Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Representados por una abogada de derechos humanos y acompañados por el CELS, la Comisión Intersectorial que sigue la situación carcelaria en la Penitenciaría de San Martín presentó ayer ante la Justicia ordinaria un recurso de hábeas corpus “colectivo y correctivo”, con el fin de que el Poder Judicial controle y fiscalice las condiciones en que se están cumpliendo las penas privativas de la libertad y las prisiones preventivas en todo el territorio provincial.
A seis meses de la revuelta que sacudió al país, la situación penitenciaria continúa siendo dramática: la superpoblación supera el 50 por ciento, los programas educativos y laborales casi ni existen, no hay progresividad en las conductas de los internos y no se realiza el seguimiento jurídico de sus causas. Todas promesas que las autoridades se comprometieron públicamente a cumplir cuando finalizó el conflicto que costó la vida de ocho personas en febrero pasado.
“Ayer (por el miércoles) se cumplieron seis meses de la rebelión y todo sigue igual o peor”, dice Marcela Lescano, una de las integrantes de la Comisión Intersectorial para la Observación y el Seguimiento de la Situación Carcelaria en Córdoba, que –representada por la abogada Lyllan Luque– presentó ante la Justicia provincial un pedido de hábeas corpus correctivo y colectivo, “con la finalidad de que este poder controle y fiscalice las condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad y las prisiones preventivas en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba”, explicó la letrada a este diario.
En el escrito, la Comisión solicita “que la Justicia se pronuncie acerca de la ilegitimidad, constitucional y legal, del encierro de estas personas en las condiciones en las que se hallan”. Además, requieren “que se culmine esa situación y que se establezca un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados para que pueda hacerse efectivo el cese de la detención de personas en condiciones de indignidad”.
Para apoyar el requerimiento, los miembros de la comisión aportaron estadísticas oficiales “donde consta la superpoblación en todas las cárceles provinciales, denuncias de los presos a organismos de derechos humanos por falta de atención médica, de seguimiento jurídico de sus causas, de trabajo, de educación y fotografías de los lugares donde se alojan los internos”, resaltó Luque.
Los datos en los que se basa la comisión son los suministrados por la provincia de Córdoba al Sistema Nacional de Estadística de Ejecución Penitenciaria el 24 de mayo pasado: “La capacidad real de alojamiento de la provincia es de 3716 plazas, mientras que la cantidad de personas privadas de su libertad es de 5823, es decir una superpoblación del 57 por ciento”.
Miguel Baronetto, secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, sostuvo en Tribunales que “la situación en San Martín sigue siendo terrible. Yo recibo denuncias permanentes de los presos por falta de atención médica, porque no les pagan por su trabajo o porque los jueces no tramitan sus causas. Cómo estará de mal la cosa, que ni siquiera me dejan entrar a la Penitenciaría”.