“Coimas, prebendas e irregularidades graves” denunció la Asociación de Agentes de Propaganda Médica “como prácticas recurrentes de la industria farmacéutica”. La presentación de los visitadores médicos, efectuada ante el Congreso de la Nación, incluye nombres de laboratorios y de conocidos doctores vinculados con ellos: “Contratan médicos líderes para promocionar nuevas drogas mediante notas seudocientíficas”. También para los médicos comunes habría “contribuciones” (coimas), a veces bajo pretexto de supuestos estudios científicos, y “últimamente se hacen cosas mucho más guarangas” –señaló a este diario un directivo de los agentes de propaganda médica–: las guarangadas incluirían la participación en concursos, donde cada prescripción de determinado remedio aumenta las probabilidades de ganar un auto; también “raspaditas” y entrega directa de dinero. El control de que los médicos efectivamente receten lo solicitado se haría mediante “auditorías” efectuadas por los mismos laboratorios gracias a un acceso a información confidencial de obras sociales. La denuncia involucra a laboratorios nacionales e internacionales, nucleados en las tres cámaras empresarias. Algunas empresas extranjeras, a causa de que las normas de sus países de origen les impiden este tipo de procedimientos, tercerizarían la promoción de los productos nuevos en laboratorios nacionales, que no tienen trabas para estas prácticas. Los visitadores también dan precisiones sobre los recursos de amparo presentados por pacientes para que las obras sociales les provean determinado remedio: serían promovidos por los laboratorios mismos, a través de estudios jurídicos asociados, para promover medicamentos de altísimo costo (ver nota aparte). La entidad gremial reclama la intervención de los poderes del Estado.

Según la denuncia de los visitadores, “importantes sociedades científicas” participan en “notas seudocientíficas en medios de difusión”, que en realidad “son publicidad paga” para la que “se contratan médicos líderes de opinión con el único objetivo de promocionar nuevas drogas de alto costo”. Un caso sería el de “una doctora de la Sociedad Argentina de Reumatología, que al mismo tiempo es gerenta de producto para artritis reumatoidea del laboratorio John Wyeth; desde ese cargo, contribuye a la venta del producto Enbrel, cuyo valor de tratamiento es de 4000 pesos mensuales”.

El secretario de Acción Social de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM), José Charreau, añadió algunos nombres: “Es difícil que se presente una nueva vacuna sin que, antes, aparezcan notas en los medios donde infectólogos como Daniel Stamboulian o Roberto Debbag hablan de las bondades del producto. El producto puede ser bueno, pero tal vez no sea lo más adecuado asignarle recursos públicos o de obras sociales que podrían ir mejor a otras enfermedades. Lo cierto es que esto no es gratis: de los laboratorios que venden vacunas o antibióticos, no hay ninguno que no tenga recibos por pagos al Funcei”, la Fundación Centro de Estudios Infectológicos, que dirige Stamboulian (ver aparte).

No se trata sólo de los médicos líderes, hay para todos. “La inducción económica a los profesionales de salud para la prescripción de productos se ha exacerbado a niveles increíbles –sostiene Charreau–: antes, se trataba sólo de contribuciones para estudios, viajes, becas: hoy la coima es directa. Esto se aplica en especial a determinados productos que, por su alto costo, son de especial interés para los laboratorios: directamente se le ofrece al médico una suma, veinte, treinta, cincuenta pesos por cada prescripción.”

Es que “los laboratorios disponen de un dinero para ‘contribuciones’ destinadas a los médicos. Se van otorgando en función de la posibilidad de lograr mayores prescripciones”, explica el gremialista de AAPM. ¿Cómo intervienen en este procedimiento los agentes de propaganda médica? “Cada visitador debe detectar, en su zona, cuáles son los médicos de mayor potencial, porque atienden mejores obras sociales o tienen mucho caudal de pacientes; de éstos, hay que establecer cuáles son más permeables.” En las reuniones de trabajo con los agentes de propaganda médica, “se los consulta en qué médicos ‘invertir’ y se asignan sumas para cada uno”. No es que el doctor “permeable” se adscriba sólo a un laboratorio. “Toma lo que le ofrece uno y también lo que le ofrece el de la competencia –precisa Charreau–. Este sistema se ha hecho carne en nuestro medio, es muy difícil modificarlo.”

Según los gremialistas de AAPM, por estas coimas “los médicos entregan recibos”, ya que en general los laboratorios necesitan blanquear esas sumas; los recibos suelen ser por “asesoría científica” y a veces, “el médico le da el recibo a una empresa en la que el laboratorio terceriza esta función, para no figurar directamente”.

Además de las “contribuciones directas”, los médicos son remunerados por “estudios seudocientíficos”, según Charreau: “‘Mire, doctor, tenemos este producto nuevo, aprobado por la FDA de Estados Unidos: nos interesa que usted haga una evaluación con sus pacientes’. Y se le entrega al médico una hoja de evaluación. Todos saben perfectamente que eso no es un verdadero estudio clínico; los estudios clínicos deben estar aprobados por la Anmat, deben ser gratuitos y seguir determinados procedimientos. Es un falso estudio clínico pero ‘como esto implica mayor trabajo para usted, doctor, estimamos que le corresponden 50 pesos por la visita de cada paciente’”, ejemplifica Charreau, y aclara que “en realidad esos recursos indirectos ya no se usan mucho; últimamente se hacen cosas mucho más guarangas”.

Por ejemplo, “el laboratorio Casasco, junto con un producto, estuvo entregando al médico unas tarjetitas para ‘raspadita’, con premios. El laboratorio Syncro (hoy absorbido por Ivax), sorteaba un auto entre cien números, que se otorgaban de este modo: si el médico prescribía un tratamiento, recibía un número; si prescribíados, dos números; con diez prescripciones obtenía diez de los cien números, y así”, cuenta el representante de los agentes de propaganda médica, y comenta: “El doctor Federico Pavlovsky describió perfectamente lo que pasa” (se refiere a la nota publicada en la sección Psicología de Página/12 el 24 de agosto).

¿Cómo controlar si el médico cumple en prescribir aquello por lo que se le paga? “Los laboratorios hacen ‘auditorías’ a partir de información que compran en forma ilegítima. Las obras sociales, PAMI e IOMA tienen convenios con administradoras de fármacos por las cuales la información se vuelca en planillas; se incluyen datos confidenciales, como los nombres y diagnósticos de los pacientes. Todo eso termina en poder de los laboratorios, que lo usan para armar estrategias y para ‘auditar’ el cumplimiento de los médicos”, cuenta Charreau.

También hay mecanismos de control más directos: “Uno de los principales laboratorios nacionales elabora un producto inyectable para la artritis reumatoidea que debe ser aplicado por el médico mismo mediante una jeringa presionable: la jeringa tiene una especie de troquel que el médico retiene: cuando va el visitador, le entrega los troqueles que juntó y recibe una suma establecida por cada uno”, revela el gremialista.

Los laboratorios extranjeros suelen tener dificultades para adaptarse a estas modalidades de comercialización: “En sus países de origen tienen prohibido, no sólo coimear, sino a veces incluso entregar objetos que, aunque sean de carácter científico, puedan dar lugar a la posibilidad de un beneficio comercial. Entonces, para evitar conflictos con las casas centrales, operan a través de laboratorios argentinos”. Un caso, que la AAPM incluye en su denuncia ante el Congreso, sería el del laboratorio argentino Gobbi Novag: “Es una pequeña empresa situada en Wilde, con apenas 12 visitadores médicos. Sin embargo, Pfizer, el laboratorio más importante del mundo, acaba de hacer un convenio con Gobbi Novag para promocionar su producto oncológico Sutent, pese a que Pfizer tiene doscientos visitadores médicos, una de las fuerzas de venta más importantes del país. El costo de tratamiento del Sutent es de 10.000 pesos por mes”, precisó el gremialista (ver aparte).

“Vas a quedar renguito”

Estas modalidades no sólo conciernen a los fármacos, sino también a las prótesis traumatológicas: “No hay una sola prótesis que se coloque en la Argentina sin que el médico reciba ‘el vuelto’”, sostiene Charreau, y observa: “Si uno se comunica con un fabricante y pide precio por una prótesis, no se lo van a dar a menos que diga qué médico se la indicó: para establecer precio necesitan saber cuánto se lleva el médico. En Mar del Plata, por ejemplo, se ha llegado a establecer un precio mínimo de ‘devolución’ al médico: recibe 3000 pesos, independientemente del valor de la prótesis. También hay ‘devolución’ para los stents con drogas, que valen hasta diez mil pesos. Un líder en el sector otorgó la distribución a dos empresas chicas, también porque tendría problemas para justificar internacionalmente las ‘contribuciones’”.

Para las prótesis, “el PMO (Programa Médico Obligatorio para obras sociales y prepagos) dice que la prescripción debe ser por nombre genérico y preferentemente de fabricación nacional, pero, supongamos, un paciente se tiene que hacer un reemplazo de cadera y el médico le dice: ‘Mirá, por tu edad y la patología que tenés, necesitarías esta prótesis: si la obra social no te la cubre yo te pongo otra pero por ahí vas a quedar renguito, o después de un año te voy a tener que operar de nuevo...”. Entonces el paciente va desesperado a exigir la prótesis en la obra social; ¿cómo explicarle al paciente lo de la ‘contribución’? Utilizan al más débil de la cadena, al enfermo”, cuenta el directivo de AAPM.

“Ahora salió al mercado una prótesis nueva, cerámica, que vale 26.000 pesos: al sistema de salud le resulta imposible sostener esos valores”, comenta Charreau, y explica: “Las prótesis traumatológicas, como los trasplantes y algunos otros requerimientos, se cubren a partir de un fondo que maneja la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud, al que las obras sociales, es decir, los trabajadores, aportan del diez al 15 por ciento de su recaudación. La Administración fija valores de referencia: una prótesis de cadera está en 7000 pesos, que es un monto razonable. Pero la industria promociona nuevos productos que elevan el precio de manera insostenible, además de la ‘contribución’ a los médicos. Así se desfinancia un sistema conformado por aportes de los trabajadores”. El documento de la AAPM también denuncia los “tratamientos compartidos: el médico prescribe una droga recientemente aprobada y, junto con la prescripción, le da al paciente un número de teléfono del laboratorio: si el paciente llama, le enviarán otro envase del mismo medicamento, gratis. Esto nos lleva a la pregunta de cuál es el precio real del medicamento: si entregan dos por uno y siguen ganando, quiere decir que el medicamento fue aprobado con un valor de venta que es, como mínimo, el doble del real”.

La AAPM –adherida a la CTA– presentó su denuncia en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, a la cual solicitó “una exhaustiva investigación del mercado farmacéutico” y “llamar a una audiencia pública nacional para discutir las gravísimas irregularidades del sector”. Los visitadores anuncian también “un paro de actividades” y “escraches a importantes laboratorios”.