La experiencia bonaerense en mediación penal no es la única en el país. Chaco tiene desde hace tres años una ley específica, la primera que se sancionó en el territorio argentino. Y Río Negro acaba de seguirle los pasos: se espera que en esta provincia el sistema se instrumente hacia fin de año, una vez que sea reglamentada la flamante normativa, con la particularidad de que podrá aplicarse en casos de delitos con penas de hasta 15 años de prisión.
En otras provincias, la mediación penal se está usando únicamente con adolescentes como en Neuquén, donde hay un programa desde 2002 (ver aparte). Recientemente, Entre Ríos y Mendoza comenzaron a impulsar experiencias similares en el ámbito de la Justicia criminal juvenil.
Se está aplicando el sistema también desde el Servicio de Mediación Penal que funciona en el Centro de Formación Profesional de la Facultad de Derecho de la UBA y en la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, dependiente de la Procuración General de la Nación.
La ley de mediación penal en Río Negro fue impulsada por la legisladora radical Ana Piccinini. “Hubo resistencia cultural a la aprobación de la ley: la gente quiere al delincuente preso. También hubo resistencias corporativas, especialmente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, correspondiente a Viedma”, contó a Página/12. Para Piccinini “no debería haber límite en la gravedad del delito” que puede ir a mediación. La flamante normativa establece que pueden someterse a la mediación penal casos con delitos de hasta 15 años de prisión, señaló la legisladora. El límite es controvertido. En el resto del país donde hay experiencias de mediación penal, sólo se someten a este mecanismo delitos menores, con una escala penal máxima de seis años de reclusión.
“Vemos a diario que el aumento de la sanción no logra disuadir la delincuencia sino que, contrariamente, genera más violencia. La sociedad debe confiar en la convivencia humana; si los resultados que existen, que están ahí y los vemos, demuestran fracasos, hay que pensar, necesariamente en algo distinto, en algo diferente”, argumentó la diputada. “Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Australia, Alemania, Holanda, España, Colombia, entre otros, están trabajando desde hace años, en la reforma del sistema criminal tradicional a través de la instrumentación de la justicia restitutiva, fundamentalmente enfocado hacia la Justicia criminal juvenil”, agregó Piccinini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura unicameral de Río Negro.