SOCIEDAD • SUBNOTA
Las razones por las que algunos de los funcionarios judiciales firman la “Declaración de magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos”.
Alicia Ruiz, jueza del Superior Tribunal porteño. “No hay solución posible sin respeto irrestricto del sistema de garantías y de derechos humanos. El Poder Judicial es parte necesaria de una política estatal en la materia. Su compromiso con el estado de derecho le exige no tolerar actitudes que criminalicen la vida privada de las personas y en especial de quienes están más expuestos por su situación de vulnerabilidad.”
Félix Crous, fiscal de la Procuración General. “Acompaño la declaración de APP porque comparto todo su contenido. El fallo Bazterrica, del que se cumplen 30 años, nos recuerda la tensión permanente entre el abordaje de la relación de las personas con las sustancias desde una perspectiva democrática y de derechos humanos, frente al enfoque beligerante que lo trata como desde la defensa nacional y social, partiendo de presupuestos deliberadamente falseados, olvidando a la persona, afectando sus derechos y utilizándola como instrumento de objetivos geoestratégicos. Nuestro presente nacional exhibe esa tensión de un modo evidente.”
María Laura Garrigós de Rébori, camarista de Casación porteña.
“La criminalización de las adicciones no sólo dificulta el abordaje adecuado para un problema tan grave, sino que favorece el desarrollo de un mercado ilegal que, dada la generalidad que abarca, afecta a todo el grupo social sin distinciones. Pretender que el sistema penal es la vía adecuada para tratar un problema de estas características, no es la postura apropiada porque esta perspectiva es insuficiente para ocuparse de todas las aristas que ofrece el problema. Es que la persecución penal y la aplicación de la pena cuando esto ocurre, estigmatizan al adicto, poniéndolo en una situación que dificulta cualquier intento de liberarse de su afección y esto favorece que repita la conducta que lo involucra en causas penales. Al relegar el tratamiento de la cuestión al sistema penal, le damos la espalda al problema, nos desvinculamos, haciéndonos la ilusión que no nos compete ni atañe directamente. A mi modo de ver esta es la mejor forma de lograr que un problema se perpetúe: no reconocerlo como un asunto de todos.”
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