“Nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legítimos”, declaró Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia ante el juez Sebastián Casanello, quien lo había convocado como testigo experto en la causa donde se investiga la vinculación de Mauricio Macri con las sociedades offshore Fleg Trading y Kagemusha así como el contenido de sus declaraciones juradas. El experto precisó, según su testimonio –al que accedió Página/12– para qué se utilizan estas empresas arraigadas en paraísos fiscales: “La mayor parte, pero no la única, obedece a la evasión fiscal, lavado de activos, pago de coimas y en menor medida defraudación del cónyuge en los divorcios, planificación sucesorio en fraude a la ley argentina, ocultación de bienes registrables, especialmente inmuebles, fraudes laborales, concursales y societarios”.

Nissen dijo en el juzgado que por su experiencia como especialista en derecho societario, abogado, profesor y ex titular de la IGJ (entre 2003 y 2005), no conoce ninguna sociedad offshore “que no haya causado perjuicios a terceros o que no haya sido constituida con fines ilegítimos”. En ningún momento le preguntaron ni habló específicamente sobre las que están vinculadas con Macri. La semana pasada la Unidad de Información Financiera (UIF) confirmó su participación en el directorio de Kagemusha, que figura en los registros públicos de Panamá, y Fleg Trading Limited aparece en los llamados Panamá Papers. Para defenderse, el Presidente sostuvo que esta última no está activa. Sin embargo, un dictamen del fiscal Federico Delgado señala que habría estado en actividad y en relación con sociedades de la familia Macri: a través de Socma, Fleg se habría quedado con casi todo el capital de la firma Owners Do Brasil, que se usó para instalar Pago Fácil en ese país, como reveló Página/12, para lo cual habría pagado cerca de nueve millones de dólares.

En la Argentina, de acuerdo con la explicación de Nissen, este tipo de sociedades son ilegales. Están prohibidas por resoluciones de la IGJ en la Ciudad de Buenos Aires (las 2/05, 7/05 y la última es la 7/15, que está vigente). También puntualizó que están prohibidas por la ley 19550 de sociedades comerciales, en los artículos 19 y 124. La decisión de prohibirlas fue posterior al incendio en Cromañón, que precisamente estaba a nombre de la sociedad Nueva Zareluz SA, constituida en Uruguay. El objetivo de la prohibición es que toda sociedad que tenga actividad en el país sea transparente, se sepa quién la constituye, qué responsabilidad asumen sus socios, qué capital tienen, se inscriba en los registros mercantiles y que paguen los impuestos que correspondan. El que desarrolle una actividad comercial en el país, que cumpla con las reglas locales. Esta normativa, en rigor, no rige en todas las provincias, ya que no todas la adoptaron. Mendoza, por ejemplo, sigue aceptando inscribir offshore.

En los llamados paraísos fiscales, explicó Nissen ante las preguntas del juzgado, los requisitos para constituir una sociedad “son casi nulos”. “Los estatutos se hacen online desde el estudio jurídico contable, no hay control de legalidad e las cláusulas del contrato social, las acciones son al portador (o sea, no se sabe de quién son), los socios fundadores, son empleados del estudio que lo constituye, cuenta con un capital social mínimo, pueden actuar en todo el mundo, y los libros pueden circular por todo el mundo”, señaló. “Y finalmente -dijo para completar– el objeto es tan amplio, que con una sociedad offshore, el verdadero dueño, tras la máscara de la sociedad, puede hacer lo que quiera en cualquier parte del mundo, salvo en los países donde han sido prohibidas, como Argentina”. El ex titular de la IGJ, evaluó que “no es admisible que quien pretenda elegir el lugar donde pagar los impuestos a una tributación mucho menor de lo que corresponde, se esconda detrás de una sociedad. No hay justificación alguna tributaria para autorizar el funcionamiento de esta clase de sociedades”.

A Nissen no le sorprende que si Macri o su familia constituyeron sociedades en paraísos fiscales no las haya declarado porque “la sociedad offshore se hace para no ser declarada”. También declaró si (como en el ejemplo de Fleg Trading) alguien tiene actividad comercial en Brasil, debe constituir una sociedad allí, o si lo hace desde una sociedad en Argentina, debe contar con una filial brasileña. En el juzgado le preguntaron si sería disparatado que alguien declare una offshore ante la AFIP. Para el ex funcionario es hasta graciosa la pregunta, por la naturaleza misma de las offshore, que son un mecanismo de ocultamiento. Quien declara una firma de esas características debería ser investigado al instante, por el organismo recaudador y todos los que corresponda. Declarar una offshore, suele decir Nissen, sería como “declarar que robaste un banco”.

De acuerdo a los Panamá Papers, 1200 argentinos son accionistas o integran directorios de empresas offshore. Varios ejemplos ilustres están en el gabinete o cerca de Macri, desde su hermano intendente de Vicente López, Jorge Macri, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, hasta el empresario amigo del presidente Nicolás Caputo y el titular de Boca denunciado como operador en el Poder Judicial, Daniel Angelici.