[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Cada vez más varones violentos realizan denuncias contra sus ex parejas: alegan que ellos son las víctimas de los malos tratos, pretenden sacarles la tenencia de los hijos con el argumento de que ellas son, en realidad, “malas madres” o buscan quitarles la vivienda, entre otras maniobras para seguir atacándolas, pero por la vía judicial y descalificar las acusaciones en su contra. En los primeros cinco meses de 2016, en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación se duplicaron los casos. Un relevamiento realizado por el organismo demostró que los denunciantes no se encuentran en situación de riesgo y sí, en cambio, pueden estarlo sus hijos o sus ex esposas o parejas. También vienen en aumento los casos en la provincia de Buenos Aires. “Vemos cada vez más estas denuncias cruzadas. Las hacen después de ser denunciados o incluso, a veces, antes, como una estrategia de defensa”, advirtió a Página/12 Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia. “En las quejas que ingresan al OVG hemos podido corroborar que las denuncias presentadas por los agresores tienen una tramitación judicial más rápida y efectiva que las denuncias presentadas por las mujeres, porque tienen mayores recursos económicos que les permiten acceder a un patrocinio particular, así en los expedientes de Familia al menos, su voz está mucho más presente y mejor presentada”, advirtió Malacalza.

Un caso típico es el del contador porteño M. L., quien denunció a su ex esposa C. L. en la OVD y también en la Justicia por lesiones agravadas, luego de que la justicia civil le dictara una restricción de acercamiento tanto personal como telefónico y en redes sociales hacia su ex esposa y sus dos hijos menores de edad en 2014 y otra similar en 2015, y que aceptara una probation que incluyó concurrir a un curso para hombres que ejercen violencia contra su pareja, a fin de evitar una condena, en una causa por amenazas de muerte contra ella, que tramitó en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia contra la ex esposa la radicó ante el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 7. La mujer fue sobreseída en primera y segunda instancia: los magistrados que actuaron consideraron que ni siquiera era necesario llamarla a indagatoria. Pero el contador siguió adelante con su asedio: le inició un juicio para quitarle la tenencia de sus hijos y lo más preocupante es que la misma jueza María del Carmen Bacigalupo, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 86, que en su momento dictó medidas de protección por las situaciones de violencia machista que sufría la ex esposa, no rechazó sus planteos y ahora convocó a una audiencia conjunta a la víctima con su victimario, en el marco de un pedido de medida cautelar para sacarle ya la tenencia a la madre, que está prevista para mañana.

Cuando C. L. se animó a denunciar a M. L. en 2014 en la OVD, luego de casi una década de malos tratos y agresiones durante la vida matrimonial, el Informe Interdisciplinario de Situación de Riesgo que emitió el organismo determinó que ella y sus hijos se encontraban en “alto riesgo psicofísico” en “cuanto a la probabilidad de que se susciten nuevos hechos o se agraven los existentes”. Con ese informe se abrió un expediente en el juzgado de Bacigalupo por violencia familiar. “Hay sucesivos dictámenes emitidos por el Defensor de Menores, el 4 de julio y el 9 de septiembre de 2014, que sostienen el alto riesgo psicofísico en relación a los niños y la necesidad de medidas de protección a su respecto”, recordó el abogado de C. L., Juan Pablo Gallego. “Sin embargo, tras dictar medidas protectoras, la magistrada archivó la causa por violencia contra CL, y está dando curso al pedido de quite de la tenencia de parte iniciado por el agresor”, agregó Gallego.

Así se ve cómo la Justicia reproduce o incluso potencia el maltrato que vivieron en su relación de pareja. El solo hecho de que a una mujer le llegue un pedido de medida cautelar para sacarle la tenencia de sus hijos es perturbador. Muchas víctimas que recurrieron a los tribunales para dar cuenta de agresiones y amenazas de parte de sus ex terminan preguntándose si valió la pena, porque el camino es tortuoso y desgastante. Además del costo económico –que no todas pueden sostener– que implican los abogados defensores, en un sinfín de causas con las que el agresor-denunciado perpetúa el maltrato con el aval judicial. C. L., la ex esposa del contador, es una de las tantas, alrededor de mil mujeres, que enviaron a Yoko Ono, la foto de sus ojos y un texto sobre las violencias machistas sufridas, para exponer en su muestra que se inauguró días atrás en el Malba (ver aparte).

Denuncias cruzadas

En la OVD están viendo el fenómeno con preocupación. El grupo de 30 a 39 años, que es la franja etaria a la que pertenece el mayor porcentaje de varones que suelen presentarse como afectados, fue de 76 en enero (frente a 699 mujeres de esas edades que denunciaron a un varón agresor); en febrero, fueron 88 los varones que denunciaron (y 690 mujeres), en marzo 95 (y 755 mujeres), en abril 111 (y 664 mujeres) y en mayo 146 varones (749 mujeres), según datos del organismo. “Cuando vienen varones adultos que denuncian a las mujeres en general el resultado es que la evaluación es de riesgo bajo o sin riesgo (de sufrir situaciones de violencia) para quien viene a denunciar. Y en muchos casos lo que se ha evaluado es que quien aparece como denunciada o los niños involucrados son quienes pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad o mayor riesgo, más que quien viene a hacer la denuncia”, explicó a este diario una especialista de la OVD. En cambio, cuando denuncian las mujeres, los casos en los que se evalúa que el riesgo es bajo representan un porcentaje menor. Por ejemplo, de las mujeres de 30 a 39 años que denunciaron en lo que va del año, desde el 1º de enero hasta el martes 29, en total 1279, apenas en el 8 por ciento de los casos se evaluó riesgo bajo. El 72 por ciento restante fue considerado moderado (274 casos), medio (436 casos), alto (384 casos) y altísimo (79 casos).

En el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense están estudiando la tendencia con más detalle. “Hemos observado que los agresores que han sido excluidos del hogar a partir de una medida judicial por violencia familiar inician causas penales por el delito de usurpación contra las mujeres que residen en la vivienda. En esos casos la mujer que ha sido víctima de violencia queda imputada en una causa penal que se tramita con desconocimiento de las denuncias previas y el contexto de violencia de género en que sucedieron los hechos”, señaló a este diario Malacalza, coordinadora del OVG. Un caso emblemático para el OVG fue el de Juana, una mujer que después de haber presentado varias denuncias por violencia familiar logró que la justicia de familia ordenara la exclusión del hogar del agresor.

Posteriormente el agresor presentó una denuncia penal por el delito de usurpación y el juez de Garantías 1 de Lomas de Zamora, que intervino en la causa, dispuso el desalojo de Juana y sus hijos a través de la fuerza policial. “Como es evidente, en las actuaciones penales no fueron tenidas en cuenta las denuncias de violencia presentadas por Juana. El OVG patrocinó esa causa y fue posible la restitución de la vivienda a partir de visibilizar en el proceso penal la violencia física y psicológica que sufría Juana y de enmarcar la denuncia penal por usurpación que había presentado el agresor como una modalidad de violencia económica patrimonial tal como lo establece la Ley Nacional 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres”, indicó Malacalza.

Otras situaciones en las que aparecen denunciadas las mujeres por sus agresores tienen relación con la tenencia de los hijos, precisó la coordinadora del OVG. Como le sucedió a C. L. en la ciudad de Buenos Aires. En esos casos, detalló Malacalza, las denuncias que inician los agresores tienden a descalificar, desacreditar y deslegitimar la palabra de las mujeres y sobre todo el modo en que ejercen su maternidad y el cuidado de sus hijos. “Junto con la descalificación se suman instancias de patologización que en la mayoría de los casos son avalados por la justicia provincial: “ella está loca”, “se pone muy nerviosa”, “se desborda con facilidad”, “alguna vez estuvo internada”, “se pone agresiva con los chicos”, “está enferma” son expresiones que se agregan en las denuncias y tenidas en cuenta sin el aporte de pruebas ni la solicitud de esas pruebas como sí se les exigen a las mujeres cuando denuncian situaciones de violencia”, alertó Malacalza en diálogo con este diario.

Se trata de “denuncias cruzadas” dentro del mismo fuero judicial y entre distintos fueros (penal y de familia), por eso desde el OVG reclaman la necesidad de que el Estado implemente un sistema unificado para la gestión de las causas judiciales por violencia de género, un registro compartido por los distintos fueros del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Malacalza explicó que una de las mayores dificultades que existen es la falta de articulación entre los distintos procesos judiciales que se inician por varias denuncias de una misma víctima de violencia. Para dar un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, en un juzgado de familia se dicta una medida de protección por violencia familiar, en otro juzgado se ordena un régimen de visita y en otra causa judicial se resuelve la tenencia de la vivienda.” Las denuncias que inician los agresores son parte de esta trama burocrática que desprotege a las mujeres que denuncian situaciones de violencia de género”, alertó la especialista.