Por presiones de la Iglesia Católica, el Gobierno quiere retirar del Congreso un proyecto para ratificar un protocolo de la ONU que apunta a garantizar la igualdad de derechos para las mujeres. El Episcopado ve la sanción como una virtual legalización del aborto, aunque el documento no hace ninguna referencia a ese procedimiento. En el marco del operativo para conseguir que sea cajoneado, diariamente llueven e-mails en las direcciones electrónicas de los senadores y decenas de militantes de la Acción Católica visitan una y otra vez despachos de senadores gritando: “¡Ustedes no saben qué es lo que están votando! ¡Están aprobando el aborto!”. La cruzada puso en un aprieto a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, presidida por Eduardo Menem. Si acceden al pedido del Ejecutivo y sucumben ante el lobby eclesiástico, harían un gran papelón: ya le habían dado su visto bueno a través de un despacho de comisión. El tema será tratado la semana próxima en la comisión. Organizaciones de mujeres iniciaron su propia campaña de apoyo al proyecto.
La polémica está centrada en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. “El documento no agrega ningún derecho nuevo a los ya enumerados en la Convención y entre ellos no está el aborto, sino que ofrece una vía judicial supranacional para reclamar ante la violación de los derechos reconocidos en la Convención”, aclaró la diputada del ARI Marcela Rodríguez. La Convención, que data de 1979 y está vigente en la Argentina desde 1985, cuenta con un comité de seguimiento, encargado de monitorear su cumplimiento. “El Protocolo Facultativo reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar las denuncias que presenten personas o grupos de personas, una vez que se agoten las vías internas, por cualquier discriminación por género”, agregó Rodríguez.
Para contrarrestar la presión eclesiástica, organizaciones de mujeres empezaron a mandar cartas a los senadores para solicitar la aprobación. También alzó su voz la directora de la Mujer del gobierno porteño, María Elena Barbagelata. “El retiro del proyecto implica una contradicción y una violación a la Constitución Nacional porque mientras por un lado se proclama la vigencia del derecho a la no discriminación de la mujer, por otro se obstaculizan las vías para su ejercicio”, opinó la funcionaria.
El pedido de aprobación del Protocolo Facultativo llegó al Senado el 15 de mayo de 2001. Lo mandó el entonces jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. Fue enviado a la Comisión de Relaciones Exteriores y recibió un dictamen favorable el 6 de setiembre, con la firma de sus 15 miembros, entre otros los justicialistas Eduardo Menem, Eduardo Bauzá, Antonio Cafiero y Beatriz Raijer.
La presión del Episcopado comenzó a ejercerse silenciosamente. En noviembre, un grupo de obispos se reunión con los senadores Menem y Mario Losada y les planteó su preocupación. A partir de ese momento, decenas y decenas de mujeres de entidades vinculadas a la Iglesia Católica empezaron a irrumpir diariamente en los despachos de los legisladores, pateando puertas y a los gritos: “¡Ustedes no saben lo que están votando! ¡Están aprobando el aborto!”, repetían una y otra vez, según confió a Página/12 un asesor de uno de los senadores visitados.
El fantasma del Episcopado es el artículo 12 de la Convención, que sostiene que se debe asegurar a las mujeres “el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”. Detrás de este derecho ve la virtual legalización del aborto. Argumenta que el Comité puede interpretar ampliamente ese párrafo y terminar recomendando que se despenalice la interrupción voluntaria de un embarazo. “Es una estupidez. El Protocolo no crea ningún derecho nuevo”, destacó Monique Altschul, titular de Mujeres en Igualdad.
El lobby eclesiástico se centró últimamente en el Ejecutivo, aprovechando la presencia del subsecretario de Culto, Esteban Caselli, con excelentes lazos con la jerarquía católica. Con la firma del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, y del canciller Carlos Ruckauf, el 30 de abril llegó al Senado el pedido de devolución del proyecto. En la nota, el Gobierno hace suyas las preocupaciones en torno a “recomendaciones” del Comité para “despenalizar el aborto” y argumenta que el Protocolo “afecta sensiblemente la Soberanía Nacional”, al habilitar una vía judicial supranacional para elevar denuncias. Sin embargo, ese mismo mecanismo ya existe con otras convenciones internacionales. Las violaciones al Pacto de San José de Costa Rica pueden elevarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La senadora radical Marita Colombo presentó ayer un proyecto de resolución en el que pide al Ejecutivo que aclare cuáles son las recomendaciones que apuntan a despenalizar el aborto. “No tengo por qué tomar por cierto lo que ellos dicen”, comentó a este diario y confirmó que en los primeros días de enero, el senador Menem planteó en la comisión que la Iglesia se oponía a su aprobación. El tema será debatido esta semana en la comisión. Las opiniones están divididas: están los que quieren insistir en su aprobación tal como está, quienes quieren cajonearlo y los que pretenden incluirle algunas cláusulas interpretativas que ratifiquen la autonomía jurídica de la Argentina y alejen los fantasmas del aborto. Esta última, sería la posición mayoritaria.