

Los contactos “avisaban con antelación cada allanamiento a practicarse en los locales, de manera tal que le diera un margen suficiente para, cuanto menos, no dejar dentro de los prostíbulos a las menores de edad”, como quedó acreditado, por ejemplo, en uno de los celulares usados por la encargada de “Momentos”, al que un SMS del 9 de enero alertó sobre los allanamientos que se practicarían al día siguiente. Por esa época, la organización estaba integrada “por al menos dieciocho personas”.

La procesada Ávalos se negó a declarar en la indagatoria, pero Lanatta habló y aseguró que estaba en “Baliza”, uno de los prostíbulos en los que fue hallada –siempre como encargada– en allanamientos realizados en los últimos años, “cuidando porque siempre hay robos”. Lanatta dijo que los hombres que estaban en el salón eran sus amigos, aunque no pudo precisar sus nombres, y que a las mujeres “que dicen que encontraron en el patio” las llevó “la fuerza que hizo el allanamiento”. Agregó: “yo a esas chicas le conozco de antes, ellas saben que yo vendo productos de Avon y entonces siempre me están buscando para que les venda”.

En el allanamiento de mayo, las víctimas, cinco dominicanas y dos argentinas que no tenían sus documentos personales, contaron a personal especializado del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata cómo era la vida cotidiana en ese prostíbulo. La mayoría contó que tenía hijos menores de edad a cargo, que no había terminado su edicación formal. Los relatos hablaron de “situaciones biográficas complejas”: “una de ellas refirió pertenecer a una familia de 24 hermanos, manifestó haber sido echada de un trabajo de contratación formal por haber padecido tuberculosis”; “dos mujeres habrían sido víctimas de abusos sexuales en la infancia”. Otra explicó “que si se desempeñase como trabajadora de casas particulares su salario ‘no alcanzaría para nada’”; la mayoría de las extranjeras contó que debía enviar dinero “a sus familiares, que se encontrarían al cuidado de sus hijas/os en sus lugares de origen”.

El procesamiento subraya que la justicia debe poder leer distintos signos de la victimización para, poder ejemplo, acreditar el “abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas mayores de edad”. En ese sentido, por caso, la jueza Pozzer Penzo detalla que “son relevantes los testimonios (...) y el resto de los aportes deben valorarse en un contexto de miedos a las represalias de sus tratantes o por el temor a sufrir sanciones o consecuencias perjudiciales, como ser la posible detención o privación de la libertad” en caso de que declararan como testigos-víctimas –como son consideradas– contra los integrantes de la organización. “Los medios empleados restringían la libertad de las mujeres y las conducían a la decisión de no querer salir de esa situación, pues, ante la necesidad de dinero y/o la carencia de lugar donde vivir, no tenían otra opción que continuar en el negocio prostibulario”.