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Después de una movilización masiva que provocó un colapso de tránsito en el microcentro y de siete horas de negociaciones, el diálogo entre los trabajadores telefónicos y las empresas sigue empantanado. Anoche, al cierre de esta edición, la reunión de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo volvió a pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a la tarde. El gremio mantiene las medidas de fuerza con la adhesión del 100 por ciento de los trabajadores. Los servicios básicos de atención al cliente, informaciones y reparaciones, entre otros, siguen paralizados. Pero los trabajadores mantuvieron guardias para garantizar el funcionamiento de la red. La tregua es hasta hoy a las 17.30: un plenario decidirá, tal como anticiparon, si se profundizarán las medidas de fuerza que pondrían en virtual colapso las telecomunicaciones. La Justicia Federal, en tanto, se declaró incompetente para intervenir en el conflicto, ante una denuncia de la empresa, por lo que la causa de “usurpación” pasó al fuero penal ordinario.
El conflicto entre los obreros y las empresas telefónicas creció gradualmente desde el viernes pasado. Ayer a las diez de la noche, vivía uno de sus momentos más tensos: después de siete horas de negociación en el ministerio, no se habían logrado los acuerdos esperados. La reunión estuvo encabezada por Noemí Rial, secretaria de Trabajo y segunda en la cartera de Carlos Tomada. Hubo seis representantes de las empresas, tres por Telecom y tres por Telefónica, y tres miembros de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra), de la filial que nuclea a los empleados de la Ciudad de Buenos Aires y del interior bonaerense.
Al encuentro, el gremio llevó la demanda que exige desde hace nueve meses: un aumento de 25 por ciento de aumento para los salarios básicos que en este momento se encuentran por debajo de los niveles de 1996, según dijeron. Aunque después de la devaluación, consiguieron un aumento de 70 por ciento, los sueldos aún no se encuentran en los niveles exigidos: según Claudio Marín, dirigente gremial, hasta ese momento los telefónicos llevaban 13 años con los sueldos congelados, ya que no tuvieron incrementos salariales durante el gobierno de Carlos Menem.
Las empresas consideran, en cambio, que hicieron lo suficiente. Según sus datos, la actualización de salarios ha llevado los sueldos promedio del personal por encima de los valores del mercado. “Los datos del Ministerio de Economía indican que la actualización promedio de los salarios entre 2001 y 2004 fue de 34 por ciento, nosotros otorgamos un 50 por ciento”, dijo Pablo Talamoni, vocero de Telecom, ante una consulta de este diario.
Ese es el nudo de las posiciones que viene sosteniendo cada una de las partes en las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Esa cartera tomó intervención en el conflicto hace ya 90 días: “Los primeros plazos de conciliación ya se vencieron, luego se prorrogaron; después volvieron a vencerse y otorgaron otros cinco días. El viernes pasado, finalmente, los tiempos para la conciliación impuesta por el ministerio volvieron a vencerse”, explicó Sergio Sosto, vocero del gremio. Y agregó que en todo ese período, la empresa “no hizo ningún tipo de propuesta”. El ministerio dictó una conciliación obligatoria, el 4 de noviembre, pero los trabajadores la rechazaron: “No es posible –continuó el gremialista– que nos exijan acatar una conciliación, porque una conciliación no puede ser obligatoria, sino voluntaria: sin propuestas de la empresa, cualquier tipo de conciliación se torna ilegal”.
Los telefónicos creen que la presión de las empresas y la dilación de la negociación no es gratuita: “Están intentando conseguir un aumento de tarifas teniendo como rehenes a los usuarios”, dijeron. Las empresas, en tanto, rechazan la acusación. Dicen que cuando dieron los aumentos de sueldos, no pidieron un aumento de tarifas como contrapartida.
Con el fracaso de las negociaciones en el ministerio se acentuaron las posibilidades de que el sistema de telecomunicaciones entre literalmente en colapso. El gremio espera el resultado del plenario que desarrollarán esta tarde para resolver los próximos pasos. Si las propuestas de lasempresas no aparecen, aseguran que las medidas se profundizarán, como viene ocurriendo en los últimos días.
“El viernes pasado empezamos con asambleas en los lugares de trabajo, el lunes salimos a la calle, el martes se ocuparon los dos edificios centrales de telecomunicaciones y ayer el paro se extendió a todo el país”, explicó Sosto. En Rosario, por ejemplo, no funcionaron las oficinas de atención al público. Y en el resto de las provincias, los empleados pasaron de paros de dos horas a paros de jornada completa. El servicio de informaciones (110) de Buenos Aires donde operan con 230 empleados se interrumpió completamente desde el viernes: los 230 empleados adhirieron al paro. En el triple 0 de comunicación internacional, el acatamiento fue completo. Y en el de reparaciones (112) sucedió algo semejante: de los 350 a 400 trabajadores, sólo 4 prestaban el servicio.
La ocupación de los dos centros de Transmisión de Datos de Telecom y Telefónica anoche aún continuaba. El gremio decidió garantizar la prestación del servicio, pero la empresa se los habría impedido. Una guardia policial “le impidió el ingreso al edificio a los operadores del turno tarde que debían reemplazar a los de la mañana”, denunció el gremio.
En el fuero judicial tampoco faltaron las novedades. El martes pasado las compañías presentaron una denuncia contra los trabajadores por “interrupción intempestiva de las telecomunicaciones”. La denuncia, presentada en la comisaría 41ª, había sido remitida al Juzgado Federal Nº 3. Ayer al mediodía, el juzgado se declaró incompetente y tipificó el delito como “usurpación”. Después de una inspección en los dos edificios tomados, en la que se constató que no había daños materiales, el juzgado giró la causa al fuero de instrucción criminal ordinaria porque consideró que la medida afectó a un edifico privado y no a bienes del Estado.
La medida fue un revés para las telefónicas. La denuncia tenía dos objetivos. El primero, de corto plazo, lograr con rapidez la intervención judicial para conseguir la orden de desalojo de las dos centrales de telecomunicaciones. El segundo, en cambio, apunta a construir un paraguas legal frente a la lluvia de demandas que podrían provocarle los cortes de servicio: “Con esto queremos deslindar responsabilidades de consecuencias que nos afecten económicamente”, indicó el vocero de Telecom.