La Policía Federal, a través de las autoridades de la comisaría 7ª y de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, tenía conocimiento de que al boliche Cromañón ingresaban, en cada recital, entre tres y cinco mil personas por noche, cuando la habilitación establecía un máximo de 1032 espectadores. El dato surge de la documentación firmada por los jefes de la comisaría que fue incorporada a la causa. Esta semana serán indagados dos funcionarios policiales imputados por no haber denunciado esa contravención, y serían citados por la misma razón dos comisarios que estuvieron al frente de la 7ª. A la controversia sobre si la responsabilidad del control era de los policías o de los funcionarios del gobierno porteño, se sumará hoy el careo entre la ex subsecretaria de Control y Gestión Comunal Fabiana Fiszbin y el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Atilio Alimena. El punto de choque entre ambos es si había o no un presunto amparo político, por parte del gobierno porteño, hacia los propietarios de algunos boliches como Cromañón.
Al declarar en la causa, como testigo, Alimena aseguró que en una reunión privada Fiszbin le comentó que para accionar contra algunos empresarios era necesario contar con “una decisión política” que avalara el procedimiento. “Lo que nosotros vamos a demostrar es que Alimena mintió”, le dijo a Página/12 Marcelo Fainberg, uno de los abogados de Fiszbin. La defensa de la ex funcionaria dijo que presentará ante el juez Julio Lucini “documentación que probará que el defensor mintió también en otras cosas”. Alimena, por su parte, aseguró que repetirá ante el magistrado “lo mismo” que dijo antes. Recordó que los dos llegan al careo con diferentes responsabilidades: “Yo, como testigo, tengo la obligación de decir verdad, mientras que ella, como imputada, puede mentir en su defensa, porque así lo habilita la ley”.
Ayer se confirmó que la Policía Federal, y sobre todo la comisaría 7ª del barrio de Once –como adelantó Página/12 en su edición del sábado–, tenían conocimiento de que en Cromañón ingresaban entre tres y cinco mil personas cada vez que había un recital. “El juez Lucini secuestró en la 7ª documentación firmada por los comisarios. Días antes cada recital, pedían el refuerzo de uno o dos pelotones de la Guardia de Infantería, con el argumento de que lo solicitaba el dueño del boliche (Omar Chabán) porque iban a concurrir ‘tres mil’ personas o ‘cinco mil’, según los casos, y era necesario realizar un operativo de prevención por si había disturbios”, explicó una fuente allegada a la causa.
Los pedidos de refuerzo policial, dirigidos a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, de la que depende la Guardia de Infantería, están firmados por los comisarios Miguel Angel Belay, que estuvo al frente de la 7ª en 2004, hasta noviembre pasado, y por su reemplazante desde esa fecha, el comisario Gabriel Sevald. Tanto Belay como Sevald y el subcomisario Carlos Rubén Díaz ya declararon en la causa por estar imputados por el presunto delito de “cohecho”. Ex empleados de Cromañón aseguraron que Díaz iba a cobrar supuestas coimas que eran abonadas por Chabán en persona. El jueves serán indagados dos suboficiales de la Federal de apellidos Sosa y Villegas, que estaban de consigna en Cromañón el día del incendio. Les imputan no haber formulado la denuncia ante el fiscal contravencional de turno, luego de haber observado tres violaciones a las normas: el ingreso de un número mayor de asistentes a los permitidos, las puertas de emergencia cerradas y el ingreso de pirotecnia. Los comisarios Belay y Sevald, como firmantes del pedido de refuerzo de la Guardia de Infantería, tenían conocimiento de una de esas contravenciones y, desde su función, tenían la obligación de hacer la denuncia, según interpreta el juez Lucini.
La supuesta omisión por parte de los policías fue señalada por Fiszbin durante su indagatoria. Ayer declaró ante Lucini otro ex funcionario del gobierno porteño, el ex coordinador operativo de inspecciones, Rodrigo Cozzani, quien negó responsabilidad en los controles en Cromañón.