Un médico argentino que vive en España ofreció ayer que la joven L.M.R. se realice el aborto en forma gratuita en Andalucía, donde tiene dos clínicas en las que se practican interrupciones voluntarias de embarazos. En España el aborto es legal hasta la semana 23 de gestación. “Lo único que necesitamos es que la chica venga, toque timbre y esté dispuesta a hacerse el aborto”, señaló el tocoginecólogo Bernardo Acuña, en diálogo con Página/12. Acuña es un militante por la legalización del aborto. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y está radicado en la península ibérica hace tres décadas. “En algunos países, como Canadá y Suecia, está permitido el aborto hasta la semana 26”, destacó Acuña.

“El desenlace que ha tenido este caso es aberrante, es un atropello a los derechos y libertades individuales de esta adolescente, discapacitada psíquica que ha sido violada”, se indignó Acuña en una charla telefónica, en la que reveló su ofrecimiento. Y agregó: “Quien diga que un feto de 20 semanas es viable y puede tener sobrevida, que lo saque mañana y demuestre que es así. Es imposible, recién a partir de la semana 24, en un cálculo muy generoso, tendría sobrevida”. De esta forma, Acuña se sumó a los cuestionamientos que hicieron otros médicos en el país al dictamen del Comité de Bioética del Hospital Interzonal General San Martín, de La Plata, que resolvió no interrumpir el embarazo de L.M.R. por considerar que al inducir un parto prematuro el feto podría nacer con vida.

“Leí que el gobernador (Felipe) Solá le va a dar un subsidio a la familia, le van a mejorar la casa, pero no le solucionan el problema. Esa chica no quiere ese embarazo. Está en un estado de indefensión absoluta por parte del Gobierno, de los gestores de la salud pública y, fundamentalmente, de la Justicia que es la peor epidemia que hay en el mundo”, consideró Acuña. El aborto que Acuña ofrece a la adolescente se le practicaría en la clínica Mediterránea Médica, de Valencia, especializada en procedimientos de interrupción de embarazo hasta las 24 semanas, en la que Acuña es asesor médico. La intervención no lo haría él, aclaró el argentino de 62 años, ya que desde hace un año no atiende pacientes. Lo realizaría el ginecólogo español José Luis Carbonell, propietario de la clínica valenciana y pionero en la lucha española por la legalización del aborto. “Empecé a hacer abortos hace 27 años en cocinas y en forma gratuita, cuando todavía era ilegal como parte de un plan militante. Ya he realizado más de 40 mil abortos”, contó Carbonell a Página/12, en diálogo telefónico desde Valencia. “Ayer mismo (por el miércoles) hice tres, un caso de malformación de un feto y dos por tratarse de embarazos no deseados”, precisó.

–¿Cómo se realiza un aborto entre la semana 20 y 23 de gestación? –le preguntó esta cronista a Carbonell.

–Lo hacemos por dos técnicas, que difieren en la forma en que se extrae el feto. En un caso se dilata el cuello uterino con fármacos. Según qué tipo de droga se emplee, se esperan 48 horas o dos horas, y se hace la extracción del feto en forma quirúrgica. Es la técnica que se utiliza en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Australia y pocos países más. Pero también se puede practicar el aborto por la técnica clásica, igual que se produce un parto, con dilatación y contracciones generadas por fármacos. Si hablamos de un embarazo de 23 o 24 semanas, hay que hacerlo por esta segunda técnica.

–¿El feto puede nacer con vida?

–Con los fármacos que se suministran el feto nace muerto o fallece a los pocos segundos. Esta adolescente argentina entraría en dos supuestos legales de acuerdo con la normativa española. El embarazo es producto de una violación y significa un peligro para su salud psíquica. Pero en este caso no es una cuestión de legislación sino de ética y moral –sentenció Carbonell.

–¿Es riesgoso un aborto para la mujer?

–En absoluto –contestó Acuña–. No existen riesgos para la madre.

El aborto se despenalizó en España en 1985 en tres circunstancias, indicó Acuña: en caso de grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada; cuando se presume que el feto nacerá con malformaciones y si la gestación es consecuencia de una violación. En esta última circunstancia se requiere la denuncia policial y la interrupción del embarazo debe hacerse dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. “El riesgo físico o psíquico para la mujer es el motivo más común por el que se hacen los abortos en España. Todo embarazo no deseado trae un trastorno emocional y psíquico básico, que puede estar agravado por la situación económica de la pareja o por tratarse de una adolescente”, señaló Acuña. En estos casos, un psiquiatra debe certificar el cuadro.

Carbonell y Acuña trabajan juntos hace años asesorando a médicos y a organizaciones de mujeres que pugnan por sacar el aborto de la clandestinidad en otros países. Hace 20 días estuvieron en Colombia, donde recientemente se despenalizó en determinadas circunstancias a partir de un fallo de la Corte Suprema de la Nación. “Estamos en contra del aborto, pero no queremos que las mujeres mueran desangradas. Porque si una mujer no quiere tener un hijo, va a hacerse un aborto de cualquier manera, con un perejil o con un alambre. Es preferible que se lo haga de forma segura, con médicos que conocen las técnicas seguras”, sostuvo Carbonell.

Acuña es propietario de dos clínicas de abortos, una en Almería y otra en Granada. La legislación española clasifica a los centros de salud entre aquellos que hacen abortos dentro de las 12 primeras semanas y aquellos que lo practican entre la 13 y la 23. Las dos clínicas de Acuña están en el primer grupo. La de Carbonell, en el segundo. Además de este tipo de operaciones, en los tres centros de salud se brinda atención integral a la salud femenina. Entre otras prestaciones, ofrecen un servicio de planificación familiar. “Ninguna mujer que se hizo un aborto se va de la clínica sin un método anticonceptivo en la mano o en la boca”, puntualizó Carbonell.

En total, en España hay entre 80 y 90 clínicas acreditadas por Salud Pública en las que se realizan abortos. Las operaciones de interrupción de embarazo son cubiertas por el Estado.