El procesamiento del funcionario que intervino en la habilitación del local donde funcionó República Cromañón, dictado ayer por el juez Lucini, puede ser la primera pista de la corrupción en el caso que se inició con la muerte de 194 jóvenes. Roberto Calderini, quien en 1997 trabajaba en el área de Habilitaciones de la ciudad, estuvo a cargo de la inspección que dio el OK para que funcionara el boliche Reventón, antecesor del salón que administró Omar Chabán. Según fuentes judiciales, una de las principales pruebas contra Calderini fue el hallazgo de su nombre, como destinatario de dinero, en uno de los asientos contables de empresas investigadas por el juez.
Calderini fue procesado por “negociaciones incompatibles” con la función pública y recibió un embargo sobre sus bienes por 100 mil pesos, en la causa paralela en la que Lucini investiga irregularidades en la habilitación de Cromañón. En esa causa están procesados dos oficiales y dos efectivos del cuerpo de bomberos de la Policía Federal y tres directivos de empresas que intervenían en el otorgamiento de certificados contra incendio, necesarios para la habilitación de comercios.
Calderini sigue trabajando como empleado de planta, pero alejado de las funciones de inspección. Según fuentes del gobierno porteño, en 1999 se le inició un sumario administrativo por presuntas irregularidades, pero el expediente fue archivado y el funcionario conservó su puesto. “Las causas para iniciar un sumario prescriben a los cinco años. Por eso, la única forma en que este funcionario puede quedar cesante es recién cuando su procesamiento quede firme”, explicó la fuente consultada por este diario.
La Comisión Investigadora de la Legislatura había recibido el testimonio de Calderini. “Allí quedó claro que fue este funcionario el que habilitó el local de Once sin que estuviera en condiciones, que dibujó la puerta de emergencia como salida alternativa en un lugar donde no podía estar, ya que no da a la calle, y que alteró en menos la superficie del local, para que pudiera ser habilitado como discoteca”, dijo a Página/12 el abogado Fernando Soto, representante de familiares de víctimas y sobrevivientes de Cromañón.
El dinero que habría recibido Calderini entre 2000 y 2004 provenía de las empresas Bausis SA e Idpex SA, encargadas de hacer refacciones en materia de seguridad y vinculadas a oficiales del cuerpo de Bomberos. Esta causa paralela se inició a partir de las denuncias de la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, en su declaración indagatoria.