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La Legislatura de Chubut aprobó el 15 de diciembre un proyecto de reforma de las leyes ambientales. Este nuevo código levantó algunas críticas. Miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, una organización social que rechazó la instalación de una mina de oro en Esquel, advirtieron que esta iniciativa “abre las posibilidades para que las empresas que explotan recursos naturales que están y las que vendrán puedan trabajar sin que nadie las moleste, para que no tengan controles ni palos en la rueda, y con mínimos controles públicos, casi simbólicos”.
“Todos tenemos derecho a un ambiente sano y tenemos el deber de preservarlo –destacó Gustavo Macayo, abogado y miembro de la agrupación, en diálogo con Página 12–. La Legislatura derogó los decretos reglamentarios, que son las formas en que se aplica la ley, de todas las leyes de protección ambiental.” Como ejemplo, advirtió que quedó derogado el decreto reglamentario de la ley de Impacto Ambiental, “que establecía con máximo detalle ciertas exigencias en los diferentes tipos de estudio de impacto ambiental para cada actividad”.
Por otro lado, Macayo aseguró que “quedó restringida la posibilidad de que cualquier habitante pueda presentar un amparo ambiental. Quienes podrán presentarlos serán personas jurídicas legalmente constituidas, entes públicos o personas físicas cuando se trate de un interés colectivo, pero excluye que se presente por interés particular”.
El dirigente ambientalista recordó que quien presentó el recurso de amparo que frenó la instalación de la mina de Esquel “fue una señora de la zona”. En su interpretación, esa causa no podría repetirse ahora, pese a que el artículo 111 de la Constitución provincial establece que “todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas respecto de hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente”.
Para Macayo, se supone que “están detrás de esto las petroleras y las mineras, ya que el objetivo es liberar el camino a las multinacionales. Si hubiera intención de mantener mayor protección no se derogarían las normas vigentes”, resaltó.
Asimismo, las nuevas normativas “establecen que personas públicas que trabajen con residuos tendrán 60 días para registrarlos a partir de la promulgación de este código, con lo cual se anulan los incumplimientos anteriores que pudieran existir”. También “se deja la puerta abierta para un reservorio de residuos radioactivo”.
La organización destacó que “hubiera sido mucho más prudente hacer un digesto que incorpore toda la legislación ambiental, y una mayor difusión de la información ambiental, sin derogar ninguna norma”.