Durante más de un año y medio, Juan Carlos Fortuny (h.), funcionario de la Curaduría de Alienados de la Procuración bonaerense, fue robando fondos de su dependencia emitiendo cheques de 9000 pesos y llevándose el dinero para jugarlo –y perderlo– en el Casino Flotante porteño. Hubo días en que emitió tres e incluso cuatro cheques con la misma suma, lo que llevó el total del desfalco a una suma estimada de 600.000 pesos. Cuando el robo estaba a punto de ser descubierto, durante el fin de semana pasado, simuló un secuestro y pretendía que su familia pagara 200.000 pesos a los supuestos secuestradores. Su jugada final fue exitosa: un fiscal federal estaba a punto de detenerlo por el autosecuestro, pero él se autodenunció ante un juez provincial que le caía bien, César Melazo, quien lo dejó en libertad.
La Curaduría es el ente que administra el dinero y los bienes de las personas alienadas, personas declaradas por la Justicia en situación de incapacidad mental. Días atrás, Página/12 denunció irregularidades de curadores de la Justicia nacional en el manejo de fondos de insanos. Justamente del dinero perteneciente a los alienados bonaerense, Fortuny obtuvo su botín.
La procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, hizo la denuncia el martes, separó a Fortuny de su cargo y ordenó una auditoría y una investigación. Falbo cree que Fortuny no actuó solo, entre otras cosas, porque resultaba anormal la emisión de varios cheques de 9000 pesos diarios y, además, a primera vista, los resúmenes del Banco Provincia no mostraban parte de las extracciones. La pesquisa, entonces, estará también dirigida a ubicar a los eventuales cómplices y a establecer la responsabilidad de los jefes de Fortuny.
Durante el fin de semana pasado, el funcionario se recluyó en un hotel de la zona de la estación de La Plata y desde allí simuló un secuestro. Usando su propio celular, envió un mensaje de texto a su esposa diciendo que estaba secuestrado y que debía entregarles 200.000 pesos a los secuestradores. Un fiscal federal intervino en el caso y la pesquisa corrió por cuenta de la Policía Bonaerense. Los hombres de Investigaciones, a cargo de Enrique Gallesio, en pocas horas, descubrieron la trampa y, como desde el punto de vista legal, el autosecuestro es una extorsión a la familia, se lo iba a detener. Pero Fortuny hizo una jugada maestra: se autodenunció ante el cuestionado juez Melazo por la sustracción de los fondos y, pese a que había un secuestro de por medio, el juez provincial se declaró inmediatamente competente. La malversación de fondos, es decir el robo, tiene una pena que va de los dos a los diez años. Debido al máximo de la sanción, no sería excarcelable. Pero además, está la tentativa de extorsión a su familia para sacarle 200.000 pesos, lo que tiene una pena de cinco a diez años. Tampoco es excarcelable.
Lo cierto es que Fortuny presentó una declaración por escrito ante Melazo, dijo que está arrepentido y se fue a su casa. El argumento de su abogado, Carlos Irrisarri, es que el hombre sufre de una adicción al juego y que, por su propia voluntad, se presentó ante la Justicia a confesar. Los juristas consultados por este diario sostienen, en cambio, que quien roba los fondos públicos, en este caso de gente mentalmente insana, para llevárselos a su bolsillo y termina extorsionando a su familia, no puede ser excarcelado. Es más, comprobar su adicción requiere peritajes y pruebas, además de que la confesión pareció más una jugada rápida para escapar de la Justicia federal cuando estaba a punto de ser detenido que un auténtico mea culpa.