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El procurador general de la Nación, Esteban Righi, ya dio el visto bueno y está tomada la decisión de reactivar la fiscalía antisecuestros que existía en la zona norte del Gran Buenos Aires y que a cargo del fiscal Jorge Sica centralizaba todos los casos de secuestros de la zona en la que se producen más secuestros extorsivos clásicos, que son largos y de difícil negociación. Aunque hay varios intendentes que lo proponen y se están juntando firmas para que Sica sea repuesto al frente de la fiscalía, la idea es que se designe otro fiscal para el cargo, pero la estrategia –compartida por los gobiernos nacional y provincial– es que efectivamente se forme alrededor de la fiscalía un grupo de especialistas en materia de secuestros, combinando bases de datos, elementos de inteligencia, criterios muy precisos para recoger las pruebas judiciales y una dotación policial confiable y que tenga experiencia en investigar y manejar las situaciones que –según los datos oficiales– más sensación de inseguridad producen. El gran debate sigue siendo cómo intervendrá el Estado en cada caso de secuestro y eso estará sobre el tapete en las próximas semanas.
La idea de las fiscalías especializadas se empezó a aplicar en el año 2000, cuando el procurador era Nicolás Becerra, aunque la que concentraba los casos de secuestros se creó más tarde. El objetivo era que cuando en una vasta zona, que incluye numerosas fiscalías, se producía un secuestro, el fiscal al que le correspondía el caso se lo delegaba al fiscal especialista. Así, si a un fiscal de turno en Pilar o San Martín se le presentaba un caso de secuestro, casi de forma automática se lo pasaba a la fiscalía especializada, la que estaba al mando de Sica.
En general la evaluación del trabajo de esa fiscalía y de Sica era elogiada por funcionarios y víctimas de secuestros, hasta que se produjo el caso de Axel Blumberg.
u Se había conseguido iniciar un banco de datos de las bandas.
u Se empezaba a trabajar casi en un archivo de las voces de los secuestradores que negociaban con las familias de las víctimas.
u Se acumulaba experiencia sobre la forma de actuar en cada caso y ante cada tipo de banda.
Los mayores cuestionamientos que surgieron contra Sica era que –en el marco de una labor intensísima– daba instrucciones que eran más para un especialista policial que para un especialista en leyes, por lo cual bordeaba el error. Además, los tres componentes de la investigación, la Bonaerense, la Federal y la SIDE se enfrentaban en forma casi permanente, y la Federal, por ejemplo, acusaba a Sica de jugar a favor de la Bonaerense y de la SIDE.
El momento de esplendor de Sica y la fiscalía fue cuando irrumpieron en una quinta de San Andrés de Giles y rescataron al padre de Jorge “Corcho” Rodríguez. En aquel entonces, el empresario fue extraordinariamente elogioso con el fiscal y fueron pocas las voces que alertaron sobre los peligros que se corrieron en esa operación: los secuestradores perfectamente podían haber matado a Ernesto Rodríguez, el padre del Corcho, e incluso los propios policías podrían haberle pegado un tiro por error.
Semanas después se produjo la hecatombe que arrasó con Sica, pero –asombrosamente– también con la fiscalía: el caso Blumberg. El ingeniero Juan Carlos Blumberg responsabilizó al fiscal por el asesinato de su hijo al señalar que no preservó la vida de la víctima del secuestro.
En ese terreno hay interpretaciones en el centro de la polémica:
u Cuando los secuestradores se trasladaban en un Volkswagen para cobrar el rescate, fueron tiroteados por una comisión de la SIDE. Blumberg dice que ésa fue la clave de la posterior muerte de su hijo. Y lo cierto es que si el pago del rescate se producía, lo más probable es que hubieran dejado en libertad a Axel.
u La otra interpretación es que la banda que tenía al chico Blumberg –ladrones de autos devenidos en secuestradores y con nítidas relaciones con policías– igual iba a dejar libre a Axel, pero que éste se escapó y la banda, bajo los efectos de la droga, terminó matándolo.
La teoría de Sica y que estaba vigente en ese momento era que los secuestradores no asesinan a los secuestrados porque su negocio es cambiar a su víctima por dinero, no matarlo. Y, además, no se quieren cargar con uno de los delitos más graves del Código Penal: el secuestro seguido de muerte. Pero la teoría falló en el caso Blumberg.
Desde el momento que asumió, el nuevo procurador Righi se manifestó de acuerdo con la idea de las fiscalías especializadas. En teoría hoy sólo existen dos, una muy activa que está a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, y que se especializa en delitos relacionados con la seguridad social, por ejemplo los fraudes con jubilaciones y planes sociales, y una fiscalía antisecuestros de la zona sur, cuya actividad aparece como muy diluida en Lomas de Zamora. Ahora, Righi pondrá en marcha nuevamente la fiscalía antisecuestros zona norte, para lo cual deberá designar un fiscal a cargo. La idea tiene el acuerdo casi unánime de los gobiernos nacional, bonaerense y de los intendentes de la zona.
Respecto de la estrategia de esa nueva fiscalía, la cuestión seguirá en debate. En los gobiernos nacional y bonaerense consideran una variante: que los investigadores y policías intervengan, detengan, aun cuando la víctima siga cautiva, pero que para ello le pidan autorización a la familia. De todas maneras, parece poco probable que la familia de un secuestrado autorice la acción policial porque seguramente considerará que su ser querido corre riesgos. El punto clave parece ser que lo que tendrían que lograr el fiscal, los investigadores y policías es detener a la banda cuando el secuestrado recupera la libertad. Hasta ahora pasa todo lo contrario: se paga el rescate, el dinero no aparece y las detenciones son pocas y ni siquiera se sabe si tienen que ver con el secuestro.
Según trascendió, se estaba esperando el final del caso de Nicolás Garnil para dar los primeros pasos en la reinstalación de la fiscalía antisecuestros. Durante el caso Garnil, a la fiscal a quien le tocó, Rita Molina, le llegó el turno de tomarse vacaciones, lo que efectivamente hizo, dejando la investigación del secuestro en manos de su adjunta. Cuando Righi ponga nuevamente en marcha la fiscalía antisecuestros, Molina y los demás fiscales de la zona derivarán el caso a quien sea titular de la fiscalía reactivada.