“Estuve mucho tiempo sola, muy sola y ahora siento la fuerza de mucha gente que me acompaña. Tengo fe de que pronto se va a hacer justicia por mí. Hace dos años y cuatro meses que no puedo estar con mi familia, eso es lo que más lamento; que me hayan separado de ellos. Extraño mi casa y mi vida de antes”, escribió Belén, desde la Unidad Penitenciaria N° 4 de Tucumán, donde está presa hace ya casi 900 días, tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. Sus palabras fueron leídas ayer en el marco de la conferencia de prensa que brindaron referentes de una decena de organizaciones comprometidas con los derechos humanos, donde informaron sobre los fundamentos de los amicus curiae que presentaron ante la Corte Suprema de Tucumán, para pedir por la liberación de la joven, y la anulación de la “arbitraria” e “injusta” condena en su contra a 8 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el vínculo. “Es un hecho inédito que en un caso de aborto se presenten esta cantidad de amicus”, destacó la ex diputada María Elena Barbagelata, en representación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).

El alto tribunal tucumano tiene que resolver la apelación presentada por la abogada de Belén, Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir. Deza asumió la defensa después de que se conociera la condena. El cuestionado fallo fue dictado el 19 de abril por la Cámara Penal III de Tucumán. A Belén se le imputó haber matado a un supuesto bebé que habría dado a luz en un baño del Hospital Avellaneda, al arrojarlo intencionalmente por una cañería. No hay ninguna prueba que la vincule con ese hecho, destacan los distintos amicus curiae.

El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, subrayó que la causa contra la joven se originó con la violación del secreto profesional de parte de médicos que la atendieron “y eso es suficiente para que la Corte revierta la condena y la anule”. Natalia Gherardi, titular del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, advirtió que “hay que mirar el caso estructuralmente: lo que muestra es la violencia institucional del sistema de salud”. Para las ONG, el caso de Belén es un botón de muestra y esperan que signifique un punto de inflexión para desarmar una cultura patriarcal enquistada en el sistema de salud y judicial que atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El viernes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pidió al Estado argentino que se revise el “caso de Belén”, a la luz de los estándares internacionales en la materia, y se la libere.

Las ONG advirtieron que “el Estado, a través de los servicios médicos y los operadores judiciales, sometió a la joven a malos tratos y humillación. De esa forma incumplió su deber de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”. En particular, los médicos la sometieron a violencia obstétrica, no guardaron el secreto médico ni la confidencialidad médico-paciente. La justicia primero le dictó prisión preventiva y luego la condenó en un proceso irregular, sin respetar el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio. “Si se mantiene su condena, la Argentina va a tener que responder internacionalmente”, señaló Milena Páramo, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

“Belén no gozó de una defensa efectiva y eficaz. Según surge de su propia declaración la joven sostuvo su inocencia en todo momento. Sin embargo, la defensora oficial Norma Susana Bulacios, contradiciendo los dichos de Belén, centró su defensa en la hipótesis de que era inimputable por haberse encontrado en estado de inconsciencia y sin dominio del acto, lo que el Tribunal interpretó como un tácito reconocimiento de la materialidad del hecho”, indicó a Página/12 Celeste Braga, de Innocence Project Argentina. En la conferencia de prensa estuvo también el presidente de la entidad, el ex diputado y el ex fiscal Manuel Garrido.

Los amicus curiae fueron presentados por Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (Andhes), la APDH, la AABA, la Asociación Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional (AI), CELS, Cladem, ELA, IP Argentina y la diputada nacional Soledad Sosa, del bloque Frente de Izquierda, en representación de referentes políticos, sindicales y de los derechos humanos.También la Defensoría General de la Nación por su parte y el Consejo Nacional de las Mujeres, se presentaron como amicuscurie para reclamar la liberación de Belén.

La tragedia de Belén comenzó en la madrugada del 21 de marzo de 2014, cuando llegó a la guardia del Hospital Avellaneda en busca de atención médica por dolores abdominales. En un primer momento le suministraron un calmante. Mientras se encontraba en la guardia, fue a uno de los baños en dos oportunidades. Como en la segunda vez, regresó con una hemorragia vaginal, la derivan al Servicio de Ginecología, donde el médico José Daniel Martín, le informó que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 22 semanas. Así quedó asentado en su historia clínica. Belén le dijo al médico que desconocía estar embarazada. Luego, la jefa de Parteras, Marta Monje, por orden de Martín, fue con la guardia policial del mismo hospital a los baños del hospital “a la búsqueda del producto que habría expulsado” Belén. Esa información debió ser resguardada en función del secreto profesional. En un baño –existen contradicciones acerca de cuál de ellos y hay varios– encontraron un feto y automáticamente fue nombrado por los médicos, policías y operadores de la justicia, como “hijo” de la joven, sin realizar en ningún momento un análisis de ADN. Ese estudio nunca se hizo. Sobre la edad gestacional del feto, la investigación penal también tiene serias contradicciones que lo llevan desde menos de 15 semanas hasta 32. Ningún profesional justificó en qué criterio basa sus apreciaciones. Belén fue objeto de todo tipo de ofensas y malos tratos. Desde que despertó del legrado, fue fuertemente coaccionada por parte de los funcionarios del Hospital para que declare haber asesinado a su supuesto bebé. Se dio intervención a la médica de la Policía, Marcela Sueldo, que desde un inicio identificó a Belén como “homicida”: así lo consigna en el acta policial suscripta entre las 6.45 a. y 7.05 am del 21 de marzo de 2014. Incluso, a modo de escarmiento moral, el personal del Hospital dispuso la internación de Belén en la sala de nacimientos, destinada a madres y sus recién nacidos, donde se le puso una consigna policial, a pesar de que dos profesionales del mismo hospital –la psicóloga Patricia Daniela Bravo y la psiquiatra y Gladys Viviana Hansen de Tabuenca–, dieron recomendaciones precisas orientadas a garantizar la contención emocional de Belén durante la internación, y destacaron que tenía una “evidente crisis de angustia” (conforme surge del informe suscripto por las profesionales al director del hospital). Estando convaleciente fue requerida para declarar como imputada. Y del hospital fue trasladada detenida a la cárcel, donde todavía permanece.