Por Yolanda Monge

–¿Existe una erosión de los derechos humanos en nombre de la seguridad?
–La erosión de los derechos humanos en nombre de la seguridad no es algo nuevo, lo vivimos en el Este de Europa durante la guerra fría, en la década de los años ‘80 en Latinoamérica y en muchos regímenes autocráticos y dictatoriales a lo largo y ancho del mundo desde entonces. Sin embargo, lo que es nuevo es la noción de una doctrina “global” en seguridad, promulgada por los países más poderosos de la Tierra, que ha minado de forma audaz e impune los derechos humanos. Esto ha puesto de manifiesto nuevos desafíos, tanto para los activistas de los derechos humanos como para los analistas de la seguridad. Esta doctrina global se expresa en el lenguaje de guerra de la Administración de Bush. Al hablar de “guerra”, el gobierno de EE.UU. está denegando la aplicabilidad de los derechos humanos o las libertades civiles, porque, como todo el mundo sabe, en tiempos de guerra las leyes que garantizan los derechos humanos quedan reemplazadas por la ley humanitaria internacional. Pero a la vez emplean el término “terror”, y ahí están negando la aplicación de la ley humanitaria internacional. Al combinar los dos bajo la controvertida noción de “guerra contra el terror”, lo que se ha creado es un agujero negro legal en el que la Administración de Bush echa en una cima de vacío legal tanto sus obligaciones legales domésticas como internacionales. Al complementar esta “guerra contra el terror” con la doctrina de los ataques preventivos, EE.UU. ha puesto en peligro tanto la seguridad internacional como los derechos humanos. Es irónico que al profesar la creación de un mundo más seguro, lo que EE.UU. y sus aliados han conseguido es minar la mejor forma de seguridad colectiva, que es el mandato de la ley internacional y de los derechos humanos.
–Tras el 11 de septiembre de 2001 se han librado dos guerras –Afganistán e Irak– en nombre de la seguridad. ¿Es ahora el mundo un lugar más seguro?
–Es un lugar más peligroso porque toda una combinación de fuerzas ha tratado de mermar los logros obtenidos en el terreno de los derechos humanos durante las últimas cinco décadas, en nombre de la seguridad y el antiterrorismo. Y sin embargo, las restricciones sobre las libertades no se han saldado con mayores dividendos para la seguridad. El mayor énfasis sobre la seguridad, lejos de convertir al mundo en un lugar más seguro, lo ha hecho más peligroso porque se han recortado derechos humanos y se ha socavado el imperio del derecho internacional, porque los gobiernos se han blindado contra todo escrutinio, porque se han agrandado las divisiones entre pueblos de distinta fe y origen. Además de esto, hemos visto emerger una nueva amenaza, una amenaza para los derechos humanos. La mejor forma de protección que tiene la gente son sus derechos. Pero con las nuevas leyes antiterroristas que han sido introducidas, los gobiernos creen que pueden poner en tela de juicio hasta los derechos más básicos. Esto es muy distinto de hace unos años. Hace tres años, ningún gobierno se habría atrevido a permitir la tortura, ningún gobierno se habría atrevido a admitir la detención sin cargos, Guantánamo. Estas son cosas que amenazan a los derechos humanos y que crean inseguridad.
–Pareciera que tras el 11-S se hubiera aceptado la lógica de que los derechos humanos se han convertido en una moneda de cambio para ganar en seguridad...
–Sí, es una buena definición de lo que ocurre. Pero como activista a favor de los derechos humanos no creo que éstos sean negociables. No lo pueden ser. Se lucha por conseguir la seguridad humana. Y para alcanzar la seguridad humana debemos reforzar la protección de los derechos humanos.
–Tras el 11 de septiembre resurgen batallas que se libraron en los años ‘60 y que se creían ganadas.
–Sin duda, hubo un retroceso. En momentos de inseguridad creciente, los gobiernos optan por hacer caso omiso del sistema colectivo de seguridadque representa el derecho internacional y lo socavan. Gobiernos democráticos y autocráticos aplican medidas draconianas de intromisión e interceptación, de detención y reclusión sin juicio de sospechosos, y de expulsión de personas sin consideración alguna por la suerte que pudieran correr. Estados Unidos siguió manteniendo privados de libertad a prisioneros de la guerra de Afganistán desafiando el derecho internacional humanitario, ha mirado para otro lado ante la tortura y malos tratos practicados contra sospechosos por sus agentes y aliados, y ha intentado minar la Corte Penal Internacional mediante acuerdos bilaterales. De paso, ha debilitado también su propia autoridad moral para alzar la voz contra las violaciones de derechos humanos que se cometen en otras partes del mundo.
–Acaban de presentar un informe muy novedoso para su organización sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y en situaciones tanto de conflicto como de posconflicto. ¿Esta campaña mundial, que durará dos años, forma parte de la ampliación de objetivos –económicos, sociales, culturales– que se propuso su organización en la Conferencia de Senegal de 2001 y en la que usted fue nombrada secretaria general?
–Amnistía siempre está creciendo como organización. Tiene que responder a las necesidades de la sociedad y de las personas. Cuando se creó la organización, la libertad de expresión era un gran problema; luego, más tarde, en los años ‘80, empezó a centrarse también en otros temas, amplió luego su trabajo para examinar la situación de los refugiados en los años ‘90, es decir, que AI ha estado evolucionando constantemente. Ahora son otros derechos los que están en primer plano, son los derechos de la mujer y los derechos sociales, culturales y económicos. Además existe una relación entre los derechos sociales, culturales y económicos, y los derechos de la mujer, porque la pobreza es un factor importantísimo en la violencia contra la mujer. Porque aunque las mujeres pobres no son las únicas que sufren la violencia, sí son estas mujeres las que están más expuestas a los riesgos.
–¿Son las mujeres las mayores víctimas de la violencia?
–Desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempos de paz como en la guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación y a la violencia de Estado, la comunidad y la familia. Durante los conflictos armados, la violencia contra las mujeres suele usarse como arma de guerra para deshumanizarlas o para perseguir a la comunidad a la que pertenecen. Son las estadísticas de violencia contra las mujeres las que ponen al descubierto la existencia de una tragedia de dimensiones mundiales desde el punto de vista de los derechos humanos. Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abusos en su vida. La violencia en el ámbito familiar es la principal causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años y provoca más muertes y problemas de salud que el cáncer o los accidentes de tráfico. Más de 60 millones de mujeres faltan hoy en el mundo a consecuencia de prácticas como el aborto selectivo en función del sexo y el infanticidio femenino... En Estados Unidos, cada 15 segundos una mujer es agredida por su marido o su compañero. Estas estadísticas son horribles. Y esto está ocurriendo hoy, en este día y hora. Estas cifras son sólo la punta del iceberg. Porque lo habitual es que se notifiquen menos casos de violencia contra las mujeres de los que se dan en realidad.
–Amnistía Internacional sostiene que la causa subyacente de la violencia contra las mujeres es la discriminación, que les niega la igualdad respecto de los hombres en todos los aspectos de la vida. ¿Restringe el Islam los derechos de las mujeres?
–La culpa no es del Islam, la culpa es de la forma en que la religión es interpretada. La religión es usada y manejada por razones políticas, para conseguir el poder. Creo que sería correcto decir que los principios en que se basan los derechos humanos son principios extraídos de valores humanos básicos y que están reflejados en todas las religiones del mundo.El concepto de Justicia, el concepto de tratar a la gente con respeto, dignidad, son todos principios válidos para todas las religiones del mundo. Así que no creo que haya una incompatibilidad inherente entre la religión del Islam y la democracia o los derechos de las mujeres.
–¿Cree que hay que prohibir el velo en las escuelas públicas en Francia?
–La cuestión de lo que llevan las mujeres o no llevan las mujeres no sólo ocurre en Francia; también en Arabia Saudí, donde la mujer está obligada a cubrirse la cabeza o, de lo contrario, es castigada. Creo que hay que evaluar esta cuestión en el contexto global. ¿Y qué es lo que vemos en el contexto global? Lo que vemos es que el cuerpo de la mujer se utiliza de una forma muy política, para poner asuntos políticos sobre la mesa. La posición de AI se sitúa desde la perspectiva de los derechos humanos. Y desde esa perspectiva, la cuestión del velo suscita cuestiones de libertad de expresión y de libertad religiosa. Y una mujer debe ser libre de elegir si llevar el velo o no. No debe ser castigada por no llevar el velo. Amnistía Internacional cree que esa ley viola los derechos humanos. Creemos que una mujer no debe ser obligada a no llevar el velo. Como tampoco obligada a llevarlo. Creemos que la ley francesa tendrá un impacto discriminatorio sobre las estudiantes, se vulnera su derecho a la libertad de expresión. Lo que ocurre en Francia es que creo que tenemos que tener cuidado con que el Estado no restrinja el derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa.
–Usted es musulmana, pero no lleva velo.
–Bueno, creo que es porque soy libre de no llevar velo, puedo llevarlo si quiero, pero tengo libertad de elección. Y ése es el asunto de fondo. De la misma forma que puedo elegir si voy o no voy a la iglesia, o si llevo o no un crucifijo, debo tener la libertad de elegir todo esto. La responsabilidad del Estado es asegurarse de que se puede hacer esa libre elección, y que si no me cubro la cabeza no seré agredida por nadie.
–Si tuviera que nombrar al gobierno más hipócrita en el respeto a los derechos humanos...
–Eso es muy difícil. Muy difícil porque creo que en lo que se refiere a los derechos humanos, la mayoría de los gobiernos, o todos los gobiernos, lo son en algún momento. Los gobiernos son políticos, toman decisiones políticas que violan esos derechos. También es cierto que se tiende a mirar de forma distinta el historial propio en materia de derechos humanos y el historial ajeno. Si se fija en el mundo occidental, los países del mundo occidental están mucho menos dispuestos a hablar de racismo, refugiados y emigración dentro de sus propias fronteras, y mucho más dispuestos a hablar de los problemas de los derechos humanos en otros lugares del mundo. En ese sentido se ve que prácticamente todos los gobiernos del mundo mantienen una doble vara de medir. Estados Unidos es famoso por mantener ese doble standard en lo que respecta a los derechos humanos. Si se fija en la historia de Latinoamérica y la política estadounidense en Latinoamérica o en el historial de Estados Unidos en Africa o en Asia durante la guerra fría, verá el historial de ese doble standard. La mayor decepción hoy día no es que EE.UU. lo mantenga, ya lo hizo en el pasado sino que hoy día la Administración estadounidense esté dispuesta a sacrificar los derechos humanos dentro de sus propias fronteras; creo que ésa es la señal más peligrosa que he visto.
–Estados Unidos ejecutó legalmente a 65 personas el año pasado.
–Sí, pero aunque en muchos países siguieron llevándose a cabo ejecuciones, el mundo se aproxima a la abolición universal de la pena de muerte. Lo creo firmemente. La gran mayoría de las ejecuciones llevadas a cabo en todo el mundo tuvieron lugar en muy pocos países. En 2002, el 81 por ciento de las penas de muerte se aplicaron en EE.UU., China e Irán. Estados Unidos está claramente en minoría entre la comunidad internacional en lo que se refiere a la aplicación de la pena de muerte. Hemos visto a los países europeos plantar cara y negarse a extraditar a personas;incluso dentro del contexto de la guerra contra el terrorismo, se han negado a extraditar personas para evitar la aplicación de la pena de muerte.
–¿Quién o cómo presionan a Amnistía Internacional?
–Es difícil que se presione a AI, porque somos independientes, imparciales y no recibimos subvenciones privadas ni públicas. Aun así, en muchas ocasiones, partidos políticos, grupos de presión o autoridades tratan de politizar la información que difundimos. Como en el caso de la guerra de Irak, en el que las denuncias de la organización sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Saddam Hussein se presentaban como prueba para justificar la invasión que posteriormente se llevó a cabo, desoyendo las recomendaciones de Naciones Unidas. Esto no puede ser así. La organización basa su trabajo en los principios del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y no puede permitir que se instrumentalicen sus informes. Trabajamos para conseguir un mundo en el que todas las personas disfruten de los derechos humanos, y eso no admite una politización.
–¿Qué espera AI de los medios de comunicación?
–Somos una organización de personas que trabajan por personas, y buena parte de nuestro trabajo consiste en hacer públicas las denuncias de las violaciones de derechos humanos que suceden en cualquier lugar del mundo. La visibilidad de esas denuncias consigue resultados eficaces, como parar una ejecución, repetir un juicio injusto o liberar a una persona injustamente condenada. Desde este punto de vista, es fundamental que los medios de comunicación, como interlocutores de la opinión pública, den visibilidad a los informes de la organización. Sólo de esta forma es posible presionar a los gobiernos y autoridades para que asuman su responsabilidad a la hora de tomar decisiones a favor de los derechos humanos. En este sentido, ha sido básico el apoyo de los medios de comunicación a la hora de denunciar casos concretos como el de Safiya Husseini, Amina Lawal, Alí Lmrabet o los españoles condenados a muerte en el extranjero Pablo Ibar o Nabil Manakli, por citar sólo algunos de los ejemplos más recientes.
–La campaña de la sección española ante las elecciones de España ha sido: “Votaré por un partido que defienda los derechos humanos”.
–Tuvimos una serie de propuestas a los partidos políticos para que promovieran en sus programas electorales el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, una vez analizados estos programas, nos encontramos con que contienen referencias a los derechos humanos, pero a la hora de concretar los compromisos, las propuestas resultan vagas y vacías de contenido. Resulta decepcionante que los partidos políticos no recuerden, cuando elaboran sus programas electorales, que España tiene una serie de compromisos internacionales en materia de derechos humanos según los cuales debería orientarse la actuación del futuro gobierno y oposición en política exterior e interior. Espero poder reunirme con los partidos políticos en junio, durante mi próxima visita a España, y poder discutir con ellos una agenda de derechos humanos para la próxima Legislatura.
–¿Qué denuncia Amnistía Internacional en España?
–Espero discutir con el nuevo gobierno algunas de las preocupaciones que tenemos con respecto a España, como el aumento de las denuncias de malos tratos a inmigrantes con tintes racistas, a manos de agentes del Estado o las leyes que restringen las garantías de los detenidos, especialmente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prolonga el régimen de incomunicación a 13 días y puede propiciar torturas. Preocupa también la falta de diligencia estatal en cuanto a los casos de violencia contra la mujer, cuya cifra sigue creciendo escandalosamente en España, así como la evidencia de que puede existir una política de segunda clase para los extranjeros indocumentados, incluidos los menores no acompañados que ven mermados algunos de sus derechos fundamentales en España. Son igualmente preocupantes para la organización los crímenes de ETA.