“¡Acá está la nena!”, le dijo la enfermera a María de los Angeles cuando le entregó a su bebé. “¿Pero cómo? –respondió ella–, ¿yo no había tenido un varón?” La historia ocurrió hace seis años, el 16 de agosto de 1999, en el Hospital Felipe Heras de la localidad entrerriana de Concordia. María de los Angeles era una madre primeriza de 15 años de edad. Junto a su bebé nacieron otras dos criaturas. Una de las enfermeras se confundió, y en lugar de darle a su varón le dio a la niña que había nacido en la camilla vecina. Hace cuatro años la justicia de menores confirmó la identidad de los bebés cambiados y ayer la justicia civil emitió un dictamen por el cual obliga al Estado provincial a indemnizar a María de los Angeles y a la otra mamá por un valor de 10 mil pesos a cada una. Por un acuerdo de las partes, los nenes nunca volvieron con sus padres biológicos, pero la indemnización estaría destinada a que los chicos –ahora de seis años de edad– comiencen con un tratamiento psicológico para encarar ese proceso.
Alejandro Giorgio no encontró antecedentes de casos similares en Concordia ni en el resto del país. Es el abogado patrocinante de María de los Angeles y de César Javier, los padres de uno de los bebés cambiados de Concordia.
El caso comenzó en agosto de 1999, cuando María de los Angeles se internó sin ecografías ni chequeos previos en el hospital público de la ciudad para el nacimiento de su hijo. Llegaba de uno de los barrios más pobres de los alrededores para dar a luz junto a otras dos mujeres que se internaban ese mismo día.
Cuando su hijo nació, una de las parteras le dijo que había tenido un nene. María de los Angeles no lo vio. “No lo vio en ese momento, tampoco lo vio su marido, sólo escuchó a la enfermera que le dijo que había tenido un varón”, explica el abogado. Se lo entregaron luego de higienizarlo, una hora y media más tarde. Pero su hijo ya no era un varón, sino una nena.
“¿Pero cómo?”, le dijo en voz alta a la enfermera. Luego de un momento de duda, la enfermera consultó con quien había estado en la sala de parto. “Hubo un error”, le dijeron. “Se confundió la enfermera.” Le explicaron, entonces, que su nene no había nacido nene, sino nena. En ese mismo momento, a una vecina de la sala de parto le sucedía lo mismo. Pero ella inmediatamente se convenció de que las enfermeras estaban en lo cierto.
El cambio de identidad quedó comprobado un año y tres meses más tarde. Tras el parto, María de los Angeles presentó una denuncia en el juzgado de Familia Civil y Penal de Menores 1 de Concordia, a cargo de María Teresa Esteves de Badero. El juzgado avanzó. Ordenó el secuestro de las historias clínicas de los nenes, donde encontraron la primera pista del posible cambio de identidad: dos de las tres partidas de nacimiento de ese día tenían un borrón y una enmienda. Inmediatamente, el juzgado ordenó un examen de ADN entre María de los Angeles y su nena. “Los resultados excluyeron el vínculo entre hija y madre”, explicó el abogado.
Después hubo que ubicar a la otra familia, y entonces el juzgado repitió el examen de filiación. Cuando comprobaron que los niños habían sido cambiados, el juzgado “dispuso la rectificación de las partidas de nacimiento en el Registro Civil, fundándose en el derecho de identidad de los menores”, explicó el secretario del juzgado, David Brodsky, ayer, en una comunicación oficial.
Pero para entonces los niños tenían unos cuatro años de edad, calculó el secretario, ante la consulta de este diario. En ese marco, el juzgado convocó a una reunión de consenso entre los padres, un equipo de técnicos del Poder Judicial y los representantes de los ministerios Pupilar y Fiscal. En ese encuentro, las partes tomaron la decisión que durante todo el día de ayer provocó más impacto: cada uno, de común acuerdo, resolvió quedarse con el niño que había criado.
La medida se adoptó, “teniendo en cuenta la vinculación afectiva creada entre los guardadores y los respectivos menores”, indicó el juzgado. Y en ese contexto, fijaron “un amplio régimen de debida comunicación –visita– de éstos con los padres biológicos y demás familiares”.
En este momento, los niños tienen seis años de edad. Ambos se criaron con los padres cambiados. Y ninguno sabe su identidad verdadera, un camino por el que sus padres comenzarán a transitar de ahora en adelante, explicó Giorgio. “Por ese motivo iniciamos la demanda civil contra el Estado provincial –aclaró–, para que los chicos puedan conocer su historia debidamente seguidos por un equipo de psicólogos y asistidos.”
Esa decisión quedó en manos de la jueza en lo Civil y Comercial de Concordia, Mónica Pelayo de Dri. En un fallo conocido ayer, condenó al gobierno de la provincia de Entre Ríos a pagar una indemnización de diez mil pesos a cada una de las familias.
Los damnificados apelaron la medida porque consideran que las partidas de dinero son escasas. Aunque el juzgado original no recibió acciones de restitución ni de adopción relacionadas con los dos niños, sus padres se preparan para comenzar ese camino. César Javier aseguró ayer en varias entrevistas en la prensa que, aunque no está arrepentido de la paternidad que le otorgó el destino, “en alguna oportunidad quiero tener un vínculo con mi hijo biológico”.