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Mañana, el cónsul argentino en Miami mantendrá una audiencia poco habitual: recibirá al ex cabo primero de la Bonaerense, Adrián Montenegro, testigo en el caso de la masacre de Los Polvorines, ocurrida en agosto de 2000. En aquella ocasión, Montenegro había denunciado que el operativo en el que participaron más de un centenar de policías había sido una ratonera armada para obtener réditos de imagen. En realidad, Montenegro es ex cabo primero. Por su testimonio, no sólo tuvo que abandonar la fuerza a fuerza de amenazas. También el país: desde hace tres años vive en Estados Unidos como refugiado político, junto a su familia. “Vivo como si fuera un prófugo –dijo a Página/12 durante una entrevista telefónica–, y lo único que hice fue cumplir con mi deber. Que el Estado me diga por qué, si en la Argentina tengo mi casa, tengo que pagar acá un alquiler de mil dólares; por qué, si tenía un trabajo sin faltas administrativas, tengo que trabajar en una fábrica; y quién le responde a mis hijos cuando me preguntan, ‘papá, por qué no podemos volver’.”
La masacre de Los Polvorines ocurrió el 25 de agosto de 2000. Eduardo Leguizamón, Sergio Torres y Fabio Bricela asaltaron la Banca Nazionale del Lavoro en Talar de Pacheco. Huyeron en moto hasta refugiarse en una casa de Los Polvorines. Alrededor de 200 bonaerenses provenientes de todos los distritos de la provincia, cercaron a los tres asaltantes y los fusilaron. Que la resistencia fue un invento lo dicen sus cuerpos: cada uno recibió entre 50 y 70 disparos. También fue muerto por la espalda el sargento primero Julio Sánchez. Todo parecía indicar que lo mató una bala de sus supuestos compañeros, aunque los peritos nunca lograron demostrarlo. Desde el primer día, el ex ministro de Seguridad Ramón Verón y el ex jefe policial Eduardo Martínez declamaron públicamente el golpe como un éxito. En noviembre de 2003, la causa fue cerrada por falta de pruebas. En el medio, el por entonces cabo primero de la DDI San Miguel, Adrián Montenegro, se presentó como testigo y declaró que todo había sido armado. “Sabíamos lo de la ratonera varios días antes”, aseguró a este diario.
Ahora, desde Estados Unidos, país al que llegó dentro del programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Montenegro vuelve a denunciar la corrupción policial y aguarda la reunión con el cónsul argentino en Miami. “Me tuve que ir porque después de declarar me empezaron a amenazar a mí y a mi familia. A mi padre le hicieron un simulacro de fusilamiento; mi hermana tenía protección policial, pero un día, la guardia desapareció y cinco minutos después la molieron a palos y la mandaron al hospital; a mi hermano lo apuñaló un buchón de la policía.”
También sostuvo que cuando se presentó como testigo lo colocaron dentro del programa de Testigo Protegido, de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense. “Me di cuenta de que era una mentira, porque dos de los policías que estaban en mi custodia, eran hermanos de dos de los policías imputados a partir de mis declaraciones.”
Además de recordar la ratonera de Los Polvorines, Montenegro aseguró a Página/12 que “la policía sigue siendo corrupta” y apuntó contra tres comisarios: uno ocupa un alto cargo en Investigaciones Complejas y tuvo reciente intervención en el caso de Nicolás Garnil. El otro, ocupa un alto cargo en la Zona Norte y estuvo vinculado al caso de Los Polvorines. El tercero, está en la zona atlántica. Al primero lo señala como partícipe en una propuesta para “cargarse a un periodista”; al segundo lo acusa de vender armas a bandas; al tercero, de tráfico de blancas hacia España.
Volviendo a la ratonera de Los Polvorines, según Montenegro, el entonces senador radical Jorge Martínez “me ofreció pasajes para mi familia, dinero y un fiscal amigo para que yo declarara que todo mi testimonio era falso. ‘Es la única forma en que se puede solucionar tu problema’, me dijo. Yo no me prendí”. Martínez negó en su momento aquella acusación. Después, tuvo que huir a Paraguay, luego a Uruguay, donde el ex embajador argentino Juan Manuel Casella le habría ofrecido, para volver al país, “que firme un escrito –sostuvo Montenegro–, en el que lo liberaba a él de responsabilidad por lo que me pudiera pasar. ‘No quiero cargar con un muerto’, me dijo. ‘Si te pasa algo, a mí (Casella) no me votan ni como concejal’”. De hecho, la protección que recibió fue exterior: el Acnur se interesó por su caso y logró que Estados Unidos lo acogiera como refugiado.
Montenegro fue convocado por el cónsul en Miami para conversar. “No sé qué me van a ofrecer. Yo sólo espero que el Estado haga un mea culpa; que les explique a mis hijos cuando me preguntan por qué no podemos volver; que me expliquen por qué debo pagar un alquiler de mil dólares mensuales, teniendo casa en la Argentina; que me digan por qué vivo como un prófugo cuando sólo cumplí con mi deber. Si no pueden hacer eso, es que nada cambió.”