La oficina de la ombudsman del Banco Mundial evaluará el proyecto de construcción de las dos plantas de fabricación de pasta celulósica en Fray Bentos Uruguay. La decisión fue tomada a sólo una semana de que el gobernador entrerriano, Jorge Busti, y vecinos de Gualeguaychú pidieran al organismo financiero que controle algunos aspectos de la obra que generó duras críticas por la posible contaminación ambiental que generarían esas industrias. Del 10 al 14 de octubre, la ombudsman Meg Taylor se reunirá con las partes en conflicto y tendrá un mes para dictaminar. En caso de que encuentre irregularidades, podría trabar el financiamiento de las obras.
La notificación de la visita de Meg Taylor fue recibida ayer por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), patrocinante de los demandantes argentinos. “Hicimos el pedido la semana pasada y la respuesta fue rápida; lo que esto significa es que el mismo BM admite que hay causas para investigar”, reconoció el director ejecutivo de esa entidad, Daniel Taillant, en diálogo con Página/12.
La intervención de la ombudsman se debe a que del proyecto participa la Corporación Financiera Internacional (CFI), subsidiaria del Banco Mundial, con un aporte de 200 millones de dólares. El total de 1800 millones de dólares que precisa la obra será completado con capital privado que podría frenarse si la resolución de la funcionaria del BM fuera negativa. Algunos de los ejes del control serán:
- Que la CFI haya respetado su política interna y no financie proyectos que afectan al medio ambiente.
- Que el estudio de impacto ambiental de la empresa contratada por las empresas que construirán la planta (Botnia, de Finlandia, y ENCE, de España) no presente irregularidades.
- Verificar si no se viola el marco jurídico de acuerdos de aguas fronterizas.
“La firma que hizo el estudio de control ambiental es Pacific Consulting International, y no es transparente ni seria”, consideró Taillant. Además, añadió, “la CFI dijo que el proyecto tiene un amplio apoyo, pasando por encima la movilización de 30 mil personas” sobre el río Uruguay, en el puente que une Fray Bentos con Gualeguaychú. Por último, “el Tratado del río Uruguay –de aguas fronterizas– ya se vio afectado porque enfrenta opiniones de los gobiernos uruguayo y argentino”.
Meg Taylor se entrevistará con representantes de las comunidades afectadas, las empresas que pretenden construir las papeleras y el Estado uruguayo, que le dio vía libre al proyecto. Tendrá una función accesoria, que será mediar entre ellos para encontrar una salida al conflicto. Y deberá emitir una resolución en un mes: “Si dice que todo está en orden, todo sigue igual. Si no, puede pedir una auditoría a la CFI y el Directorio del BM deberá decidir si financia o no el proyecto”, arriesgó el abogado.
“Estamos muy contentos, hubo un resultado inmediato a nuestra gestión y esto abre un camino impensado hace 15 o 20 días”, reconoció el gobernador Busti. Por su parte, el vicegobernador, Guillermo Gustavino, aseguró que hoy estará presente en la marcha “El Grito Blanco”, que tendrá lugar en la costanera de Gualeguaychú para repudiar a las papeleras.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.