Cada vez más delitos penales se resuelven a través de una mediación. El mecanismo se aplica en un número creciente de departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y para el año próximo está previsto poner en marcha una experiencia en el ámbito de la Justicia correccional porteña. El sistema funciona así: víctimas de pequeñas estafas, de usurpaciones, de hurtos o robos simples y de conflictos familiares optan por negociar un acuerdo con su victimario sin transitar los tortuosos caminos de un expediente judicial tradicional. De esta forma, procesos que podrían demandar varios años o terminar archivados se están resolviendo –con un resultado que siempre tiene en cuenta la opinión de la víctima– en apenas dos o tres meses.
La Plata, San Martín, Mercedes, La Matanza, San Isidro, Zárate-Campana, Dolores (Mar del Plata), Necochea y Azul son algunos de los departamentos judiciales del territorio bonaerense con programas de “reconciliación” entre víctima y ofensor. El sistema logra “un alto nivel de acuerdo” entre las partes, según precisó a este diario la subsecretaria de Mediación de la Procuración General de la provincia, Susana Figliomeni. La funcionaria destacó que la expansión de la mediación penal cuenta con el apoyo de la procuradora general María del Carmen Falbo, que busca con este método “dar respuestas rápidas a la gente y desburocratizar la Justicia”. Se aplica en delitos con penas de hasta seis años de prisión. Principalmente se resuelven conflictos en los cuales las partes tienen algún tipo de relación previa, como familiares, vecinales o laborales, explicó Ulf Chiristian Eiras Nordenstahl, titular del Centro de Asistencia a la Víctima y Mediación, de San Martín. En general, los equipos de mediadores son interdiscipinarios y están conformados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
La mediación penal podría desembarcar en la ciudad de Buenos Aires a partir del año próximo, según reveló a Página/12 el secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar. “Desde noviembre de 2004 expertos del Colegio Público de Abogados, de la Asociación de Magistrados, de la Defensoría General, de la Procuración y algunos jueces se están reuniendo para tratar de definir cómo implementar la mediación penal en el fuero Correccional para los delitos de menor cuantía”, informó el funcionario. La promotora de estos encuentros es la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, ferviente defensora de la mediación. El miércoles último, Highton de Nolasco inauguró una jornada organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde representantes de distintas jurisdicciones intercambiaron sus experiencias en mediación penal.
El sistema podría extenderse a todo el país si se sanciona una ley, con media sanción del Senado, que actualmente está en estudio en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

En busca de una reparación

A través de las experiencias de mediación penal, estafadores y estafados, usurpadores y propietarios, ladrones de poca monta y asaltados se están sentando frente a frente para saldar sus cuentas. También recurren a este método personas afectadas por conflictos familiares tipificados en el Código Penal como situaciones de violencia conyugal, casos de incumplimiento del pago de cuotas alimentarias o de impedimiento del vínculo entre un hijo y el padre no conviviente. “Son casos en los que a la víctima no le interesa que el Estado encarcele a nadie. Muchas veces se abren expedientes, la causa se tramita formalmente, pero termina archivada, es decir, concretamente el sistema penal no se ocupa de darle una respuesta a la víctima”, explicó a este diario Fernando Domínguez, fiscal adjunto de San Martín, uno de los distritos judiciales con más experiencia en la materia. En 2004, allí se realizaron 1456 mediaciones penales: en el 75 por ciento de los casos se llegó a un acuerdo. La mayor cantidad correspondió a causas iniciadas por incumplimiento del pago de cuotas alimentarias (405 casos), lesiones (264) y amenazas (281). En menor medida se medió en causas por impedimento de contacto de hijos con su padre no conviviente (59), daños (55), usurpación (49), robos y hurtos (37) y estafas (22).
¿Cómo funciona la mediación penal? En el ámbito bonaerense, el procedimiento puede tener algunas variaciones según el distrito judicial, pero en términos generales se inicia a partir de la sugerencia del fiscal que actúa en la causa o a pedido de la propia víctima. “Pero quien decide si el caso es viable o no para ir a una mediación es finalmente el fiscal”, aclaró María Virginia Delbes, secretaria de Mediación y Conciliación Penal de La Plata, otro de los departamentos judiciales de la provincia con una amplia trayectoria en la aplicación de este mecanismo: comenzaron a usarlo en 1998 y ya suman más de 10 mil casos penales en los que han mediado.
El procedimiento es voluntario. “No podemos citar a las partes por la fuerza pública”, indicó Delbes. Para poder recurrir a la mediación, el denunciante tiene que tener más de 16 años y el denunciado debe ser mayor de 18. Víctima y victimario buscan un acuerdo con la ayuda del mediador. “Al imputado de un delito no se lo obliga a confesar. Lo que se busca es la reparación de la víctima. La concepción teórica de la mediación penal es que se ve la infracción a la norma como un conflicto entre particulares”, señaló Domínguez, fiscal adjunto de San Martín, donde quedan excluidos de la mediación aquellos delitos que involucren a funcionarios públicos y entre los conflictos intrafamiliares, los casos de violación.
Las oficinas de mediación o de asistencia a la víctima –desde donde se aplica este método– realizan el seguimiento del cumplimiento del acuerdo. Una vez cumplido, se archiva la causa. “Si el victimario no lo cumple se puede reabrir la acción penal”, aclaró Domínguez. Según cuentan los especialistas, el proceso de mediación en delitos penales no supera los tres meses.
La mediación penal en el territorio bonaerense tiene dos fundamentos legales: por un lado, el Código de Procedimiento de la provincia que prevé la realización de acuerdos conciliatorios y de reparación del daño; y por otro lado, la Ley 12.061 de Ministerio Público que ordena a los fiscales lograr la resolución pacífica de las controversias. Desde el año pasado, se extendió la posibilidad de mediar hasta la audiencia preliminar al juicio oral: antes, el plazo para resolver el asunto por esta vía vencía con la declaración del imputado.

Casos

En la oficina de La Plata, los casos más habituales que van a mediación penal están relacionados con violencia familiar.
–¿No es peligroso enfrentar a una mujer víctima de violencia conyugal con su agresor? ¿No es una mediación despareja? –le preguntó Página/12 a Dalbes, a cargo del área.
–La experiencia nos indica que muy pocas mujeres quieren que el marido se vaya de la casa: lo que quieren es que inicie tratamiento. El planteo típico es: “Soy una señora golpeada, lo quiero y quiero que me ayuden”. El primer punto del acuerdo es que el hombre no la agreda más; el segundo, que haga tratamiento psicológico y nos debe traer constancias de que lo está siguiendo. En estos casos muchas veces no hay testigos y las causas suelen archivarse. Cuando la mujer quiere que su pareja deje el hogar, tratamos de que se retire voluntariamente, con el compromiso, siempre, de que no habrá más agresiones.
Otro gran rubro que va a mediación penal son los casos de amenazas o lesiones en relaciones familiares, informó la especialista. “El porcentaje de acuerdo y de cumplimiento es altísimo”, destacó. En los casos de robo simple o hurto, especialmente cuando el ladrón es pescado in fraganti, el mediador trata de que devuelva los objetos sustraídos. “Si no los tiene porque los ha vendido, se trata de acordar una reparación económica a la víctima, que muchas veces es en cuotas. Lo mismo cuando se trata de estafas, de cheques sin fondo”, contó Dalbes.
Las cuotas también se usan para pagar daños. Por ejemplo, como ocurrió en un caso reciente en el que intervino la oficina plantese de mediación: tres hombres alcoholizados se metieron a un local de comidas, provocaron grandes destrozos en el lugar y también abusaron sexualmente de una moza. “Pagaron en cuotas el daño y la causa por abuso sexual se elevó a juicio oral”, detalló Dalbes.
Habitualmente no intervienen en casos de abuso sexual y abuso deshonesto. Aunque alguna vez han mediado en un hecho de violación intrafamiliar: “Una padre es denunciado por violar a una hija. Pero no había pruebas suficientes para detenerlo. Entonces, para preservar a la menor, se mandó a mediación el caso para lograr que el hombre se retirara voluntariamente de la casa, hasta que se terminara la investigación”, relató la secretaria de Mediación y Conciliación Penal de La Plata. “Hemos mediado incluso con personas detenidas, por ejemplo, en un caso de un preso por delitos de droga y delitos leves. Cuando se genera la mediación se trata de solucionar el problema de fondo: en este caso la adicción a las drogas”, explicó.
En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires está en estudio un proyecto de ley con media sanción del Senado para extender el mecanismo a todo el territorio bonaerense. “Hay consenso de las dos fuerzas mayoritarias de que se tiene que ir incorporando la mediación penal al ordenamiento jurídico. Hay predisposición a aprobar la ley, lo que estamos analizando es en qué tipo de delitos se aplicará y cómo será el procedimiento”, indicó el diputado Juan Carlos Morán, vicepresidente de la Comisión de Legislación, donde está en tratamiento la iniciativa.
“Es una justicia reparadora, que además apunta a la resocialización del infractor primario, que busca prevenir la reiteración del delito, mejorar la convivencia y modificar conductas”, destacó Susana Figliomeni, a cargo del Area de Mediación de la Procuración de la provincia.