El gobierno porteño, los talleristas bolivianos y los empresarios textiles coreanos acordaron ayer formar un comité “para lograr la regularización de todos los talleres” donde se desempeñan trabajadores procedentes de Bolivia. En la reunión también participó un representante de la DAIA; los bolivianos pidieron disculpas –“que fueron inmediatamente aceptadas”– a coreanos y judíos por expresiones ofensivas pronunciadas anteayer en una movilización. Se coincidió en efectuar un censo de todos los talleres, examinando las condiciones de trabajo en cada uno. Hoy se efectuará otra reunión, en la cual el gobierno porteño podría ofrecer una solución para que quienes quedaron desocupados por la clausura de los talleres puedan retomar la actividad; una posibilidad sería reinstalar las máquinas en otros locales. Las inspecciones y clausuras que se vienen efectuando no fueron cuestionadas en la reunión. Ayer se inspeccionaron otros 31 talleres, de los que 11 fueron clausurados. Antes de la reunión, integrantes de la comunidad boliviana habían vuelto a movilizarse: según un dirigente, “las grandes fábricas promueven los talleres ‘en negro’ porque los costos son menores: en cuanto paguen precios justos, será más fácil el blanqueo”.

En la reunión de ayer participaron Diego Gorgal, ministro de Gobierno porteño; Enrique Rodríguez, ministro de Producción; Gabriela Cerruti, ministra de Derechos Humanos; representantes de la Asociación de Talleristas Bolivianos, de la Cámara Textil Coreana y de la DAIA. “Se logró un acuerdo para formar un comité que se encargará de regularizar la situación de todos los talleres”, confirmaron a este diario dos fuentes de distintas entidades civiles participantes. Gabriel Juricich, representante legal de la Federación Boliviana en la Argentina, presente en la reunión, aclaró que “no se cuestionó la continuidad de las inspecciones y clausuras necesarias para prevenir sucesos como el incendio del taller de la calle Luis Viale” (donde hace ocho días murieron cuatro niños y dos adultos).

En cuanto a los talleres que, sin presentar riesgos para la seguridad, no están legalmente habilitados, “se solicitó empezar con requisitos mínimos hasta que llegue la regularización total”, contó Juricich. También se acordó “hacer un censo de todos los talleres y verificar las condiciones en que opera cada uno de ellos”. Las fuentes destacaron que “los representantes bolivianos pidieron disculpas a los coreanos y a los judíos por expresiones ofensivas que habían tenido lugar en la marcha del miércoles, y estas disculpas fueron inmediatamente aceptadas”. Hoy se efectuará una nueva reunión con miras a la cual “el gobierno de la ciudad se comprometió a avanzar en una solución para que las personas que a raíz de las clausuras han quedado desocupadas puedan volver a trabajar”.

En este sentido, y con respecto al taller de Luis Viale, Gabriela Cerruti, ministra de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad, contó a Página/12: “Me presenté en la causa pidiéndole al juez que nos declare depositarios judiciales de la maquinaria allí existente, para que esas familias puedan volver a trabajar en locales que nos ocuparemos de conseguirles”.

Esto podría marcar un camino para muchas familias que vivían en los locales clausurados y que, según reconoció la ministra, “siguen viviendo en esos mismos lugares, sólo que no pueden trabajar porque los talleres están clausurados”. En caso de que no aceptaran retirarse, “sería necesario el desalojo judicial”, aclaró Cerruti. En cuanto a las máquinas, “a veces el patrón huyó, dejando la maquinaria; en otros casos, ésta es propiedad de dos o tres familias que trabajaban juntas en una casa tomada”.

Durante la jornada de ayer, nuevamente se movilizaron centenares de residentes bolivianos en el centro comercial de la calle Avellaneda, en Flores, con consignas no siempre unificadas. Así, mientras José Sánchez, de la Comisión de Residentes Bolivianos, pedía “que cesen los allanamientos que estamos sufriendo”; Rolando Nogales, presidente de la Asociación de Residentes Bolivianos en la Argentina, destacaba que “está muy bien que se clausure un establecimiento si no cumple normas básicas de seguridad”, a la vez que solicitaba “que bajen los costos para blanquear a los trabajadores” y denunciaba que “las grandes fábricas no le entregan trabajo a un taller que opere en blanco, porque los costos son mayores: a partir de precios justos, más fácil será el blanqueo”.

Entre tanto, Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre –en un escrito que firma también Gustavo Vera, de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre–, solicitó a Jorge Taiana, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, “que el gobierno argentino pida a su par boliviano el inmediato cese de funciones del cónsul Albaro Gonzales Quint”, ya que “el cónsul promueve la contratación, transporte, ocultamiento de personas por la fuerza u otras formas de secuestro o engaño, con el fin de explotación”, de residentes bolivianos en la Argentina.