Como cualquier otra unidad penal, la 9 de La Plata, del Servicio Penitenciario Bonaerense, es un mundo encerrado entre cuatro paredes. Un mundo aparte, del cual pocas veces trasciende la realidad cotidiana de sus habitantes, eufemísticamente los internos. Ayer, no sólo trascendió sino que por primera vez en democracia peritos judiciales comprobaron un caso de tortura con pasaje de electricidad a un preso por parte de integrantes del SPB. La denuncia la presentó el Comité Contra la Tortura, de la Comisión provincial por la Memoria, el 10 de mayo pasado, a partir de la denuncia de los familiares del preso torturado. Cinco días antes, ese mismo preso se había entrevistado con los integrantes de la comisión. La electricidad llegó como represalia, y tuvo lugar también eufemísticamente en el sector Sanidad de la Unidad 9. Ayer, la CM reclamó por el caso al gobernador bonaerense Felipe Solá, quien a su vez realizó una denuncia judicial. Los miembros de la CM obtuvieron la prueba pericial de la tortura porque actuaron en forma inmediata. El recorrido que debieron hacer indica por qué resulta tan difícil obtener prueba de algo que es una costumbre cotidiana: tuvo que intervenir hasta un juez de la Suprema Corte bonaerense para que la intervención pericial fuera urgente.
El 5 de mayo pasado, una delegación de la Comisión provincial por la Memoria integrada por Adolfo Pérez Esquivel y Alejandro Mosquera, acompañada por el defensor general de San Nicolás Gabriel Ganon, las defensoras oficiales de San Isidro y Lomas de Zamora, María Dolores Gómez y Marcela Piñeyro, y el secretario de ejecución de San Martín, Juan Manuel Casolati, se presentaron a inspeccionar la Unidad 9, de La Plata. Allí, dos internos que compartían celda pidieron entrevistarse con los miembros de la comisión. Uno de ellos se llama Cristian López Toledo (se menciona su nombre como garantía de supervivencia suya y de su familia, que ya recibió amenazas). El otro prefirió mantener su nombre en el anonimato.
Cinco días más tarde, la comisión recibió el llamado de los familiares de López Toledo. Desesperados, denunciaban que había sido torturado. La comisión se presentó de inmediato en la U9. Allí, Alejandro Mosquera y los abogados del Comité contra la Tortura pudieron corroborar y documentar golpes y marcas en la espalda, cuello, cara y piernas de ambos internos. “Estaban realmente golpeados y uno de ellos (López Toledo) había recibido picana en los pies”, dijo Mosquera. “El preso contó que fue llevado a Sanidad y que entraron 4 o 5 personas, que cubrían sus rostros con pasamontañas, lo golpearon, lo ataron a la camilla y le dieron electricidad en los pies, le aplicaron picana en los pies.” Le dijeron, “así que te gusta denunciar, a cualquier lado que vayas te vamos a estar esperando porque en el Servicio somos una familia muy grande”.
Golpes y torturas como las que sufrieron los dos internos es cosa de todos los días. La Comisión presentó en octubre pasado un informe al mismo gobernador Solá en el que se recopilaban 700 casos de torturas en los que faltaba recorrer el camino que se recorrió con López Toledo.
“Conseguir muestras de piel fue todo un proceso –dijo a Página/12 el fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca Hugo Cañón e integrante del Comité contra la Tortura–. Hubo dificultades a cada paso.”
La práctica pericial tiene un tiempo límite de siete días para tomar pruebas. Usualmente, en lugar del primero, la toma se hace el séptimo. En esta ocasión y previo pedido a un juez de la Suprema Corte para lograr que la oficina pericial acudiera de inmediato, se logró la presencia de una perito médica en la unidad. La perito, a su vez, en lugar de hacer la revisión de costumbre, que consiste en ver si el preso tiene gripe o pie de atleta, decidió tomar muestras de las innumerables marcas que parecían golpes eléctricos. Ahora, quedó confirmada la sospecha. El caso LópezToledo se transformó así en el primer caso de tortura probada jurídicamente. El proceso que debieron recorrer los integrantes de la comisión demuestra por qué hasta ahora no se había comprobado ninguno de los casos denunciados sobre los miles que nunca fueron denunciados por miedo. Ayer, el director del penal, Carlos Torres, y ocho integrantes de la guardia fueron pasados a disponibilidad preventiva por el sumario 21211-108.274/05. Todo depende, ahora, de la fiscal Virginia Bravo.
El subsecretario de Políticas Penitenciarias, Carlos Rotundo, había asegurado que no se admitirá ningún tipo de violación a los derechos humanos. Por las dudas, el 9 de mayo, un día antes de la comprobación de las torturas, la resolución 007/05 impedía el ingreso de cámaras “para preservar la intimidad de los internos”. Las cámaras se utilizan para documentar las violaciones a esos derechos que tan rotundamente dicen proteger. La resolución estaba firmada por el contradictorio subsecretario. Ayer, Solá se comprometió a darlo de baja. Al 007.