Las parejas homosexuales quedaron a un paso de poder adoptar chicos en Gran Bretaña. Ayer, la Cámara de los Comunes votó a favor de un proyecto del gobierno británico que modifica la actual legislación, que sólo permite adoptar a los matrimonios heterosexuales y a las personas solteras. Como era de esperar, el Partido Conservador se opuso férreamente a la iniciativa: consideró que sólo pretende satisfacer “la agenda de derechos de los homosexuales” y que pone en peligro la institución del matrimonio.
La media sanción llegó luego de un apasionado debate: 288 diputados votaron a favor y 133 en contra. El proyecto de ley deberá ser tratado ahora en la Cámara de los Lores. Pero los conservadores adelantaron que el lunes tratarán de presentar una moción separada, que elimina específicamente el derecho a adoptar de las parejas del mismo sexo. En rigor, la iniciativa promovida por el ministro de Sanidad, Alan Milburn, posibilita la adopción a las parejas homosexuales y también a las heterosexuales que no están casadas. Aunque la gente soltera y algunas parejas no casadas, incluso homosexuales, ya pueden adoptar hijos en Gran Bretaña, la normativa sólo permiten a uno de los dos inscribirse como el representante legal del niño, dejando al otro sin derechos legales como padre.
La defensa de la iniciativa corrió por cuenta del presidente de la Comisión de Sanidad de la Cámara de los Comunes, el laborista David Hinchiliffe, quien salió al cruce de los cuestionamientos conservadores. En ese sentido, negó que el proyecto del Ejecutivo fuera a minar la institución del matrimonio y argumentó que las parejas solteras interesadas en adoptar tendrán que demostrar “la estabilidad y permanencia de su relación” para acceder al cuidado de un niño. “Algunas de las personas más inestables que he conocido en mi vida han sido personas casadas”, agregó.
El vocero conservador, Tim Loughton, esgrimió que la nueva ley que se quiere aprobar “corre el peligro de poner el interés de los adultos por encima del interés de los niños”. Otra parlamentaria conservadora, Ann Widdecombe, argumentó que las responsabilidades legales que implica el matrimonio garantizan la “estabilidad” y la “seguridad” de los pequeños, por lo que “debe mantenerse la ley vigente”.