Después del impacto mediático del caso de la joven violada y embarazada, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, dijo que le otorgará una pensión para ayudarla. Por otro lado, cuatro legisladores de la Nación reclamaron ayer el juicio político para la jueza de Menores bonaerense Inés Siro, quien impidió la realización del aborto.

Los parlamentarios, todos del Frente para la Victoria, son las diputadas bonaerenses Diana Conti y Graciela Rosso, su par de Chubut Aldo Marconetto y la senadora por esa provincia Silvia Giusti.

Para la legisladora chubutense, quien efectuó su presentación ayer ante el Consejo de la Magistratura bonaerense, la jueza “evidentemente no está preparada para ejercer como magistrado de la Justicia”.

En este contexto, Solá aseguró: “Le voy a dar una pensión a la chica discapacitada, voy a otorgar un subsidio mensual a la madre y le vamos a arreglar la casa donde viven para que tengan mayor comodidad”.

Mientras tanto, los profesionales que se negaron a practicar el aborto a L.M.R., pese a tener autorización judicial, ratificaron que se trató de una decisión “exclusivamente médica”.

La jefa de Ginecología del Policlínico General San Martín, Eliana Soria, afirmó que “el embarazo ya estaba avanzado y consideramos que ya no era posible hacer el aborto” y agregó que “podemos entrar en discusión sobre qué pasa con el feto a la semana 20, pero entramos en una etapa crítica”.