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El crimen de Sandra Cabrera mantiene en estado de alerta al gobierno de Santa Fe. El gobernador Jorge Obeid se reunió con Elena Reynaga, titular de la asociación de meretrices (Ammar) para prometerle el “saneamiento de la policía”. Es que en este momento las principales sospechas del gobierno sobre el crimen están centradas en dos círculos: los uniformados y los proxenetas de los boliches de prostitución privada que operaban con protección de la fuerza de seguridad. “Estamos convencidos en un 80 por ciento de que los autores salieron de ahí”, le indicó a este diario una fuente del área de seguridad. El secretario de Derechos Humanos de la Nación se encontrará hoy con el gobernador de la provincia. El juez Carlos Carbone, a cargo de la investigación, indagará hoy al sargento Sergio Bermejo, detenido e imputado por cohecho y amenazas de muerte a las trabajadoras sexuales de la Terminal de Omnibus rosarina. Para los investigadores, Bermejo era sólo la cabeza visible de una organización policial radicada en la vieja estructura del departamento de Moralidad Pública y dedicada a la extorsión, protección y recolección de dinero entre prostitutas y proxenetas. Aún no tienen pruebas sobre su vinculación con el homicidio.
En público, en declaraciones radiales, el ministro de Gobierno de Santa Fe dejó en claro la posición estratégica de la provincia sobre los reveses del crimen de la secretaria general del gremio de trabajadoras sexuales de Rosario: “Existen sospechas –deslizó Alberto Gianneschi– de la vinculación con policías”. Fuera de cámara, quienes tienen en mano la dirección ejecutiva de las fuerzas de seguridad son más cautelosos: “Ella estaba en el medio de un enfrentamiento feroz entre los proxenetas de la calle y los de los boliches privados, para nosotros –explicó una fuente del área– el asesino podría ser un policía de la institución pero también un sicario a sueldo de los cafishios”.
Las sospechas están basadas en varios puntos. En primer término, toman en cuenta los reclamos de Sandra Cabrera sobre la policía, en particular contra el Departamento de Moralidad Pública cuya cúpula fue descabezada en septiembre del año pasado y procesada por una de sus denuncias. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad de Santa Fe, a partir de la denuncia, el antiguo jefe de Moralidad Javier Pinatti y el subjefe Walter Miranda fueron procesados por brindarle protección a un boliche dedicado a la prostitución de adultas, de menores y al tráfico y reducción a la servidumbre de mujeres dominicanas.
Además de ese frente, la hipótesis del sicario enviado por los proxenetas o por los policías se basa en la ausencia de crímenes a prostitutas en Rosario y en las condiciones que rodearon la muerte: el escenario del crimen, el arma usada y los informes preliminares de la autopsia. Sandra murió el martes entre las tres y cuatro de la mañana de un tiro en la nuca. La autopsia indica hasta ahora que: el arma era de un calibre pequeño, un 32; su cuerpo no tenía restos de semen ni flujos vaginales o anales y habría muerto en el mismo sitio donde la encontraron, el acceso a un domicilio particular de la calle Iriondo 647, en medio de la zona roja de la Terminal de Omnibus y a una cuadra de la esquina donde esperaba a sus clientes.
De acuerdo con la autopsia, el cuerpo no tiene “rastros de tironeos, no hay manchas de sangre ni signos de que haya sido arrastrada hasta ahí”, indicó una fuente del juzgado. Los datos descartan por el momento una sospecha planteada ayer por Elena Reynaga: “Los asesinos la mataron en otro lugar y tiraron el cuerpo ahí”, le había dicho al juez Carbone, a cargo de la instrucción. “Seguramente –agregó Reynaga– la agarraron entre varios porque Sandra era una chica de un metro setenta y pico, grande, con un carácter fuerte y no se dejaba doblegar.”
Durante esta mañana, el juez indagará a Sergio Bermejo, un sargento que formaba parte de la estructura de Moralidad desbaratada por la denuncia de Sandra y que pese a ser trasladado a otra dependencia seguía extorsionando a las mujeres. El sargento está imputado por cohecho y amenazas. Su nombre aparece en una denuncia presentada el viernes pasado por Sandra y una de sus compañeras, Stella Longoni. En esa ocasión, lo acusaron de cohecho pero ayer otra de las integrantes del gremio aseguró que también las había amenazado de muerte.
Las presiones de la policía contra las meretrices de Rosario no son recientes. Reynaga ya había presentado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación una larga serie de denuncias realizadas por Sandra Cabrera como coordinadora del gremio de meretrices. Ayer, Reynaga recordó algunos datos antes del entierro y se los comentó al juez: entre ellos, una denuncia presentada por el gremio contra un ex comisario, supuesto dueño de uno de los prostíbulos de Rosario.