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Por Washington Uranga y Natalia Aruguete

–En el actual escenario comunicacional argentino ¿qué aspectos hay que discutir?
–Lo que está en discusión es el fundamento básico de comunicación, inspirada en la teoría “habermasiana” de que la sociedad moderna se articula en base a flujos de información y comunicación. Eso es algo que acá no se asume ni desde el Estado ni desde la sociedad. No es un dato constituido en la sociedad lo que Aníbal Ford llama “la comunicación socialmente necesaria”: hay información que la sociedad necesariamente debe tener para constituir activamente el lazo de convivencia democrática. Partiendo de ese supuesto se puede tener una lectura acerca del rol que deben jugar los medios o el Estado para garantizar esa información socialmente necesaria. Esta sociedad nunca discutió eso.
–¿Por qué ni siquiera se discutió?
–No se discutió colectivamente. Hay una contestación de la diputada Irma Parentella a unas declaraciones de Julio Bárbaro, el presidente del Comfer, en las que ella dice algo cierto: aunque no haya habido discusiones colectivas ni una puesta en agenda del conjunto de la sociedad, sí hubo intentonas. En 1987 se impulsó el proyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Gustavo López (ex titular del Comfer, 1999-2000) hizo gestiones y convocó a varios debates para armar un proyecto distinto de radiodifusión. Más allá de las diferencias que se puede tener con esos proyectos, hay allí un común denominador: todos identifican que la comunicación es un bien social. Eso define cierto tipo de servicio público. ¿Por qué esta sociedad no lo debatió colectivamente? No sé.
–¿Tiene que ver con el escenario social del país, con la dirigencia política de la Argentina o con ambas cosas?
–Pienso que pueden ser ambas cosas y una tercera: la centralidad económica que tienen los medios. Tiene que ver con la comunicación y no sólo con los medios, también con las industrias culturales. A partir de los años ochenta, la comunicación empieza a tener una centralidad económica que inhibe muchos debates sobre comunicación porque afecta intereses económicos muy claros. Al mismo tiempo, la Argentina recupera el sistema constitucional, que se supone condice con la posibilidad de discutir a fondo algunos temas. Pero habría que advertir que no es el único tema que la Argentina no ha discutido en los veinte años que lleva de democracia. No sé siquiera si éste de la comunicación es el tema central. La “deuda social” que tiene la Argentina tal vez sea más urgente y más lacerante y tampoco se ha discutido. Aflora dramáticamente, pero no se discutió.
–Los temas relativos a la “deuda social” encuentran al menos espacios de socialización que lo articulan. En cambio, lo comunicacional queda restringido a ámbitos muy reservados...
–Sí. Más aún, el Estado tiene un ministerio que se ocupa del desarrollo social. Eso es una política pública. Asumió que la pobreza es un tema importante. Pero no asumió que la comunicación es un tema relevante. En la universidad, para demostrar lo importante que es la comunicación, les planteo a los alumnos el tema de la educación. Desde hace muchos siglos, el Estado asume que la educación es fundamental para articular la convivencia de la sociedad. La educación es un punto clave y eso le da potestad al Estado. Esto está legitimado y a nadie le preocupa que el Estado pierda plata con la educación, no es un ámbito para ganar plata. Con la comunicación, el Estado debería asumir que los chicos pasan tantas horas frente a la escuela como a la televisión y que los chicos se socializan a través de los medios de comunicación de un modo equivalente a como se socializan a través del sistema educativo, donde el Estado tienecompetencia. Y debería formar parte de la preocupación estatal que un ciudadano, cuando se incorpora a la vida adulta, ha estado mediado por las estrategias formativas del sistema educativo como por las estrategias comunicacionales del sistema de medios.
–¿Se puede seguir pensando que lo que pasó en los noventa es producto simplemente de una “retirada del Estado”?
–Creo que juegan otras cosas. La imagen de retirada del Estado, al menos en Argentina, es un mito. El Estado no se retiró nunca. El mito del Estado en retirada funcionó mediante una actividad reglamentadora del Estado mucho más activa de la que tuvo en los tiempos en los que, presuntamente, el Estado era activo en la comunicación. Y no sólo ha reglamentado, estuvo más presente en el rol de regulador discrecional de los medios de comunicación. No como gestor de los canales de televisión abierta, pero sí en el rol de definidor de las condiciones en las que algunos podían acceder o no a las licencias de televisión abierta y sostener o traspasar esas licencias a otros. En los años noventa, el Estado estuvo más presente que nunca en términos de regulación e intervención, no sólo en el sistema de medios sino también en las industrias culturales, como en la industria del cine. Lo peor es que la intervención de la década pasada tuvo una consecuencia muy negativa. Porque el esquema del conjunto de las industrias culturales, es decir, todos los flujos de comunicación mediados, es un esquema híper concentrado y eso conspira contra la calidad democrática, contra la construcción de esa teoría “habermasiana” de una sociedad moderna que garantiza una información mínima para el conjunto de sus habitantes.
–Si el Estado permitió y generó esta estructura de mercado, ¿puede el Estado modificar esta estructura de mercado en el escenario actual?
–Absolutamente sí. El mito del Estado en retirada es solidario con el mito del mercado autorregulado. Desde que existen las industrias culturales, desde que la cultura y la comunicación se cristalizan como industrias, el Estado interviene permanentemente. Y hay ejemplos históricos, en la Argentina y afuera, de situaciones en donde el Estado presuntamente intervino menos y eso garantizó que las fuerzas del mercado diseñaran el mapa comunicacional o cultural a piacere. Pero también hay ejemplos de que el Estado pudo revertir con políticas activas esa situación. En la Europa pos Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de los países muchas actividades culturales no estaban intervenidas por políticas públicas, y con posterioridad hubo políticas públicas y se crearon las potentes maquinarias culturales en términos de servicio público que funcionaron hasta la década del noventa. El Estado no siempre intervino desde el inicio.
–Desde el oficialismo, Julio Bárbaro ha planteado que el Estado tiene más poder que el mercado, ¿es efectivamente así?
–No estoy muy de acuerdo, porque eso abona la idea de que el Estado estuvo en retirada y no creo que haya sido así. El Estado en la Argentina de los noventa no fue débil, por el contrario, fue muy poderoso y en términos de comunicación sobre todo. Una de las deudas que tiene el sistema constitucional desde 1983 es no haber cambiado la ley de Radiodifusión. En 1989, el Parlamento –ni siquiera el Poder Ejecutivo– sancionó la ley de Reforma del Estado con la que cambió sustancialmente el ecosistema de medios e industrias culturales en Argentina. Quién puede ser propietario y quién no, cuánto tiempo... y eso se hizo mediante una ley de Reforma del Estado, lo cual es muy significativo. La afirmación de que ahora el Estado es fuerte y no lo fue antes supone que durante los noventa no fue un actor decisivo. Y lo fue en carácter asociativo con las fuerzas del mercado. Es cierto que los protagonistas privados de ese mapa comunicacional que quedó dibujado después de los noventa aparecen ahora más debilitados que en los años ‘96 y ‘97. En eso coincido con lo que diceBárbaro. Las deudas motivaron que nuevamente el Estado, a través del Parlamento, sancionara la ley de Defensa de Bienes Culturales, que en realidad es la protección para evitar que la convocatoria de acreedores de los principales grupos de comunicación termine en manos de extranjeros.
–¿Cómo caracterizaría esa ley?
–Es la única ley de bienes culturales, sancionada en el siglo XXI, que no menciona la palabra contenidos. Lo único que le preocupa a la ley es poner el tope del 30 por ciento de las acciones para capitales extranjeros a la propiedad de medios o industrias culturales.
–¿Qué pasa con los argentinos que no logran articularse, ciudadanos e instituciones, para debatir sobre lo comunicacional?
–No hay siquiera una huelga de controles remotos, como en Italia, contra la TV basura. No lo hacen ni los grupos socialmente más necesitados, probablemente porque tienen otras urgencias, ni los grupos menos necesitados. Ya no digo como ciudadanos, ni siquiera como consumidores de medios.
–¿Por qué?
–No sé, porque en otras sociedades sí se da. Hoy a uno le pueden aumentar la cuota del cable y no pasa nada. A lo sumo, hay respuestas individuales.
–El tema comunicacional no está en las propuestas políticas, pero tampoco en la agenda de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué?
–Es cierto. Y no encuentro una explicación evidente, al menos en términos comparativos. Por qué acá no y en Brasil, sí. Allá hay un foro para la democratización de la cultura y acá no. Pensaba que una explicación posible podría ser: “Los alemanes tienen más tiempo, trabajan menos horas por semana y tienen más tiempo de ocio”. Alemania es una sociedad donde la cultura es importante desde antes de la República de Weimar. El prototipo de cine potente industrial no es Hollywood sino la Alemania previa a los años veinte. Y eso era una política de Estado. Entonces, uno podría decir que ese es un país que tiene una tradición... pero Brasil tiene ejemplos de esto y no es Alemania. No sé por qué se da así. Tiene que ver con algo muy específico de la Argentina, donde este tema ha sido particularmente un tabú. Por lo menos en los últimos veinte años.
–¿Qué responsabilidad tienen los sectores académicos en esta situación?
–Tienen una responsabilidad que a veces se sobredimensiona. La facultad más antigua de periodismo en América latina era la de La Plata. En la Argentina, la institucionalización universitaria de la comunicación se dio a mediados de los años ochenta. No es casual, coincide con la centralidad que empieza a tener la comunicación y justifica los proyectos llamados de sociedad de la información, etc. Es una historia de vida muy corta la que tiene la comunicación universitaria para producir cuadros académicos que reflexionen o generen proyectos sostenidos. Eso es muy reciente. Los posgrados en comunicación empiezan a mediados de los años noventa. Es un tiempo muy breve para producir personas que tengan estudios sistemáticos largos en el tema. Lo cual no quiere decir que no haya especialistas que trabajen el tema de comunicación desde otros saberes: desde el periodismo, la letras, la sociología. Pero gente que reflexiona dentro de los propios códigos de la comunicación se forma sistemáticamente en la Argentina desde hace poco tiempo. Esto no es para excusar a la academia. La concentración que empieza a verse en la Argentina en los últimos años no fue nunca vista en la historia y eso no fue puesto en cuestión por parte de los académicos sino hasta los años noventa. No es menos cierto que en el sistema de medios también hay censura y autocensura desde los años ochenta. No todos los temas pueden ser puestos en los medios.
–¿Por qué no?
–Tal vez coincida mucho con que el ecosistema de medios está cada vez en menos manos y a los protagonistas de medios –que son pocos– no les interese introducir reflexiones que pueden llevar a cuestionar su propia estructura, su fundamento. Si uno discutiera la racionalidad de toda la acción pública que en los años noventa consolidó el actual ecosistema de medios y de industrias culturales en la Argentina llegaría a conclusiones fuertes respecto de la falta de separación entre las decisiones gubernamentales y el interés que tenían los grupos que fueron beneficiados por esas decisiones.
–Un viejo debate ¿comunicación de interés público o un servicio público?
–Un servicio público. Es necesario. Hay una situación objetiva y es que la Argentina, como casi todos los países periféricos, necesita hacer de la comunicación un servicio público. Garantizar cuotas mínimas de flujos de información y comunicación para el conjunto de la sociedad. Eso define el rol del Estado. Hay un antiejemplo a esto de que la sociedad no ha sabido tematizar y poner en debate público los temas de comunicación y que revela la censura y autocensura de los medios de comunicación. En diciembre de 2001 hubo fuertes protestas contra la cobertura de los medios de comunicación a las manifestaciones de la población. Ese es un ejemplo cabal de censura. La Argentina necesitaba saber qué pasaba en Plaza de Mayo y las canales de televisión estaban en otra cosa. Es como el dicho: “Nos mean y los medios de comunicación dicen que llueve”. Un medio de comunicación debe comunicar lo que sucede y en ese momento lo que se hizo fue ocultar lo que pasaba. Todos los días suceden estas cuestiones, si bien de un modo más sofisticado, y opera la autocensura.
–Ahora, si en la Argentina el sistema de medios está definido como sistema de interés público desde siempre ¿se puede hacer un cambio tan brusco en su caracterización?
–Los cambios en comunicación y cultura son a mediano y largo plazo. Hay ejemplos de eso en la Argentina. En 1973 el gobierno peronista decidió rehacerse con las licencias de los canales de televisión abierta: ese es un buen ejemplo que demuestra que los canales en manos del Estado no garantizan nada por ese sólo hecho. Los canales de televisión abierta estuvieron en manos del Estado casi veinte años y tuvieron los mismos pros y contras que tuvieron durante la gestión privada. Frente a un canal 7 propiedad del Estado, pero en manos de Gerardo Sofovich es preferible un canal privado con un grupo de profesionales más adecuado y consustanciado con las misiones y funciones que debería tener ese canal, un aspecto que nunca se cumple ni se mira. Pero es verdad que si uno tuviera que pensar en medidas de democratización se deberían pensar en cuestiones clave: la producción de la cultura y la comunicación está concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires, no existe ahora en el interior del país pero existió antes. No sólo hay habilidades que se están marginando y una memoria de producción en esos lugares y desde luego hay núcleos urbanos significativos, que justificarían que exista producción de comunicación y cultura.
–En esas ciudades ¿qué lugar deberían tener los medios alternativos?
–Hay una enorme dispersión y es difícil articular entre los proyectos alternativos. Hay algunos medios alternativos verdaderamente importantes que tienen las dimensiones de un medio comercial en una ciudad del interior del país y hay medios alternativos muy pequeños que se hacen artesanalmente. Lo que evidentemente debería ser punto de partida es revisar la situación de marginación legal de estos medios. Hoy las trabas que se le imponen a cualquier persona que no sea solvente económicamente para administrar y gestionar un medio de comunicación conspiran contra el espíritu democrático de la comunicación y la cultura. Para la legislación argentina Raúl Moneta, simplemente porque tiene capital, es una personamás idónea para gestionar un medio de comunicación que las Abuelas de Plaza de Mayo.
–En una discusión de redefinición de políticas comunicacionales, ¿a qué actores se debería convocar?
–Necesariamente deben estar convocados los trabajadores de comunicación y cultura donde también hay una diversidad de agrupaciones gremiales y políticas. Tienen que estar quienes estudian e investigan temas de comunicación y cultura, y debe estimularse la participación consumidores de comunicación y cultura. Obviamente tienen que estar los representantes del pueblo, los legisladores, porque es a ellos a quienes la sociedad vota. Y por supuesto deben estar los propietarios. Pero para ello es necesario que todos los actores de la comunicación acepten sentarse a la mesa. En la Argentina esa falta de diálogo conspiró contra la puesta en agenda de todo esto. Ahora bien: no lo hacen porque el Estado argentino nunca los forzó a hacerlo.