“Hemos trabajado mucho para lograr el apoyo de casi 300 jueces, fiscales y defensores a este proyecto y lo que ahora esperamos es lograr un consenso, a nivel Legislativo, para poder impulsar una norma legal que le ponga fin a la ‘guerra’ contra las drogas”. En diálogo con Página/12, Mariano Fusero, de la Asociación Pensamiento Penal (APP), expresó su satisfacción por el logro alcanzado a nivel del Poder Judicial y ahora esperan “que se vuelva a retomar el camino que se había iniciado con el proyecto de reforma del Código Penal, inspirado por Raúl Zafaroni, para terminar con la penalización del consumo y empezar a transitar otros avances, como la reparación de daños”. Fusero recordó que en la frustrada reforma “se había logrado un amplio consenso de legisladores, incluso el aval de Federico Pinedo” del PRO.

Fusero insistió en que “para poder concretar un avance a fondo en materia de despenalización de drogas y para instalar una lógica distinta frente al problema, es necesario lograr un amplio consenso en el Poder Legislativo”. La propuesta de la APP fue expuesta y avalada ayer, en el Congreso de la Nación, durante un encuentro en el que aportaron sus ideas algunos de los magistrados firmantes de la iniciativa.

La presentación de los paneles, en el salón Azul del primer piso de la Cámara de Senadores, estuvo a cargo de Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal (APP), y de Mariano Fusero, responsable del área de Política de Drogas de la APP. Ambos resaltaron que, hasta ayer, la propuesta de la entidad para la despenalización efectiva del consumo y para descriminalizar el tema tratando de ponerle fin a la llamada “Guerra contra las Drogas” –incentivada por el gobierno de Mauricio Macri–, contaba hasta ayer con un total de 265 firmas de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, lo que indica que en las últimas 24 horas hubo nuevas adhesiones a la iniciativa, que también ha recibido el respaldo de más de miles de personas apenas se lanzó la campaña.

Los organizadores del encuentro, además de ratificar la “inconstitucionalidad” de las normas que se aplican contra los usuarios, resaltaron que lo que se busca con la despenalización “no es más que la lucha por las libertades individuales, con el objetivo de afianzar la democracia”.

Tanto Juliano como Fusero aclararon que no sólo buscan que cese “la persecución a los adictos” sino que también se tomen otras medidas en la misma dirección, como la reducción de daños, una ley que ya tiene un antecedente, pero no se ha podido aplicar porque “nunca fue reglamentada”. En la apertura, como símbolo trágico de la política represiva, se recordó el caso del joven entrerriano Miguel Ángel Durrels, de 29 años, detenido en septiembre de 2013 por tener 70 gramos de marihuana y que apareció ahorcado en un calabozo de la comisaría primera de Pilar; murió en una celda que había sido clausurada por decisión del Ministerio de Justicia bonaerense.

El juez Martín Vázquez Acuña, del Tribunal Oral 1 de la Capital Federal, fue el encargado de abrir el primero de los dos paneles realizados para fundamentar la propuesta de la APP. Para dejar en claro el peso que tiene la persecución penal de adictos y pequeños distribuidores de droga en el país, señaló que “sobre un total de 10.315 presos en las cárceles federales, el 30,98 por ciento son personas detenidas por la Ley de Drogas”. Del total de encarcelados por drogas, 2.794 son hombres y 402 mujeres.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, sobre 37.097 detenidos, el porcentaje de presos por infracción a la Ley de Drogas llega al 8 por ciento, lo que significa un total de 3.194 personas. Vázquez Acuña dijo que se ha llegado a ese punto “en el marco de una política que se basa en la Seguridad Pública” y que coloca a los usuarios de drogas en la mira, por el viejo concepto –nunca probado científicamente– de que el consumo lleva indefectiblemente al delito.

Para poner en evidencia el incremento de la actividad punitiva en general, desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, el juez Vázquez Acuña resaltó que en el último fin de semana, un total de 40 personas fueron llevadas a la Unidad 28 del Poder Judicial, en Lavalle al 1300, que “no está preparada” para recibir un número semejante de personas llevadas allí “por problemas menores”.

El segundo expositor fue Luis Fernando Niño, juez de la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal. En su exposición hizo un paralelo entre la política represiva de los Estados Unidos y la idea opuesta que se aplica en países como Holanda. Uno de los contrastes más evidentes es que “mientras que la política de salud pública que se realiza en Holanda hizo que el consumo se redujera a un 0,2 por ciento de la población, en Estados Unidos, con la DEA como eje central, el consumo llega al diez por ciento de la población”.

Agregó que en el país europeo “en 2001 había cien mil adictos a la heroína y en 2015 esa cifra se redujo a 30 mil; y estamos hablando de heroína, no de drogas menores”. La cara opuesta, en América Latina, es lo que ocurre en Brasil, donde la guerra contra las drogas, hizo recrudecer la violencia y la proliferación de la droga en los barrios pobres, arrasados por la policía militarizada.

Por su parte, la jueza de la Cámara Federal de Casación Angela Ledesma se lamentó por el hecho de que “hicimos muy poco, desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo, para profundizar el camino que abrió, hace 30 años, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Bazterrica”, un hito desde la doctrina en lo que respecta a la despenalización del consumo de drogas en la Argentina.

Ledesma centró su intervención en la disparidad con la que se aplica el peso de la ley. En ese sentido, puntualizó que “La Ley de Drogas marca más claramente que ninguna otra que los perseguidos son los pobres, los consumidores, y los que venden para sobrevivir, dado que a los tribunales nunca llegan los grandes narcotraficantes en los que se basan las campañas que pretenden justificar la ‘guerra’ contra las drogas”. La jueza aprovechó la oportunidad de hablar en la Sala Azul del Congreso Nacional “para que los legisladores tomen nota de lo que estamos exponiendo y modifiquen las leyes que criminalizan a los más pobres, a los marginados”.

El segundo panel tuvo la participación del defensor oficial Gabriel Ignacio Anitua, del juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Scheibler, el fiscal de la Procuración General Félix Crous, y la Defensora Pública Interamericana, Silvia Martínez. El encuentro fue presenciado por representantes de organizaciones que vienen luchando desde hace años por la legalización del cannabis y por el cese de la persecución a consumidores y a los que cultivan para consumo personal.