Luego de una reunión entre el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y nueve diputados de distintas bancadas, la sesión extraordinaria en la que ayer debía tratarse el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que endurece las medidas de seguridad en los boliches porteños fue pospuesta hasta la semana próxima. El motivo del cuarto intermedio tuvo origen en el amplio desacuerdo de varios diputados con algunos puntos del decreto que, de haberse tratado en el recinto, hubiera sido rechazado inmediatamente. No obstante, la discusión creó un lugar de unión entre el oficialismo y la oposición: se creó una mesa de enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo para diseñar un nuevo texto que suplante al anterior, sea en forma de decreto o de proyecto de ley, apoyado por la mayoría de los diputados. Entretanto, las inspecciones a los boliches se retomarán hoy (si no media otra sorpresa judicial) porque, si bien el decreto marca algunos parámetros para los controles, no los regula.
La sesión para aprobar o rechazar el DNU firmado el 8 de febrero por el jefe de Gobierno comenzó y terminó en cinco minutos. Antes hubo una reunión propuesta por Ibarra en la que se acordó la comisión de enlace que estará integrada por el Partido de la Ciudad, el Frente Grande, los socialistas, el Frente para la Victoria, el ARI y los dos bloques macristas. Legisladores y asesores trabajarán para que todo esté listo el próximo jueves, antes de que venza el plazo que el decreto tiene para tratarse en la Legislatura, que es el 7 de marzo.
El artículo más cuestionado es el 1º: prohíbe la realización de recitales “en los locales clase A, B o C; bares, restaurantes y otros rubros cuya actividad complementaria sea local de baile Clase C, o sectores donde la actividad del baile forme parte del eje comercial del emprendimiento”. Soledad Acuña, de Compromiso para el Cambio, consideró ante Página/12 que “ese artículo pone en el mismo nivel a varios locales y deja en una situación vulnerable a los lugares más chicos, como las peñas folklóricas”. Paralelamente, una fuente legislativa del oficialismo admitió que “ese decreto tiene falencias técnicas y constitucionales. No se puede prohibir toda la actividad lícita de los recitales”.
La duda está en cómo se graduarán las medidas de seguridad, porque el decreto admite un máximo de dos personas por metro cuadrado cuando la norma anterior decía que era una en ese mismo espacio. “Si esto se modifica, habría que cambiar el Código de Edificación, porque si en un lugar hay más asistencia también deberían ampliarse las escaleras y salidas de emergencias”, argumentó Francisco Talento. El legislador kirchnerista admitió que ante esta situación “existe la posibilidad de que se apruebe algo mixto: para cambiar el artículo 1º y parte del Código de Edificaciones podría hacerse un decreto. Y para modificar el de Habilitaciones, una ley”.
Por su parte, Acuña negó la posibilidad de que su bancada presente un proyecto de ley alternativo. “Directamente vamos por un nuevo decreto con las modificaciones que planteamos. Lo único superador sería una reforma integral de la normativa de seguridad, tal como lo propusimos. Lo demás apunta a sostener la línea discursiva de Ibarra cuando dijo que la normativa vigente era obsoleta; y no es así.”
Quien no va a participar de la mesa de enlace será el Interbloque de Izquierda. Beatriz Baltroc, una de sus referentes, afirmó que su bloque está elaborando un proyecto de ley que propone “modificaciones integrales que incluyen la participación ciudadana en las inspecciones”. En tanto Jorge Enríquez, de Juntos por Buenos Aires, consideró que “no obstante mi oposición, voy a estar en esa comisión. No estoy de acuerdo con dictar más leyes, sino cumplir con las que hay. Pero no voy a ser obstáculo para cambios racionales”. Milcíades Peña, de Confluencia, también se mostró abierto a “analizar y acompañar lo que haya que acompañar, pero sin dejar de denunciar lo que haya que denunciar. Tiene que quedar en claro que el DNU y las reuniones entre Ibarra y los legisladores son una cortina de humo, porque con la normativa vigente alcanzaba para habilitar o no los locales”.

Informe: Adrián Figueroa Díaz