Si hay que elegir un primer símbolo de la aptitud de los municipios para gestionar su propia seguridad, que sea el timbre comunitario de los barrios pobres de Almirante Brown: como allí son pocos los que tienen teléfono, los vecinos adheridos al “Plan Cuadra Solidaria” comparten un timbre de alarma, que puede activarse desde cada casa cuando alguien advierte que a su vecino están por robarle lo poco que tiene. Las dos experiencias que hoy examina Página/12 –la de Almirante Brown, que lleva seis años, y la de Salto, que recién empieza– tienen cosas en común: en ambas, el fortalecimiento de la seguridad es estrictamente proporcional al fortalecimiento de las redes comunitarias, de la sociedad civil; ambas van en dirección opuesta a la constitución de policías paralelas o de formas armadas de autodefensa; en ambas, el municipio funciona como articulador entre los vecinos y la policía, para fortalecerla a la vez que controlarla; ambas se nutren de estudios que, a nivel universitario, se efectúan en distintos lugares del mundo, incluso la Argentina. Y, si hay que elegir un ejemplo de los resultados de este compromiso municipal, que sea la disminución en los casos del delito de violación, no por recluir indefinidamente a supuestos violadores natos sino por una tarea que compromete a familias, colegios, vecinos, el municipio y la policía. El hecho de que estos municipios estén gestionados por distintas corrientes políticas ubica estas experiencias en la perspectiva de una política de Estado.
Desde hace seis años, Guillermo de la Riva Carrasco es subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Almirante Brown: cuando, en 2001, viajó a Barcelona para hacer un curso sobre el rol municipal en la prevención del delito y la violencia, aprendió que “es posible prevenir el delito y la violencia más allá de que la comuna tenga el manejo de la policía y aun, en alguna medida, más allá de cómo sea la policía”.
Desde 2002 funcionan en Almirante Brown los “corredores” del programa “Solidaridad es Seguridad” –difundido en su momento por este diario– para los chicos que salen de las escuelas. Empezaron en Burzaco, por iniciativa de la comunidad educativa a partir de muchos casos de robos a niños y, especialmente, de una violación. Los corredores son trayectos por calles determinadas, que los chicos siguen para ir y volver del colegio. A lo largo, diversos vecinos y comerciantes, identificados por una calcomanía municipal, están disponibles para que el chico, ante cualquier problema o sospecha, recurra a ellos. El vecino solidario llamará en seguida a la policía y a la escuela. El programa funciona desde hace tres años en Burzaco y desde hace dos en Adrogué. “Según encuestas efectuadas por las escuelas, los robos a chicos bajaron un 90 por ciento y no volvió a haber violaciones”, contó Carrasco.
El Plan Cuadra Solidaria empezó hace seis años en Almirante Brown, con un criterio similar al planteado en el barrio porteño de Saavedra, y abarca ya más de 750 cuadras. Se basa en el acuerdo entre los vecinos de cada cuadra, que intercambian información sobre las horas críticas, como aquellas en las que salen y regresan de sus trabajos. Cada cuadra establece sus códigos de comunicación “que no tiene por qué conocer ni la policía ni la Municipalidad”, señaló Carrasco. Una luz que se prende y apaga puede significar que está todo bien; un par de bocinazos puede indicar a otro vecino que llame a la policía.
“Este plan también se usa en barrios más humildes e incluso en asentamientos como el San José: como allí son pocos los que tienen teléfono, en cada cuadra se pone un timbre, por ejemplo en lo alto de un poste de luz, con pulsadores en las casas: cuando un vecino acciona esta alarma, el que tenga teléfono llamará a la policía”, explicó Carrasco y comentó: “Aun en el caso de que hubiera ‘zona liberada’, aun si el delincuente supiera que el patrullero no va a venir, lo que no sabe es cómo está organizados los vecinos, y el cartel ‘Cuadra Solidaria’ (que el municipio provee sólo después de que los vecinos se organizaron) suelehacerlo retroceder. En Solano, muchos comerciantes habían sido robados seis o siete veces y ahora ven a esos mismos chorros mirando con odio los carteles”.
El modelo aplicado no corresponde de ningún modo a una autodefensa, sino más bien al de la organización sindical: “Es una especie de agremiación de los vecinos, sin implicar que deban armarse ni que cumplan roles correspondientes al Estado. Suele pensarse el delito por el lado de quien lo comete, pero hay que pensarlo también por el lado de la víctima”.
Un ejemplo dramático es el caso de las violaciones. “Hicimos talleres para vecinos con profesionales de la Comisaría de la Familia, porque, ante una violación, nadie sabe qué hacer, por ejemplo procurar que la víctima no se lave antes de ser examinada: tal vez ella no se va a acordar pero sí algún familiar; tomar esta precaución permitió obtener datos que llevaron a un alto grado de detención de los culpables”, señaló Carrasco.
La Comisaría de la Familia funciona desde hace tres años: “El municipio compró la casa y se la dio en comodato a la policía, que puso el personal. Ya tiene más de 12.000 actuaciones, sobre delitos sexuales y sobre violencia familiar, que hay muchísima: hay padres que usan de rehenes a los hijos en situaciones violentas”.
–Esto lleva a advertir que el mal, el delito, no sólo viene de afuera –recordó Página/12.
–Es que tampoco los chorros vienen de otro planeta. La gente habla de ellos como si fueran marcianos pero, cuando uno averigua, se trataba del hijo de éste o el sobrino de aquél y ¿nadie lo sabía? –contestó Carrasco.
El municipio también compró 20 patrulleros y se hizo cargo de la reparación y mantenimiento de un camión celular, porque, como ese vehículo no funcionaba, “para trasladar detenidos usaban patrulleros, que así se restaban a la vigilancia”. Desde 1999, Almirante Brown hizo una experiencia piloto del sistema de cuadrículas, cada una con un móvil policial permanente: “Así el patrullero responde rápido a las denuncias: hace unos días, por ejemplo, porque la policía llegó a tiempo, se evitó una violación”, contó Carrasco.
En la localidad de Salto, “la gente tenía y todavía tiene desconfianza de la policía –contó Germán Montenegro, asesor en seguridad en esa intendencia e investigador del tema en la Universidad de Quilmes–: cuando tenían que hacer una denuncia no se la tomaban, los hacían esperar horas, había un trato despectivo”.
En enero pasado, la intendencia decidió organizar una dirección de seguridad: convocó y capacitó a empleados del municipio y organizó una “Oficina de Orientación Ciudadana y Recepción de Reclamos”, donde la gente pudiera quejarse y ser escuchada. Cuando es necesario, los funcionarios municipales acompañan al reclamante a la comisaría.
Además, “hasta ese momento se trabajaba sólo con la policía local: el municipio empezó a recurrir a dependencias policiales descentralizadas, como los Grupos de Prevención Urbana, del Ministerio de Seguridad bonaerense, “que van a los lugares más ‘calientes’ y tienen buen trato con la población”, agregó Montenegro.
La intendencia armó un Consejo Consultivo de Seguridad, integrado por organismos de la sociedad civil, ante el cual “el titular de la comisaría y eventualmente el jefe departamental tendrán que dar la cara”, y el intendente “informará periódicamente al Ministerio de Seguridad acerca del funcionamiento de la comisaría”. El municipio también encaró la capacitación de inspectores de faltas y contravenciones, “cuya presencia obligará a la policía a estar en la calle”. Montenegro define esta estrategia como “un esquema en diagonal: aunque el municipio no tiene la conducción de la policía, puede incidir sobre ella”.