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Luego de tres días de protestas, la calma llegó a medias al Normal Nº 9, del centro porteño. Los alumnos, reunidos en asamblea, decidieron ayer levantar la toma del edificio y aceptar una propuesta de la Secretaría de Educación de la Ciudad de conformar el próximo martes una mesa de diálogo para discutir los problemas de infraestructura de ese edificio centenario. La medida de fuerza cesó después de una extensa mediación a cargo de la Defensoría del Pueblo. Pero el conflicto no llegó a su fin: un grupo minoritario –la mayoría, estudiantes de otros secundarios porteños– rechazó el acuerdo y anunció que permanecerá en el hall del colegio por tiempo indeterminado. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, adelantó que los jóvenes que impidieron la entrada a la escuela de docentes –e incluso de la rectora– recibirán sanciones, aunque deberán ser impuestas por el Consejo de Convivencia de la institución.
El propio ministro del Interior, Aníbal Fernández, salió ayer a opinar sobre el tema y calificó de “demencial” la modalidad de protesta adoptada por los alumnos. También dijo que había hablado con Ibarra en la noche del jueves para pedirle que aplique “correctivos” a los adolescentes que impulsaban la protesta.
El conflicto comenzó el miércoles con un prolongado corte de la avenida Corrientes por parte de un grupo de alumnos del nivel medio en demanda de mejoras en el edificio, luego de la caída de mampostería de los techos. La medida generó un caos de tránsito y se repitió un día después en algunos carriles de la avenida Callao. Ayer por la mañana, el grupo que finalmente se rehusó al diálogo con las autoridades educativas porteñas, bloqueó la entrada principal al edificio, y llegó a impedir el ingreso de la rectora Liliana Brunello. Las clases, sin embargo, se dictaron con normalidad, ya que se podía entrar por otra puerta ubicada sobre el Pasaje Discépolo. La protesta generó la reacción de la diputada Hilda “Chiche” Duhalde: “Estamos yendo a una patria piquetera”, opinó.
En diálogo con Página/12, la secretaria de Educación de la ciudad, Roxana Perazza, evaluó anoche el desenlace del conflicto: “A través del diálogo y de la reflexión pudimos levantar la toma, sin la presencia de ninguna fuerza externa”, destacó. Y señaló como “parte de la dificultad” para llegar a una solución “la ausencia de un centro de estudiantes” en esa escuela. “Es un deber de los equipos de conducción favorecer la creación de centros de estudiantes, evidentemente, pareciera que aquí no lo propiciaron”, cuestionó Perazza. “Nos importaba que los alumnos del Normal Nº 9 depusieran la protesta y lo hicieron”, señaló, restándole importancia a la permanencia en el edificio de un grupo de unas treinta personas, la mayoría alumnos de otros secundarios de la ciudad, que incluían en sus reclamos otras cuestiones, más allá de la situación edilicia del Normal Nº 9, como el boleto estudiantil, y que, al parecer, estaban acompañados por representantes de algunas agrupaciones políticas de izquierda, según precisaron a este diario funcionarios que participaron de la mediación. Perazza reconoció la existencia de “problemas de mantenimiento” en el edificio, pero negó que ellos pongan “en riesgo” la integridad de los alumnos. “Hay zonas que hay que reforzar y en eso quedamos con los chicos”, afirmó.
El elegido para la mediación con los dos grupos de alumnos fue Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, organismo que había hecho en marzo y a mediados de abril dos informes –a pedido de los padres de estudiantes– que constataron serios problemas de infraestructura en el edificio, ubicado en Callao casi esquina Corrientes. En la búsqueda de una solución al conflicto participaron también la subsecretaria de Educación, Flavia Terigi; la titular del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, María Elena Naddeo, y la asesora tutelar porteña, Angeles Burundarena. Acompañaron la mediación entidades de derechos humanos. La negociación comenzó a las 9 y terminó a las 16, después de que una asamblea de alumnos aceptara la propuesta de conformar una “mesa de diálogo” el martes, con todos los organismos que estuvieronayer, funcionarios, representantes de la escuela, de los alumnos y padres, para tratar los problemas de infraestructura y otros que propongan los chicos. “El otro grupo, que tenía una posición más dura, no quiso firmar el acta de acuerdo”, informó Lesbegueris a Página/12. El ombudsman adjunto precisó que ese grupo estaba integrado por alumnos de los colegios Carlos Pellegrini, Julio Cortázar (de Villa Devoto), Mariano Acosta, Nicolás Avellaneda y Alejandro Volta, entre otros, aunque no se trataba de representantes con mandato de centros de estudiantes sino de jóvenes que se habían movilizado a título personal. “Estaban acompañados por adultos, algunos padres y otros militantes de partidos de izquierda, cuya presencia influyó negativamente para llegar a una solución”, evaluó Naddeo. “Quedó claro que la preocupación por la infraestructura es legítima, pero que hay serios problemas de diálogo entre los adolescentes y las autoridades de la escuela”, concluyó Lesbegueris.